Una delegación paraguaya participó de la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la Violencia contra la Niñez que tuvo lugar en Bogotá (Colombia). La comitiva estaba integrada por Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia; Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia; el defensor general Javier Esquivel; Ángel Ortellado, viceministro de Salud; Raquel Lovera, representante del ministerio de Salud, y Rosana Vega, representante de Unicef en Paraguay,

La conferencia reunió a más de 100 gobiernos que asumen el compromiso para erradicar la violencia contra los niños, incluyendo la prohibición de castigos físicos, que afecta regularmente a tres de cada cinco niños en su hogar. El evento fue organizado por los gobiernos de Colombia y Suecia en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.

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Entre los compromisos asumidos se abordó la mejora del servicio para víctimas de violencia, con que algunos países aceptaron optimizar la asistencia para los niños. Asimismo, erradicar el acoso escolar. También algunos países se comprometieron a invertir en la prestación de apoyo esencial a la crianza, una de las intervenciones más eficaces para reducir el riesgo de violencia en el hogar.

La conferencia se desarrolló en dos jornadas, los días 7 y 8 de noviembre, organizada en paneles que enfocaron diversos abordajes de la protección de los niños en todo el mundo. El Ministerio de la Defensa Pública cuenta con defensores especializados para la defensa y protección de los niños, niñas y adolescentes.

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El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos

Para mañana viernes está prevista una nueva Feria de Empleos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la que darán oportunidad laboral a pobladores de San Bernardino. Los interesados pueden acudir solo con su cédula de identidad y en el sitio les elaborarán el curriculum vitae.

La cita está prevista para mañana 8 de noviembre, en la municipalidad de la ciudad, de 9:00 a 11:30. Durante la jornada ofrecerán más de 100 puestos laborales como: auxiliar de cocina, chofer, playero, repositor, venta de mostrador, mucama, caja, moto delivery, promotora, limpieza y guardia de seguridad.

“Estarán empresas del sector gastronómico, supermercadistas, hospedajes, farmacias, tiendas comerciales, entre otros. Las vacancias son especialmente para atención al cliente, caja, mucamas, repositores, cocina, idóneos en farmacia, enfermería”, apuntó Enrique López Arce, en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Explicó que para San Bernardino las actividades comerciales comienzan este diciembre y que los empleos de verano se destacan en la zona. “Es el momento en que hay más oportunidades y el mejor momento para Samber está empezando. En diciembre todos los locales estarán abiertos”, aclaró.

Recordó que los empleos de temporada o de Fin de Año en el 2023 generaron más de 12.900 puestos laborales en todo el país, por lo que animó a las personas a no decaer. “Se estima que este año va a generar la misma cantidad o más. Este es el momento de volver a buscar trabajo. Para mañana no es necesario que lleven curriculum porque se les elabora en el lugar”, puntualizó.

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