En varios casos ya la Justicia hizo lugar a las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Los defensores públicos del fuero de la niñez de todo el país han iniciado 458 juicios en representación de niños, niñas y adolescentes. Estos procesos tratan sobre medidas cautelares de protección ante abandono y maltrato principalmente. La protección de la niñez es fundamental en momentos en que la crispación social va en aumento por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, la cuarentena y la pérdida de puestos de trabajo en los sectores más vulnerables.

En varios juicios, ya la Justicia ha ordenado la medida de protección para los niños, niñas y adolescentes y en muchos casos ya los mismos están con familiares hasta tanto se decida las acciones judiciales iniciadas por los defensores públicos de la niñez.

La titular del Ministerio de la Defensa Pública, Lorena Segovia, se encuentra coordinando todos los trabajos referente a la niñez manteniendo el contacto con los defensores públicos, así como supervisando los trabajos de los demás defensores en lo penal que también están asistiendo a los imputados por violar la cuarentena y otros hechos punibles.

De acuerdo a los datos obtenidos por la Defensa Pública, se tiene un total de 15.500 personas privadas de libertad de las cuales unas 7.500 personas son asistidas por los defensores públicos. Asimismo, se tiene 2.800 personas con sentencias condenatorias. Todos los datos fueron en recolectados en el mes de diciembre del 2019.

Dentro del contexto de encierro de las personas privadas de libertad, el hacinamiento en las penitenciarías es un factor de alto riesgo de contagio de COVID-19 para las personas privadas de libertad. Es por eso que se realizó la verificación total de expedientes en trámite en el fuero penal que permitiera la obtención de la libertad ambulatoria o bien, el otorgamiento del arresto domiciliario.

Se ha verificado un total de 947 casos que por su condición procesal o personal podrían obtener medidas menos gravosas. Por la condición procesal sería por la vía de compurgamiento de pena mínima, suspensión a prueba de la ejecución de la condena, libertad condicional.

Por la condición personal: enfermedad, discapacidad, embarazo, lactancia. Con estos datos la Defensa Pública priorizó a las personas privadas de libertad según su condición personal, sin descuidar el supuesto de condición procesal.

Según los datos procesados por la Dirección de Gestión Misional (DIGAMI) del MDP, al 7 de abril del corriente, la Defensa Pública ha obtenido la libertad de 131 personas de marzo a abril y un total de 241 libertades desde enero. A más de ello, ha asistido a 754 personas que fueran imputadas por violación de la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo, obteniendo en todos los casos el arresto domiciliario.