El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recusó este viernes a los miembros del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás, con la finalidad de impedir el avance de su juicio oral y público, cuya continuidad estaba prevista para las 8:30 de hoy. El funcionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

La nueva chicana impulsada por el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue presentada por su abogado Emilio Fuster, 40 minutos minutos antes del horario fijado. Lo llamativo del caso es que Guizzio no haya promovido la recusación contra la jueza Yolanda Morel, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel de Jesús Ramírez Candia.

De esta manera el proceso se pospondrá hasta tanto la Cámara de Apelación resuelva la recusación contra ambos magistrados. La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, que argumentan que el exministro tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil, de obtener contratos con el Estado para­guayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

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La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Arnaldo Giuzzio también está imputado en el caso de filtración de información de inteligencia financiera de carácter reservado, obtenida de manera ilegal de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El martes pasado, la Fiscalía presentó acusación y pidió juicio contra Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, todos exfuncionarios de Abdo, quien también está imputado en esta causa, al igual que su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola.

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El abogado penalista, Ricardo Preda explicó que independientemente a la chicana que interponga la defensa de los imputados en el caso de Filtración de Seprelad, el Ministerio Público está en el derecho de presentar el requerimiento conclusivo en la fecha. Indicó que en el eventual caso que no lleguen a presentarlo, el código procesal penal establece que el juzgado puede fijar un nuevo plazo de 10 días.

El especialista mantuvo una charla en el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970am/Nación Media, donde explicó sobre el procedimiento que se llevará a cabo ante la nueva chicana interpuesta por la defensa del expresidente Mario Abdo y Daniel Farías Kronawetter en el citado caso.

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Al respecto, el abogado señaló que en primera medida la Fiscalía General podría confirmar de vuelta a los fiscales que fueron recusados o bien, establecer a los fiscales que podrían presentar el requerimiento conclusivo.

Ahora bien, atendiendo a que el propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón fue recusado igualmente por la defensa, señaló que existe una veintena de fiscales adjuntos que podrían obrar en su reemplazo y que no hayan sido recusados. “Habría que ver quién de los fiscales adjuntos que no hayan sido recusados pueden resolver el caso, en sustitución del fiscal general que fue recusado”, acotó.

Mencionó, además que, en sus años de experiencia, desconoce que exista una causa o proceso, que no se haya presentado requerimiento conclusivo por causa de recusaciones a los fiscales investigadores. Indicó que la Fiscalía siempre ha resuelto este tipo de cuestiones, porque obviamente no es la primera vez que sucede un hecho similar, en que los fiscales son recusados hasta el último plazo límite.

“No creo que sea un tema que ni la Fiscalía General actual, ni administraciones anteriores, desconozcan que se presenten recusaciones masivas, ante la inminente presentación del acto conclusivo, estimo que será el día a día del Ministerio Público, ya que en la práctica es algo común esto”, explicó.

Al respecto, Preda no cree que las recusaciones tengan un impacto final en la decisión a partir de la presentación del requerimiento conclusivo, donde los agentes fiscales deberán solicitar elevar el caso a juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.

“Desconozco que exista algún caso, en el que el Ministerio Público no haya presentado su requerimiento conclusivo, por causa de las recusaciones. Pero en la peor hipótesis, que esto no ocurra, se aplica un trámite que se basa en el artículo 139 del Código Procesal Penal, que de no presentarse el acto conclusivo, el juez tiene que correr traslado a la Fiscalía General, con un plazo de 10 días para que emita finalmente su posición al respecto”, explicó.

Con ello, remarcó que el proceso no termina hoy si es que la Fiscalía no presenta sus requerimientos conclusivos en la fecha establecida como límite el cual, en este caso de filtraciones de Seprelad, vence a las 23:59 de este martes 11 de marzo. Preda, agregó que está seguro que de una u otra forma la Fiscalía va a presentar sus actos conclusivos, porque desconoce que exista un antecedente en donde no se haya presentado por causa de las chicanas.

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El expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó una recusación contra los agentes fiscales asignados a investigar la causa por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible, asociación criminal, entre otros hechos punibles. Esta nueva chicana es impulsada mediante su abogado Enrique Kronawetter con la finalidad de buscar impunidad.

La causa judicial guarda relación con la filtración de datos financieros confidenciales mediante la instrumentalización de las instituciones estatales, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). En el caso están imputados sus excolaboradores Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espínola, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

La recusación va dirigida contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, la adjunta Matilde Moreno y sus colegas Elva Cáceres, César Sosa y Osmar Segovia. La chicana es impulsada por Mario Abdo Benítez, teniendo en cuenta que este martes a las 23:59 fenece el plazo que poseen los agentes para requerir el juicio oral o el sobreseimiento de los procesados.

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En la chicana presentada por Abdo Benítez se manifiesta que “la recusación se sustenta en la ausencia de toda objetividad en la actuación de los agentes fiscales designados de manera intempestiva tras la renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, quien era el único que, naturalmente, estaba llevando adelante la investigación”, sostiene.

Sin embargo, evitan aludir sobre el vínculo directo entre el fiscal renunciante Sanabria y el equipo legal de Abdo. Su hermana Patricia Sanabria forma parte del estudio jurídico Berkemeyer, donde también trabajan Kronawetter y Federico Huttemann, abogados que, junto con César Trapani, llevan la defensa del exmandatario.

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Se suspendió la audiencia preliminar para 24 acusados por el caso conocido como operativo Pavo Real 1, que desbarató un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico. La diligencia judicial se pospuso porque el acusado Carlos Oleñik recusó a los fiscales del caso, Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla.

Ante la recusación contra los fiscales, el juez Osmar Legal tuvo que suspender la diligencia judicial en la que se definirá si el proceso penal va a un juicio oral y público.

Ahora será el fiscal general del Estado quien resuelva si confirma a los fiscales del caso. Una vez que se confirme la competencia de los fiscales, el magistrado deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar.

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En el proceso penal, 24 personas fueron acusadas de formar parte del esquema de lavado de dinero del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad en Brasil.

Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres pidieron juicio oral para las 24 personas que formaron parte de un esquema criminal para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar bienes a través de testaferros.

Entre los acusados está el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, quien realizó transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organización. El Ministerio Público solicitó el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente USD 150 millones y USD 2 millones, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.

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