• San Isidro, Argentina. AFP.

La habitación donde murió Diego Maradona “estaba muy sucia” para una persona “recién operada” y no tenía desfibrilador, testificó este jueves un médico durante el juicio en Argentina para determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud en el fallecimiento del astro argentino del fútbol hace cuatro años.

“La casa estaba muy sucia, muy desordenada, especialmente el cuarto, no había ningún tipo de orden o limpieza por lo menos básica para poder tener una persona recién operada”, dijo Colin Campbell, un médico que era vecino de la difunta estrella de la selección argentina y que llamaron para asistirlo antes de que llegaran ambulancias.

Campbell contó que ese 25 de noviembre de 2020, al entrar a la habitación de la casa en el barrio privado de Tigre (provincia de Buenos Aires), encontró a una enfermera haciéndole masaje cardíaco a Maradona (60 años) y a un custodio realizando respiración boca a boca. Al relevar a la enfermera, notó que la temperatura del cuerpo y la rigidez mandibular de la leyenda del fútbol indicaban que “ya no tenía signos vitales hace un tiempo largo”.

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“Más de una o dos horas seguro”, declaró Campbell a los jueces del tribunal de San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires. El médico fue llamado aquel día a las 12:26 por personal de seguridad del barrio privado porque el astro “se había descompensado”.

Juan Carlos Pinto, otro médico que llegó con la primera ambulancia, confirmó la versión de Campbell al declarar que el paciente ya estaba muerto a su arribo. Pinto relató que fue él quien comunicó la muerte a la exesposa de Maradona, Claudia Villafañe, y a sus hijas, que ya estaban presentes. “Hacía más de dos horas que estaba muerto”, afirmó.

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“No había nada que pudiera ayudar a una reanimación, no había oxígeno, no había tubos de oxígeno, no había desfibrilador”, detalló Pinto, ratificando la versión de Campbell. Los policías que testificaron hasta ahora afirmaron que no había “elementos médicos” en el cuarto. Maradona, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por una crisis cardiorrespiratoria en su casa en Tigre, donde cumplía internación domiciliaria tras una neurocirugía.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, una psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. El juicio se prolongará al menos hasta julio y se espera que declaren unos 120 testigos. Los fiscales aún no dijeron quiénes prestarán testimonio en la próxima audiencia, prevista para el martes. Los acusados, que defienden su inocencia, arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

Desde el Ministerio Público informaron sobre la desvinculación de una médica forense luego de que descubrieron que alteró informes en cuatro casos, dos de ellos por aparente violencia familiar y otros dos casos de supuesto abuso sexual en menores. La profesional era contratada y estaba cumpliendo funciones desde hace seis meses como médica de la Fiscalía en Canindeyú.

Se trata de la doctora Angelina Da Cruz, quien se desempeñaba como médica forense del Ministerio Público y la desvinculación se debe a una mala praxis. La medida fue tomada tras un pedido de la Jueza Penal de Garantías de la localidad de Katueté y remitida a medicina legal en el que expone el actuar de la profesional. El pedido fue con relación a cuatro casos en los que la médica realizó inspecciones.

El doctor Pablo Lemir, explicó que en uno de los casos fue por violencia familiar, en el que ella inspeccionó al supuesto agresor y a la víctima. En el libro de procedimientos del centro asistencial hizo constar que el agresor no tenía lesiones, pero no fue así y en el caso de la víctima deja constancia de una serie de lesiones que no se visualizan en las evidencias.

“Tomaba partida, porque en su diagnóstico médico legal indicaba violencia intrafamiliar y eso no es un diagnóstico. El médico debe registrar los elementos de diagnóstico que permitan posteriormente al fiscal imputar y al juez juzgar. Debemos dar elementos, no tomar partido y ambas cuestiones estaban mal hechas”, detalló Lemir, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que otro de los casos eran de dos menores que fueron víctimas de supuesto hecho de abuso sexual, en el que el diagnóstico fue abuso sexual, que no corresponde a un diagnóstico médico. Además, de abuso psicológico y trastorno mental leve, que solo puede emitir un psicólogo o psiquiatra.

“Una adolescente y una niña, el primer error es que la médica solicita que sean llevadas a su domicilio particular para ser examinadas. En un lugar donde no se cuenta con todas las herramientas para corroborar el abuso. Ella debía hacer solo el examen físico y señalar las lesiones, poner el grado de sospecha de un abuso sexual, tomar evidencias como fotografías”, aseguró.

Lemir apuntó que se realizó el pedido de desvinculación a la Fiscalía General de Estado, porque se trata de una médica forense contratada. “Este tipo de procedimiento facilita la anulación de las pruebas. En los casos de abuso significa la pérdida del acceso a la Justicia y no podemos permitir que esto pase”, puntualizó.

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Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo, el médico forense que inspeccionó el cuerpo indicó que no halló rastros de heridas de armas blancas, balas o golpes que hayan podido causar la muerte. Aclaró que dentro de 45 días tendrá resultados de estudios patológicos y se podrá determinar la causa de muerte.

La fiscala Mirta Rivas explicó que el cuerpo fue hallado en avanzado estado de des­composición y que lo raro es que estaba envuelta en dos sábanas, por lo que se pre­sume que fue un asesinato. Sin embargo, aún no se tiene cuál fue la causa de muerte, pero todo apunta a que fue un feminicidio, ya que el último en estar en la vivienda sería su pareja, de 42 años.

“El estado de descomposi­ción hace suponer que el cri­men ocurrió hace 4 o 5 días. Tanto el médico forense como el patólogo no pudieron dar una causa de muerte, no se encontró una herida visible a pesar del estado de descom­posición. No hay lesión evi­dente de arma blanca, fuego, contundente o golpe en la cabeza”, expresó Rivas en el programa “Tarde de perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Agregó que se debe esperar 45 días para obtener el resul­tado del estudio patológico que determinará la verda­dera causa de muerte y tener más datos de lo ocurrido. “Los vecinos manifestaron que ambos eran personas que consumían estupefacientes, por eso es muy importante esperar los resultados de los estudios”, detalló.

Resaltó que según las investigaciones, la pareja peleaba constantemente. De momento siguen las investi­gaciones, se llamará a testi­gos, recolectarán imágenes de cámaras de seguridad, entre otros datos. “Aún esta­mos ante un presunto caso de feminicidio”, manifestó la fiscal.

El cuerpo de Basilia Adelaida Ojeda, de 50 años, fue hallado en un inquilinato ubicado en las calles Rómulo casi Campo Vía, del barrio Reducto. De momento se presume que el presunto autor sería Miguel Ángel Castillo Giménez, de 42 años, quien cuenta con varios antecedentes por lesión grave, sustracción y robo, además de medidas cau­telares vigentes.

Este jueves, desde la Morgue Judicial dieron un informe preliminar sobre la posible causa de muerte de la joven de 21 años que se encontraba en un motel de Capiatá e inicialmente se sospecha que fue por un infarto, pero se le realizarán los estudios correspondientes. El cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia.

Según el reporte dado por el doctor Pablo Lemir, aún no se tiene la verdadera causa de muerte, pero todo indica un problema cardiaco ya que las enzimas cardiacas estaban elevadas. “Hace pensar inicialmente en un infarto, pero se harán análisis correspondientes. Causa definitiva de muerte todavía no tenemos”, aclaró el forense, en entrevista con la 1080 AM.

Apuntó que el cuerpo de la joven no presentaba signos que puedan indicar que fue víctima de violencia o que haya sido agredida mientras estuvo en el lugar donde ocurrió el hecho. “No existe evidencia de violencia física o una causa externa que justifique la muerte como estrangulación, usos de armas, golpes u otros”, aseguró.

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Resaltó que presentaba una pequeña laceración vaginal, lo que justifica el sangrado que presentaba cuando fue recibida por los médicos del centro asistencial donde fue llevada por el agente policial. “La laceración es una eventualidad que se puede dar durante el coito, pero se descarta violencia”, puntualizó.

La víctima identificada como Araceli Arrúa, de 21 años, ingresó a un motel acompañada por un policía, quien posteriormente reportó que la mujer se sintió mal y tuvo un sangrado, por lo que fue derivada al hospital distrital donde se constató su deceso. El agente involucrado sería un suboficial del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), quien alegó que contactó con la mujer a través de las redes sociales y permanece detenido hasta esclarecer el hecho.

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