El Ministerio Público y el Poder Judicial firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para agilizar salidas procesales, para los imputados durante la cuarentena sanitaria que a la fecha ya son más de 3000. La firma se llevó a cabo esta mañana, en representación del Ministerio Público estuvo la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez y representando a la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón.

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En la ocasión, Quiñónez señaló que “ambas instituciones, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, han llegado a un consenso ante la situación que se vive en el país en cuanto a la pandemia del COVID-19”.

El convenio trata de las salidas procesales que serán otorgadas por requerimiento fiscal, acordes a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos punibles y se da ante la problemática que se vive no sólo a nivel país, sino a nivel mundial.

“Nosotros hemos salido a las calles para apoyar la labor del Ministerio de Salud, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a fin de mitigar la propagación del COVID-19, ante una Ley de Emergencia Sanitaria. Como lo ha dicho el señor ministro de Salud hace un tiempo, unas 15 mil víctimas se han evitado gracias al trabajo coordinado entre las instituciones que salieron a trabajar para el cumplimiento de las medidas sanitarias, en su momento lo hicimos y lo seguimos haciendo”, dijo Quiñónez.

Manifestó además que se debe rescatar el trabajo en equipo, coordinando con las demás instituciones y ministerios del Gobierno que luego se fueron incorporando a la causa.

“Por eso tenemos la cantidad de personas imputadas que son de público conocimiento. Hay que aclarar también a la opinión pública que además de la violación de la cuarentena sanitaria, en algunos casos estas personas imputadas cometieron también otros hechos punibles, entonces lo que vamos a hacer es otorgarles las salidas procesales lo más rápido posible”, continuó.

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Este convenio permitirá agilizar los procesos judiciales iniciados por violación de la cuarentena sanitaria, en el marco de la pandemia y el objetivo es propiciar la aplicación de soluciones alternativas al juicio. De esta manera, buscan descomprimir el sistema penal de nuevas causas ingresadas durante este período y a la vez, contribuir con sectores de la sociedad que se ven afectados actualmente.