El procurador general de la República Sergio Coscia, en representación del Poder Ejecutivo, solicitó a la jueza de garantías de turno rechazar el amparo promovido por un grupo de 15 abogados quienes accionaron contra el decreto del Poder Ejecutivo, que declaró emergencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país, y pidieron en la referida acción ser habilitados para transitar y así poder trabajar.
Ahora la magistrada de garantías de turno Clara Ruiz Díaz deberá analizar si corresponde rechazar el amparo así como pide el representante del Poder Ejecutivo o en su defecto hacer lugar al pedido de los profesionales del derecho.
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Coscia argumentó su pedido de rechazo señalando “esta representación considera que la presente acción de amparo es totalmente improcedente, en razón de que no se encuentran presentes los requisitos para la concesión de la garantía constitucional promovida por los abogados; la inexistencia del requisito del agotamiento de las vías previas, además de que el amparo no es la vía para la derogación o modificación de un decreto presidencial en el supuesto caso de que éste pueda ser considerado violatorio de derechos constitucionales”.
También explica que “al haberse demostrado que no existe violación a derecho alguno ya que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia sanitaria son de carácter temporal, excepcionales, razonables y en consonancia al respeto de los derechos humanos conforme a la declaración N° 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de abril de 2020”.
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La persecución fue tan grotesca que ni a nuestros abogados se les permitió la defensa, apuntó Ortiz
La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.
Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.
Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.
Filtración de documentos
Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.
“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.
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El problema no fue con EE. UU.
El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.
“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.
Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.
“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.
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Acusan y piden juicio oral por el delito de coacción para Luis Montanaro
El fiscal Federico Delfino, presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción cuya víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por el cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.
El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos de pruebas que se han recolectado durante la etapa investigativa. Ahora el juzgado penal de garantía deberá fijar una fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público.
De acuerdo a la investigación, el día 3 de noviembre del 2024, el investigado se habría apersonado hasta Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.
Seguidamente, luego de retirarse, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así, que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro Bedoya (Avenida España y Dr. Escobar – Edificio Gral. Genes 623 de la capital).
En dicho lugar, Montanaro Bedoya, habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas (las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, a la denunciante de la causa que investiga la primera y a sí mismo), más la suma de G. 700.000 (setecientos mil guaraníes) y unas direcciones en la ciudad de Asunción.
Montanaro Bedoya, además, habría dado indicaciones a Alderete de que se dirija hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de 3 ramos florales que él mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos sean entregados en los domicilios provistos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy acusado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y realizó el mandato dado por Montanaro Bedoya.
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Abogados destacan que Hernandarias cuente con dos fiscales más y proponen sede propia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la sede regional del Ministerio Público en Ciudad del Este, el fiscal adjunto de Alto Paraná, doctor Jorge Sosa, mantuvo una reunión con representantes del Círculo de Abogados de Hernandarias, encabezado por su presidente Ernaldo Gamarra y con autoridades municipales de la misma ciudad.
Los letrados destacaron la designación de dos fiscales más en la unidad zonal de Hernandarias, que el gremio reclamó en reiteradas oportunidades, ante las dificultades que generaban contar con solo dos agentes para una gran demanda que tiene la citada ciudad y demás comunidades vecinas dependientes de dicha jurisdicción.
Con las nuevas designaciones, Beatriz Adorno y Miguel Figueredo, se eleva a cuatro el número de fiscales en la capital de la energía. Según los abogados, “ese esfuerzo contribuirá a una mayor eficiencia en la administración de Justicia y en la respuesta a las necesidades de la comunidad”, en cuanto a acciones ante el Ministerio Público.
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La reunión fue también para ver la factibilidad de mejoramiento de la Fiscalía en cuanto a varios aspectos, entre ellos, la falta de una mejor infraestructura.
En ese marco, con el aval de las autoridades municipales, informaron que la municipalidad de Hernandarias dispone de un predio para la construcción de la sede propia para el Ministerio Público, teniendo en cuenta que la institución funciona en un local alquilado. Una sede propia representaría un avance importante en la consolidación de la institución en el distrito de Hernandarias, según lo referido en la reunión por parte de los visitantes.
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Mafia de los pagarés: imputan a jueces, actuarios, ujieres y abogados de firmas de cobranzas
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, en el marco de la investigación conocida como la mafia de los pagarés, presentaron imputación contra 63 personas, entre ellas los directos presuntos responsables del esquema que son jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas.
Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Ahora un juzgado penal de Garantía deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Entre los imputados se encuentran los jueces de paz, Analía Cibils, Nathalia Garcete hoy día suspendida en sus funciones, Víctor Rodríguez también suspendido en sus funciones y la exjueza Liliana González de Bristot, quien acorralada por los graves hechos decidió renunciar al cargo.
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Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados por los graves hechos que ocasionaron un perjuicio a la clase más humilde son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
También fueron imputadas 19 personas entre ujieres, oficial de Justicia y otros pertenecientes al juzgado de Paz de San Roque e igualmente se tiene 12 imputados que son funcionarios del juzgado de Paz de la Recoleta, totalizando así 63personas imputadas en el caso.
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