Un total de 1.013 funcionarios judiciales que superan los 60 años de edad, así como embarazadas y personas en estado de lactancia, realizarán trabajos específicos desde sus domicilios. Así lo informó el director de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Mario Elizeche.
De acuerdo a los datos que maneja la dirección de Recursos Humanos, existen 806 funcionarios que superan los 60 años de edad, los cuales están dentro del rango de riesgo de contraer el COVID-19, por lo que se dispuso que los mismos realicen su labores, pero desde sus casas. Asimismo, se tienen 30 funcionarias embarazadas y 106 en estado de lactancia, por lo que para las mismas se asignarán trabajos específicos.
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La Corte Suprema de Justicia reabrirá sus secretarías este lunes 4 de mayo bajo estrictas medidas sanitarias. La reapertura será parcialmente debido a que reabrirán sus puertas las salas de la máxima instancia judicial y los tribunales de apelaciones de todo el país. Para ello fue diseñado un esquema de ingreso a las sedes judiciales de todas las circunscripciones judiciales de nuestro país.
Igualmente, el horario de atención al público será de 8:00 a 12:00. Está prohibido el ingreso de niños en todas las sedes judiciales. Solo se permitirá el ingreso de los abogados con tapabocas y en caso de no tener, no se podrá ingresar a ningún Palacio de Justicia. La máxima instancia judicial siguió todas las recomendaciones del Ministerio de Salud para el inicio de las actividades.
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Corte insta a nuevos defensores públicos a ejercer funciones con dedicación
En el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de 18 nuevos defensores públicos. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; el vicepresidente primero, Gustavo Santander Dans; el vicepresidente segundo, Alberto Martínez Simón; y el ministro, César Diesel, además del defensor general Javier Esquivel. Las designaciones fueron realizadas mediante los decretos N.º 2975, 2976 y 2977, aprobados en la sesión plenaria del 30 de octubre del presente año.
El titular de la máxima instancia judicial Benítez Riera instó a ejercer sus funciones con compromiso y dedicación, destacando la relevancia de su labor para garantizar un sistema de justicia accesible y equitativo. “Que este camino les sirva para seguir creciendo intelectualmente, así como también espiritualmente”, expresó el ministro Benítez Riera.
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Los nuevos defensores públicos que juraron en la fecha son: María Patricia Villalba, quien prestará servicio en la Circunscripción Judicial de Boquerón; Milagro Cynthia Fabiana Duarte Ayala, defensora pública de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete, defensora pública para Caaguazú, Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson, defensor público de Caaguazú, y Sheila Beatriz Duarte Romero, procuradora de Pobres y Ausentes, defensora del Menor.
La lista sigue con Ruth María Antonella Báez Paiva, defensora pública en lo Penal de Asunción; Rafael Antonio Leiva Falcón, defensor público en lo Laboral de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón, defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital, y Silvana María Delgadillo Vester, defensora pública en lo Tutelar del Menor de la Capital.
Igualmente juraron Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez, defensora en lo Correccional del Menor, Circunscripción Judicial de la Capital; Ricardo José Candia Vera, defensor público del Fuero Penal de Asunción; José Luis Roa Ayala, defensor público para Luque, Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández, defensora pública para Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, y Fernando Luis Alberto Benítez Martínez, defensor público para Pedro Juan Caballero y otros.
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Ejecutivo dará participación a todos los sectores para reglamentar ley de transparencia
El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.
En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.
Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.
“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.
Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.
Cubrir una zona gris
Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.
“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.
El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.
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Matan a tiros a agente de Caminera durante control
Ayer domingo, dos personas que circulaban en una moto mataron de varios disparos a un inspector de la Patrulla Caminera mientras estaba de servicio en Hernandarias (Alto Paraná). La víctima estaba realizando un control de rutina cuando recibió los impactos de balas.
Según el reporte policial, el hecho se reportó en la madrugada de ayer, mientras el inspector Darío Alberto Delgado Ortiz, de 51 años, estaba realizando controles frente a la oficina de la Patrulla Caminera ubicada sobre la ruta PY07, a la altura del kilómetro 230, en la ciudad Hernandarias.
Los presuntos autores serían dos hombres que iban a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del hecho, por lo que fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones para iniciar los trabajos de recolección de datos y evidencias.
El único testigo del hecho sería otro inspector que se encontraba en el interior de la oficina y quien, tras escuchar los disparos, rápidamente salió a ver qué ocurrió y encontró a su compañero mal herido. Lo trasladó hasta el Hospital Distrital de Hernandarias, pero falleció horas después.
El caso fue comunicado a la fiscala de turno Natalia Montana, personal de Criminalística y Medicina Forense, para determinar las causas de muerte. Así también, se convocó a Personal del Departamento de Homicidios de Asunción y actualmente se realiza un rastrillaje para dar con los presuntos autores.
LINCE FALLECE EN MINGA
En un grave accidente falleció un agente del Grupo Lince, en la ciudad de Minga Guazú. Este se encontraba fuera de servicio cuando se produjo el siniestro. Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el hecho, ya que el hombre fue hallado al costado de la ruta PY 02, por lo que ya se inició la investigación.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la noche del pasado sábado, a la altura del kilómetro 26, lado Acaray del departamento de Alto Paraná, en la entrada del aeropuerto Guaraní. La víctima fatal fue identificada como Rodrigo Enciso Rodríguez, de 27 años, suboficial segundo del Grupo Lince.
Minutos después del accidente, el hombre fue encontrado por funcionarios de la empresa Tape Porã, estos llamaron a una ambulancia que lo trasladó hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú donde se confirmó su fallecimiento. El Ministerio Público y la Policía Nacional se encuentran recabando información sobre lo ocurrido.
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Un “garrote” a la falta de transparencia
Finalmente, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que busca establecer un régimen de transparencia y un registro oficial de estas organizaciones, con el objetivo de mejorar la coordinación entre estas y el Estado, fomentando la rendición de cuentas y el impacto positivo para la ciudadanía.
En el mismo decreto, se encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas que, a través del Equipo Nacional Estrategia País (ENEP), se inicien los trabajos para la reglamentación de la ley de manera participativa con todos los sectores involucrados. Eso implica que la aplicación e implementación de la normativa no será inmediata y, además, se abre nuevamente un diálogo para garantizar que se cumpla con la finalidad para la cual fue creada.
Cabe resaltar que el ENEP está integrado también por representantes de la sociedad civil lo que demuestra que la ley está lejos de ser un “garrote”, tal como falsamente quisieron instalar ante la opinión pública varias de estas organizaciones. Lo irónico es que muchas de estas oenegés son las que precisamente se embanderan con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Acá lo importante es que finalmente el Gobierno, representado por los tres poderes del Estado, legítimamente constituidos, va a poder requerir informes y las organizaciones estarán obligadas a proveerlos y publicarlos en su página web para que toda la ciudadanía conozca los detalles de lo que hacen, quiénes son sus aportantes y en consecuencia a qué intereses responden.
Es importante recalcar lo que mencionaba el senador Gustavo Leite, uno de los proyectistas de la ley, quien aclara que acá no se prohíbe nada sino lo que se busca simplemente es que quienes quieran hacer política pública o incidir en la gestión pública sin pasar por las urnas, tengan que demostrar de dónde vienen sus fondos y, por tanto, para quiénes trabajan.
Está claro que hace referencia y afecta exclusivamente a aquellas organizaciones y entidades que tienen algún tipo de participación e incidencia en las políticas públicas, que es donde precisamente estos sectores intentan instalar las agendas foráneas que son bien conocidas y que, en muchos casos, atentan contra los pilares de nuestra sociedad.
Por eso lo que realmente molesta e indigna es que quienes tanto pregonan la transparencia y la tolerancia sean los que más se oponen al control de su gestión y sus cuentas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.