El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso que bajo estrictas medidas sanitarias todos los jueces de primera instancia en lo Civil y Comercial de la Capital concurran a sus despachos este miércoles 29 y jueves 30 de abril del 2020, a los efectos de retirar expedientes judiciales que se encuentren en estado de autos para resolver a los efectos de redactar las resoluciones respectivas desde sus domicilios.
Asimismo, se estableció que los magistrados cuyos juzgados sean identificados con números pares acudan este miércoles de 9:00 a 11:00 para retirar los expedientes judiciales. Mientras que los jueces que tienen números impares acudan el jueves en el mismo horario para llevar los expedientes a sus casas y seguir trabajando.
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Igualmente, se ordenó que solo en caso imprescindible acuda el actuario para el retiro de expedientes en las fechas indicadas. Del mismo modo, se decidió que los encargados de la seguridad implementen todas las medidas sanitarias para el ingreso de los magistrados y actuarios, así como el retiro de los mismos en el horario establecido.
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Corte insta a nuevos defensores públicos a ejercer funciones con dedicación
En el salón auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de 18 nuevos defensores públicos. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; el vicepresidente primero, Gustavo Santander Dans; el vicepresidente segundo, Alberto Martínez Simón; y el ministro, César Diesel, además del defensor general Javier Esquivel. Las designaciones fueron realizadas mediante los decretos N.º 2975, 2976 y 2977, aprobados en la sesión plenaria del 30 de octubre del presente año.
El titular de la máxima instancia judicial Benítez Riera instó a ejercer sus funciones con compromiso y dedicación, destacando la relevancia de su labor para garantizar un sistema de justicia accesible y equitativo. “Que este camino les sirva para seguir creciendo intelectualmente, así como también espiritualmente”, expresó el ministro Benítez Riera.
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Los nuevos defensores públicos que juraron en la fecha son: María Patricia Villalba, quien prestará servicio en la Circunscripción Judicial de Boquerón; Milagro Cynthia Fabiana Duarte Ayala, defensora pública de Encarnación, Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete, defensora pública para Caaguazú, Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson, defensor público de Caaguazú, y Sheila Beatriz Duarte Romero, procuradora de Pobres y Ausentes, defensora del Menor.
La lista sigue con Ruth María Antonella Báez Paiva, defensora pública en lo Penal de Asunción; Rafael Antonio Leiva Falcón, defensor público en lo Laboral de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón, defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital, y Silvana María Delgadillo Vester, defensora pública en lo Tutelar del Menor de la Capital.
Igualmente juraron Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez, defensora en lo Correccional del Menor, Circunscripción Judicial de la Capital; Ricardo José Candia Vera, defensor público del Fuero Penal de Asunción; José Luis Roa Ayala, defensor público para Luque, Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández, defensora pública para Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, y Fernando Luis Alberto Benítez Martínez, defensor público para Pedro Juan Caballero y otros.
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Corte Suprema de Justicia designó a 18 nuevos defensores públicos
El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó en la sesión ordinaria de este miércoles a 18 nuevos defensores públicos que ocuparán cargos en diferentes circunscripciones judiciales de nuestro país. Igualmente, los ministros de la máxima instancia judicial fijaron para el próximo 21 de noviembre el juramento de rigor correspondiente a los nuevos designados del Ministerio de la Defensa Pública.
En la sesión de la fecha participaron los ministros Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, César Diesel; Eugenio Jiménez, Carolina Llanes, César Garay, Víctor Ríos, y Manuel Ramírez Candia.
La primera designada como flamante defensora pública fue la abogada María Patricia Villalba, quien tendrá que cumplir funciones en la Circunscripción Judicial de Boquerón. La misma fue propuesta por el ministro César Garay y tuvo el acompañamiento de todos los altos magistrados.
También fue designada la abogada Milagros Cynthia Fabiana Duarte Ayala en carácter de defensor público de Encarnación, de la Circunscripción Judicial de Itapúa; Lilian Rossana Fonseca Alderete en carácter de defensor público para Caaguazú, de la Circunscripción Judicial de Caaguazú; Aldo Shepperson en carácter de defensor público de Caaguazú, de Circunscripción Judicial de Caaguazú.
La lista de designados sigue con, Sheila Beatriz Duarte Romero en carácter de procurador de Pobres y Ausentes; defensor del Menor, Ruth María Antonella Báez Paiva en carácter de defensor público en lo Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital; Rafael Antonio Leiva Falcón en carácter de defensor público en lo Laboral de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Mauro Adrián Benítez Almirón en carácter de defensor público de Pobres y Ausentes de la Capital de la Circunscripción Judicial de la Capital.
También sigue con Silvana María Delgadillo Vester en carácter de defensor público en lo Tutelar del Menor de la Capital, Circunscripción Judicial de la Capital; Nathalia Gabriela Cárdenas Rodríguez en carácter de defensor público en lo Correccional del Menor, de la Circunscripción Judicial de la Capital, y Ricardo José Candia Vera en carácter de defensor público del Fuero Penal de Asunción, de la Circunscripción Judicial de la Capital.
Del mismo modo fue designado, José Luis Roa Ayala en carácter de defensor público para Luque, de la Circunscripción Judicial de Central; Eva Carolina Medina Fernández en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero – Circunscripción Judicial de Amambay; Fernando Luis Alberto Benítez Martínez en carácter de defensor público para Pedro Juan Caballero, de la Circunscripción Judicial de Amambay, y Mirian Elizabeth Cárdenas Yambay en carácter de defensor público de Carácter Nacional.
Por último, se designó a Ysidro Ramón Cuenca Paredes en carácter de defensor público en lo Penal del Segundo Turno de Hernandarias – Circunscripción Judicial de Alto Paraná; Wildo Rubén Pereira Suárez en carácter de defensor público para Saltos del Guairá – Departamento de Canindeyú – Circunscripción Judicial de Canindeyú, y Antia Andresa Martínez Gómez en carácter de defensor público para Ñeembucú, de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.
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Justicia mexicana mantiene en pie la elección popular de jueces
La Suprema Corte de México rechazó invalidar la elección popular de jueces, que el gobierno de izquierda defiende para enfrentar la corrupción, pero que según sus críticos afectará la independencia de los magistrados y los dejará a merced de criminales. Tras cinco horas de debate, el tribunal resolvió desestimar las impugnaciones presentadas por dos partidos opositores, al no existir los votos necesarios para invalidar una reforma constitucional aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, cuyo corazón es la elección de jueces.
Esta inédita controversia amenazaba con desatar una crisis institucional pues la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había advertido que las votaciones previstas para 2025 y 2027 no tenían marcha atrás. “Sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo (Constitución), con otra insensatez equivalente”, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán, crítico de la enmienda, al anunciar sorpresivamente que votaría contra la anulación parcial propuesta por su colega Juan Luis González.
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Pérez Dayán rompió así la mayoría de ocho votos -de un total de 11 ministros- necesaria para aprobar el proyecto de sentencia. La reforma a la justicia, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en medio de un enfrentamiento con la Suprema Corte, convirtió a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces en las urnas.
El proyecto de fallo planteaba dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirmaba, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes. Se trataba de un acto de “autocontención” para resolver la disputa, según su autor, pero Sheinbaum fue tajante en que no había nada que negociar. “Celebro que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto”, declaró a la prensa Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado.
Protesta
Previo al debate de este martes, Sheinbaum fue enfática en que el alto tribunal carecía de facultades para anular la enmienda y acusó a sus integrantes de violar la Carta Magna. Los ocho jueces contrarios a la reforma renunciaron el pasado miércoles, como estableció la enmienda para quienes declinaran participar en las elecciones, aunque sus dimisiones se harán efectivas en agosto de 2025.
La controversia había subido de tono además cuando México enfrenta la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su principal socio económico. Decenas de funcionarios judiciales se concentraron este martes frente a la Corte, en el centro capitalino, para respaldar el proyecto de González.
“La reforma debe caer (...) porque México se va a hundir más en el narcotráfico, en la pobreza, en la corrupción de jueces puestos por Morena (partido de gobierno)”, había dicho más temprano a la AFP María Ortiz, de 54 años, secretaria del tribunal. Los propios expertos estaban divididos. “El contenido de una reforma constitucional no es impugnable”, advirtió Diego Valadés, exministro de la Corte. Pero el constitucionalista Francisco Burgoa alertaba que México enfrentaría una “grave crisis sin precedentes” si Sheinbaum desacataba un fallo adverso.
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Choque de poderes
La pugna entre López Obrador y la Corte creció a medida que el tribunal le echó abajo leyes como una que autorizaba la participación militar en la seguridad ciudadana y otra que reforzaba el papel del Estado en el sector eléctrico. Para López Obrador y Sheinbaum, el poder judicial está sumido en la corrupción, una impunidad casi total y el nepotismo.
Pero los críticos sostienen que esa situación no se remedia únicamente cambiando a los jueces, sino mejorando las capacidades de investigación de las fiscalías. Analistas como Kimberley Sperrfechter, de la firma británica Capital Economics, habían advertido que un choque institucional no hubiera sido “una buena noticia” para la economía, si bien “el impacto de la reforma ya está descontado por los mercados financieros mexicanos”.
La inversión extranjera directa en México alcanzó 36.058 millones de dólares en 2023, mientras el país espera beneficiarse de la relocalización de empresas en sus zonas fronterizas con Estados Unidos. Tras la decisión de este martes, la Suprema Corte aún debe resolver otro recurso de inconstitucionalidad, mientras en juzgados hay numerosas impugnaciones de integrantes del poder judicial contra de la reforma, aunque expertos estiman que difícilmente podrían prosperar. El Congreso modificó el pasado jueves un artículo constitucional para impedir que la Suprema Corte pueda revisar los cambios de la Carta Política.
Fuente: AFP.
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Juez definirá si dos exfiscales van a juicio por recibir costosas lapicera de supuesto narco
El juez Humberto Otazú deberá resolver el día lunes si eleva a juicio oral o hace lugar a una salida procesal para los exagentes del Ministerio Público, Hugo Volpe y Armando Cantero, procesados por soborno agravado por recibir costosas lapiceras Mont Blanc y dinero a cambio de archivar una causa del supuesto narco Sergio Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”.
En la fecha se inició la audiencia preliminar en la que las partes presentaron sus incidentes, por lo que el juez del caso deberá evaluar para luego resolver si corresponde que los exfiscales estén sentados en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la presente investigación, en el año 2019 el entonces fiscal Hugo Volpe habría recibido una lapicera de la marca Mont Blanc, valuada en G. 5.800.000, la cual presuntamente le fue entregada por los abogados de Minotauro en concepto de pago por archivar una causa en la que se investigaba al narcotraficante. El abogado que entregó el costoso bolígrafo fue Edson Sánchez Benítez.
Con relación al fiscal Armando Cantero, la acusación señala que el mismo había recibido la visita de emisarios de Minotauro, quienes presuntamente habían entregado al agente la suma de USD 10.000 para que archive una causa por producción de documentos no auténticos en la que el narcotraficante se encontraba siendo investigado.
Volpe es procesado por los hechos de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución y la ejecución penal, mientras que Armando Cantero fue procesado por el hecho de soborno agravado.
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