Un grupo de 15 profesionales del derecho promovió un amparo contra el decreto del Poder Ejecutivo, que declaró emergencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país, y pide en su escrito ser habilitados para transitar y así poder trabajar. Ante la presentación de la garantía constitucional, la jueza de turno Clara Ruiz Díaz dio trámite al amparo y corrió traslado a la Presidencia de la República para que la misma conteste la acción presentada por los abogados.
Una vez que se conteste, los magistrados de turno deberán resolver si se rechaza el amparo o se hace lugar al mismo. En caso de que se admita el pedido de los abogados y se les habilite circular y trabajar, el Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial. En caso contrario, de que se rechace el amparo los profesionales del derecho también pueden recurrir el fallo de la justicia.
Los letrados sostienen en su amparo que tienen a su cargo velar por la defensa de un derecho humano, que es “el derecho a la defensa que una persona tiene dentro de un proceso penal”. Esta situación se genera por que todos los imputados por violar la cuarentena sanitaria están siendo asistidos por defensores públicos, cuando que muchos pretenden designar a abogados de su confianza.
Asimismo, los abogados mencionan que el referido decreto presidencial en el que se estableció la restricción para circular viola principios y garantías constitucionales.
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