La Defensora General, Lorena Segovia dispuso que los defensores públicos pidan la revisión de las medidas para tratar de obtener la libertad de las personas.
Con el fin de mitigar la propagación del coronavirus, el Ministerio de la Defensa Pública comunicó a la Corte Suprema Justicia y al Ministerio de Justicia el listado de las personas privadas de su libertad, que por razones de enfermedad, embarazo, lactancia, discapacidad, originarios de los pueblos indígenas, que podrían ser beneficiadas con medidas menos gravosas que la prisión preventiva, como ser la prisión domiciliaria u otra.
Con esto se busca la sustitución de la implementación de la medida cautelar para 496 personas privadas de libertad, que pertenecen a los grupos especialmente vulnerables y en riesgo sanitario.
La Defensora General, Lorena Segovia, ha instruido a las defensoras y los defensores penales, que a fin de optimizar los resultados de la gestión, bajo el principio de interés predominante del asistido se requieran revisiones o revocatorias a la prisión preventiva.
Es así que a través de una acción coordinada y simultánea, los defensores y defensoras penales de todo el país están presentando pedidos de revisión de prisión preventiva ante los Tribunales. Una vez que se pida la revisión será el Juez penal de garantía quien tendrá que analizar si corresponde hacer lugar a la libertad, o al arresto domiciliario del procesado.
En caso de que el magistrado decida rechazar la libertad o el arresto del procesado, la defensa del mismo tiene la posibilidad de apelar la resolución y en ese sentido será el Tribunal de Apelación el tendrá que analizar si confirma el fallo judicial o revoca el mismo.
La recopilación de los datos de la población penal en riesgo sanitario fue posible gracias a la información suministrada por defensores y defensoras penales, la que sistematizada y analizada por la Dirección de Gestión Jurisdiccional (DIGAMI) del Ministerio de la Defensa Pública.
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