Luego de 1 año y 9 días y tras presentarse una treintena de chicanas en cámara de apelación y Corte, el expediente judicial donde están acusados los exministros de Mario Abdo Benítez en el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad bajó al juzgado penal de garantía N° 3 a cargo de la jueza Cynthia Lovera.

La referida magistrada deberá estudiar más de doce incidentes que se presentaron el 14 de marzo del 2024, dos días después de haberse admitido el acta de imputación contra Carlos Arregui, René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene.

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Los incidentes que deben analizar la jueza Lovera son el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024 que había admitido el acta de imputación. Asimismo se tiene pendiente de estudio el recurso de reposición y apelación en subsidio en contra de la providencia del 19 de marzo donde se admite el cuadernillo de extracción de datos de la Seprelad.

También la defensa de los acusados habían presentado el recurso de apelación general contra el A.I N°31 de fecha 24 de enero del 2024 donde se autorizó vía judicial la extracción de datos de la Seprelad.

Los fiscales Cristian Benítez y Silvia González presentaron acusación por los delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio contra los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez. El Ministerio Público presentó 206 elementos probatorios entre ellos pericias, testimonios y documentales, los cuales demuestran la responsabilidad de cada uno de los acusados.

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A través de un comunicado, la Corte Suprema de Justicia informó sobre los cambios previstos que se producirán a partir de mañana lunes, 4 de marzo, para que los profesionales del derecho, los justiciables y a la ciudadanía en general lo siguiente tengan en cuenta.

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“A partir del martes 4 de marzo, todas las dependencias de los Juzgados de Primera Instancia de Capiatá atenderán en la nueva sede judicial propia, habilitada en enero pasado”, aclararon.

A continuación, también informaron que los Tribunales de Sentencia N° 7 y 8, que anteriormente operaban en un local alquilado ubicado en las calles Santiago Parodi y Silvio Villalba, en el Barrio Primavera de Luque, han sido trasladados a la nueva sede judicial de Capiatá.

Por otro lado, también aclararon que en el local que se alquila en el Barrio Primavera comenzará a funcionar temporalmente el Juzgado de Paz de Luque, debido a trabajos de refacción en su sede propia, en atención al último suceso, ubicada en el centro de Luque.

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A partir del martes 4 de marzo, todas estas dependencias prestarán servicios en sus respectivas nuevas ubicaciones.

Estas reubicaciones tienen como objetivo mejorar la atención a la ciudadanía y optimizar el servicio de justicia.

La viralización de un video, donde se observaba a dos personas manteniendo relaciones sexuales en la terraza de un centro nocturno en el microcentro de Asunción, detonó la intervención inmediata del lugar por parte de autoridades municipales, quienes ya contaban con un expediente del lugar, el cual era investigado por varias irregularidades.

El licenciado Constantino Ayala, director de la Policía Municipal Fiscalizadora, en contacto con el programa “Arriba Hoy”, emitido por GEN y Universo 970/Nación Media, indicó que tras la publicación del video de contenido sexual, las denuncias ciudadanas ante la municipalidad aumentaron; no obstante, el mismo local nocturno ya contaba con varias denuncias por polución sonora, además de destrozos por parte de sus clientes a otros locales adyacentes.

“El expediente inicia en mayo del 2024, donde se procede a una notificación al local comercial denominado Arsenal Cue. Es un local que contaba con licencia comercial, pero figuraba como un expendio de alimentos de consumo rápido. Con el paso del tiempo, los fiscalizadores pudieron constatar que el sitio funcionaba como una discoteca, violando la ordenanza municipal”, comentó el licenciado Ayala.

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El funcionario remarcó que al no contar con la licencia comercial para funcionar como una discoteca, tampoco cuentan con las medidas de prevención de incendios ni de polución sonora, por lo que el lugar no está insonorizado y no cuenta con un sistema de respuesta ante incendio, haciendo peligroso que cientos de personas permanezcan en el lugar constantemente.

“Lo que se hace es emitir una notificación donde se les advierte que están en contra de la ordenanza 2396, entonces se les da un tiempo para que respondan. No responden, se les realiza un acta de intervención, tampoco hay respuesta, entonces se les notifica sobre una posible medida de urgencia de suspensión de actividades. Llegamos a esta instancia administrativa donde sale un dictamen de la dirección de asesoría jurídica donde se solicita el cierre inmediato”, explicó el director de la Policía Municipal Fiscalizadora.

Especificó que los responsables del local cuentan con cinco días para responder a la medida e iniciar nuevamente los trámites para su habitación comercial bajo el rubro que les corresponde, ya que debido a las irregularidades su habilitación comercial anterior se les fue revocada. Si no se da el cumplimiento de los procesos en el plazo señalado, desde la intendencia se emite una resolución que será derivada al área de finanzas, donde se tomará una determinación respecto a las sanciones que pueden ser implementadas según la gravedad del caso.

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El Ministerio de Justicia apura la coordinación de acciones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para implementar un sistema de digitalización de registros y así optimizar procesos administrativos del Registro Civil de las Personas.

En una iniciativa conjunta, el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General del Registro del Estado Civil (REC) de las Personas y, el Mitic, sostuvieron una mesa de trabajo que tiene como eje principal la actualización y modernización de los registros de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Participaron el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; la directora general de Gabinete del MJ, Fátima Cabrera, y el director general del REC, Maximiliano Ayala.

También asistieron, el titular del Mitic Gustavo Villate, y el viceministro de tecnología del Mitic, Klaus Pistilli.

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La colaboración entre ambas entidades busca mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los registros civiles, garantizando que la información sea precisa, actualizada y al alcance de la ciudadanía. Durante el encuentro, se discutieron estrategias para implementar nuevas tecnologías que faciliten la digitalización de los registros y optimicen los procesos administrativos.

El ministro Nicora destacó la importancia de esta colaboración interinstitucional, señalando que la actualización de los registros no solo mejora la gestión pública, sino que también fortalece los derechos de los ciudadanos al garantizar la disponibilidad de documentación vital.

Por su parte, el ministro Villate subrayó el compromiso de su ministerio en apoyar la modernización del estado civil mediante el uso de plataformas digitales, que permitan agilizar los trámites y mejorar la experiencia del usuario.

Ambas instituciones del Ejecutivo reafirmaron su compromiso de trabajar unidos para avanzar en la implementación de procesos más eficientes, seguros y accesibles, beneficiando así a toda la población.

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