El juez penal de Garantías Miguel Palacios dispuso que bajo custodio se de el traslado del diputado Miguel Cuevas a un centro asistencial privado para que el mismo pueda someterse a una cirugía odontológica a raíz de la fractura de dos dientes cuando el imputado estaba almorzando dentro de la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. El legislador guarda reclusión en el marco del proceso penal que soporta por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. El parlamentario podrá salir de la sede policial desde las 7:00 hasta las 19:00, para luego volver a su lugar de reclusión.
Días atrás, el abogado Carlos Villamayor había presentado otra vez un nuevo pedido de permiso para que su representado pueda abandonar la sede policial. Se corrió traslado de esta solicitud al Ministerio Público, que no se opuso.
Anteriormente, el juez Yoan Paul López ordenó que se le asista a Cuevas, pero dentro de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Debido a que dentro de la citada sede policial no se tenían todos los elementos para la cirugía, el médico Mario Ramírez se opuso a realizar dicho procedimiento dentro de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
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En el mismo proceso penal que Cuevas también están procesados su hijo Enzo Cuevas Florentín, imputado por enriquecimiento ilícito en grado de complicidad, y su esposa Nancy de Cuevas, procesada por cobro indebido de honorarios en calidad de autora y uso de certificados de méritos y servicios de contenido falso.
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Ciudadanos retomaron manifestación para pedir destitución de Miguel Prieto
Un grupo de 40 personas aproximadamente, convocados por el movimiento ciudadano “CDE Libre”, se manifestó hoy para exigir la intervención de la administración municipal del intendente Miguel Prieto Vallejos y su destitución del cargo. Es lo que refirió Rogelio Núñez, uno de los convocantes.
Se concentraron en la Plaza de la Paz ubicada frente a la municipalidad, luego marcharon por la avenida Pioneros del Este y posteriormente se instalaron en el patio de la Junta Municipal de Ciudad del Este, situada sobre la misma avenida.
“Queremos la destitución de Miguel Prieto por los innumerables hechos de corrupción y por eso estamos reiniciando nuestra lucha; llegamos a la Junta Municipal porque es una de las vías para la intervención, también la Contraloría General puede solicitar y vamos a insistir en eso”, dijo Núñez.
Acusó al intendente Prieto de estar negociando su renuncia y, “según versiones que manejamos, hoy se iba a presentar a la Junta Municipal su renuncia y se iba a tratar la designación del concejal Richard Alfonso, quien hace rato es su aliado”, refirió.
Agregó que se manifestaron ante los concejales, “para que se intervenga la municipalidad y se impida la elección de alguien apoyado por Miguel Prieto”.
Consultado por qué cree que el intendente renunciaría, Rogelio Núñez mencionó que “ya está acorralado por sus más de 40 denuncias, ya no tiene como salvarse y está buscando dejar a alguien de su equipo para completar el periodo”.
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Informó además que llegarán hasta la Contraloría General de la República, dentro del plan de manifestaciones que pretenden realizar, con tal de conseguir la destitución o la renuncia de Miguel Prieto. En sus últimas intervenciones, Prieto volvió a decir que no renunciaría.
“Descabellada” alianza
Por su parte, el concejal de Honor Colorado, Richard Alfonso, refirió a La Nación/Nación Media que “es una teoría descabellada la que plantean, no se de dónde sacaron una cuestión conspirativa así, quizás quieren desprestigiarme, no tiene ningún sustento lo que dicen”.
Mencionó que no habla con el intendente Miguel Prieto, “todos saben que con él (Miguel Prieto) no se habla, es todo a través de nuestra gestión legislativa, es imposible hablar con él y, se supone que si estoy en algún plan, yo debería saber”.
Alfonso agregó que, hoy no existen condiciones para construir una mayoría en la Junta Municipal y la única que puede pedir la intervención es la Contraloría General de la República.
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Caso Gomes: “Dejemos que la Justicia haga su trabajo”, sostiene Peña
“La ciudadanía necesita saber que pasó. Dejemos que la Justicia haga su trabajo y que el Ministerio Público pueda dilucidar qué pasó”, manifestó el presidente de la República, Santiago Peña, este viernes, consultado por los medios de comunicación durante un acto oficial en el Palacio de López, sobre el caso del diputado Eulalio Gomes, quien falleció durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
“Esto se encuentra en el campo judicial, acá hay una investigación fiscal. Todos queremos saber qué pasó. Él nos acompañó en este periodo, no fue electo por el movimiento Honor Colorado, pero trabajamos juntos, fue una persona que colaboró mucho con la gestión del Poder Ejecutivo”, indicó el mandatario.
De similar manera se había manifestado el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, respecto a la importancia de esperar los resultados de la investigación judicial en curso y evitar sacar conclusiones prematuras respecto al procedimiento realizado en agosto pasado.
El jefe de Estado había expresado, hace tres meses, su plena confianza en las instituciones de seguridad afirmando que los protocolos policiales se cumplieron. El caso volvió a ser noticia ayer jueves debido a las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
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Caso Gomes: “Es prematuro intentar conclusiones definitivas”, sostiene Fiscalía
El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió este viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.
Añade que “serán determinantes diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.
El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
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De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.
En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.
“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de Derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.
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Caso Gomes: fiscal adjunta afirma que aún no es escenario para formular imputaciones
La fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico Matilde Moreno indicó que aún existen diligencias pendientes que deberán ser tenidas en cuenta para evaluar posibles imputaciones contra los efectivos policiales que participaron del allanamiento a la casa del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, en el marco del operativo Pavo Real II.
“Hablar de una salida procesal aún no corresponde, pues faltan todos los elementos que deben ser incorporados. Recién cuando tengamos todas las evidencias y análisis realizados se puede tomar una decisión al respecto de cuál sería el requerimiento que eventualmente presentaría el Ministerio Público”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Moreno, quien se encuentra a cargo de la coordinación del equipo de agentes fiscales designados en la causa, señaló que entre las diligencias pendientes a ser incorporadas en la causa judicial figuran por ejemplo el informe de planimetría, autopsia y pericias ordenadas.
“Estas son diligencias que fueron ordenadas por anticipo por un juez que intervino el día del hecho y fueron solicitadas por el Ministerio Público. En la planimetría Se realizan las mediciones del lugar del hecho, donde estuvieron los diversos autores de manera que se pueda analizar y realizar el cotejo correspondiente de todas las evidencias que se fueron recabando”, mencionó.
Las declaraciones de Moreno surgieron tras informes dados a conocer este último jueves por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.
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Actualmente existe una disparidad en los informes, teniendo en cuenta que el laboratorio forense del Ministerio Público en su conclusión señala 12 muestras negativas y positivas en una de ellas. Mientras que el informe perteneciente a la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción determinó la presencia de residuos de disparos de arma de fuego en las extremidades superiores del diputado Gomes.
“Las evidencias deben ser analizadas y estudiadas en su conjunto, una sola evidencia no puede ser primordial o tomada como clave. Hay que entender que en todos los casos de investigación de hechos punibles uno tiene que analizar las evidencias en su conjunto. Esto es solo es una parte de todas las que aún faltan ser incorporadas”, remarcó.
Antecedentes
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. El allanamiento de la vivienda de Gomes estuvo encabezada por agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales.