En la mañana de éste jueves juraron los peritos que conformarán la Junta Médica que realizará el peritaje en el caso del pequeño Renato, cuya muerte se produjo en el sanatorio Migone en el mes de agosto del 2019.
Las fiscal Natalia Silva, a cuyo cargo esta la investigación, dijo a la emisora Universo 970 AM, que son varios los profesionales médicos que prestarán juramento para esta diligencia, por el lado de la familia están los doctores Aníbal Filártiga y Bellasai. “Aún restan varios médicos por jurar para así tener a todos los que tienen que conformar esta Junta Médica”, indicó.
Agregó que los médicos tienen que responder a una serie de preguntas que la fiscalía hará en cuanto al procedimiento que se siguió para la atención del pequeño y que ésta es la diligencia principal que se aguarda para determinar responsabilidades dentro del proceso. “Los médicos también aportaron sus puntos ampliatorios para esta diligencia, que investiga una acción omisiva o negligente en el actuar médico”, explicó.
Según refieren los datos, el 20 de agosto del 2019, el pequeño Renato fue llevado por sus familiares al Sanatorio Migone.
Tras habérsele suministrado un medicamento, se produjo una alteración y empeoramiento repentino del estado de salud del menor, motivo por el cual la madre acudió presurosa y pidió auxilio a los tres médicos que estaban en el cuarto de Urgencias. Sin embargo, ninguno de ellos se levantó para verificar el estado del paciente, que en ese momento mostraba palidez, según la madre.
En la grabación del circuito cerrado del sanatorio se puede observar una supuesta inacción por parte de los médicos que hoy están imputados.
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Lo que la prensa abdista no cuenta
En el documento de la acusación se hace un relato minucioso y pormenorizado de cómo, durante los años 2021 y 2022, el entonces presidente Abdo Benítez gestó un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado.
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez resaltan en su acusación que la hipótesis sostenida por el Ministerio Público se funda en los elementos probatorios que demuestran en forma cierta la existencia de los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio, cometidos por Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene.
El informe de extracción de datos de correos electrónicos, autorizado judicialmente el 24 de enero de 2024, fue una de las principales pruebas presentadas. La pericia, realizada por la ingeniera María Victoria Fleitas Valiente, permitió acceder a información crucial almacenada en el servidor de la Seprelad. Se extrajeron correos electrónicos y archivos adjuntos (Word, Excel y PDF) de los funcionarios implicados, entre ellos, Carlos Arregui, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, en el período comprendido entre diciembre de 2021 y junio de 2022.
Este procedimiento fue ejecutado en dos fases. La primera se llevó a cabo el 7 de febrero de 2024 bajo la supervisión del entonces fiscal de la causa Aldo Cantero, con apoyo del Laboratorio Forense. La segunda tuvo lugar el 28 de febrero del mismo año.
Los hallazgos de estas pericias pudieron armar la cronología del modus operandi durante el gobierno anterior. Los peritos informáticos lograron recuperar conversaciones internas y órdenes enviadas por altos funcionarios de la Seprelad, en las que se detallan instrucciones sobre cómo elaborar informes que perjudicarán a Cartes y sus empresas. Es decir, estas instrucciones eran direccionadas, en abierta violación a procedimientos de Seprelad.
Entre ellas, aparece la de Luis Gustavo López Velázquez, comisario principal de la Policía Nacional, quien señaló que informó al entonces comandante de la Policía Nacional, Luis Ignacio Arias, sobre un pedido de información proveniente de Panamá referente a Horacio Cartes. Según su declaración, Arias comunicó el pedido al presidente Abdo, quien instruyó que la información fuera canalizada a través del ministro de la Seprelad, Carlos Arregui.
Este pedido se filtró y generó el enojo de Panamá ya que se presentó la noticia como que existía una investigación en Panamá por lavado de dinero, cuando solo fue una consulta puntual y Cartes tenía antecedentes penales y judiciales.
Otros testimonios sumamente importantes fueron de los funcionarios de la Seprelad. Derlis Ruiz Báez describió cómo recibió órdenes directas de Guillermo Preda para buscar información en los sistemas de la institución y elaborar un informe, supuestamente, a solicitud de la Fiscalía panameña.
También Inés María Yambay Zárate, analista financiera de la Seprelad, testificó sobre su participación con Daniel Farías en la elaboración de un archivo de análisis financiero de la Tabacalera Tabesa SA, cuyo objetivo era vincular transacciones con posibles maniobras de justificación de fondos. Una vez culminado el trabajo se remitió a Guillermo Preda y a su vez a Derlis Ruiz a fin de que sea agregado al Informe de Inteligencia Financiera. Al agregarse al Informe de Inteligencia hicieron suposiciones antojadizas sin sustento probatorio para simular existencias de hechos punibles.
De igual modo, Rocío Celeste Peña Estigarribia, directora interna de la Dirección General de Análisis Financiero “A”, relató que su labor consistió en la minería de datos para elaborar informes de inteligencia financiera contra Horacio Cartes y empresas vinculadas. Esto sirvió de insumo para sostener el informe final falseado y fraguado.
Las pruebas obtenidas a partir de estas pericias y testimonios fortalecen la acusación de que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se estructuró un esquema de manipulación de investigaciones contra los adversarios políticos.
Pese a todas estas evidencias, la oposición defiende a Abdo, al igual que la prensa abdista cómplice del terrorrismo de Estado y que esta semana convoca a una marcha para defender al expresidente de la “persecución política”. Sumarse a la marcha, es sumarse a la defensa del corrupto gobierno de Abdo. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Amarilla insta a Filizzola a ocuparse de su proceso judicial y no inmiscuirse en asuntos del PLRA
El senador opositor Rafael Filizzola cuestionó la resolución del Tribunal Electoral de la Capital que resolvió anular las sesiones del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico y de la Convención de febrero del año pasado, y ordenar la reincorporación de los 4 senadores liberales que habían sido expulsados del partido. Ante esto, el senador liberal Dionisio Amarilla salió al paso a recordarle que él ocupa una banca en la Cámara Alta gracias al PLRA y su cercanía al entonces presidentes Efraín Alegre.
A través de las redes sociales, este domingo se propició un cruce de mensajes entre ambos legisladores, ya que Filizzola cuestionó la decisión tomada por la Justicia Electoral señalando que protege a los tránsfugas liberales y obliga al PLRA a recibirlos.
Al respecto, Amarilla le instó a que se presente de una vez a la Justicia a resolver su proceso que está pendiente y deje de opinar sobre lo que ocurra o no dentro de las carpas liberales a las que no pertenece, y sin embargo “usó para ganar su banca”, mediante la alianza con el “partido de maletín creado con su esposa la exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista - PDP).
“Con tu esposa se dieron cuenta que ya no tenían chance de llegar y te aprovechaste entonces de tu condición de socio comercial con Efraín para meterte en el cuarto lugar de nuestra lista del senado y procuraste lo mismo para el payaso ese de Tony Apuril, intento que fracasó para ustedes”, indicó.
El legislador insistió a Filizzola a que se ocupe de su proceso judicial pendiente, que data del 2011, se centra en la adquisición de cuatro helicópteros para la Policía Nacional durante su gestión como ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo.
“Mejor preocúpate de tu causa Judicial que los liberales resolveremos nuestras elecciones como liberales. Somos un partido de 1.800.000 afiliados y no resolvemos entre cuatro gatos locos nuestra interna, como ustedes. Tranqui nomás colega no te metas en el PLRA que no será una gata la que te saldrá en el camino sino un águila dispuesto a elevarse con sus garras bien alto y soltarte de arriba a ver si te salvan tus helicópteros”, sentenció.
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Madre de menor abusada denuncia dilación de proceso judicial
La madre de una menor, de un caso de abuso sexual infantil, denunció una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.
La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.
Presuntamente, el abuso fue cometido por el tío paterno de la víctima con la supuesta complicidad del padre de la víctima. El caso está estancado por el manejo irregular y por la falta de acción de las autoridades de Hernandarias, donde ocurrió el lamentable hecho.
Pese a que se ha presentado una impugnación contra esta situación, el juez no ha resuelto el pedido, dilatando un proceso que debería garantizar la protección y justicia para la víctima.
El principal cuestionamiento radica en que la defensa del denunciado propuso como perito a una psicóloga que trabaja para la Defensoría Pública, entidad encargada de velar por los derechos de los sectores más vulnerables, incluido el de las víctimas.
La madre sostuvo que esto no solo genera un conflicto de intereses, sino que también vicia de nulidad cualquier actuación o informe presentado por la profesional en el caso. “Es inadmisible que un perito contratado de forma privada esté vinculado a una institución que debería garantizar imparcialidad en los procesos judiciales. Este acto está viciado desde el momento en que la defensa plantea a esta profesional, y la falta de resolución sobre la impugnación por parte del juez perpetúa esta irregularidad”, afirmó la madre de la víctima.
Gesell, una urgencia sin resolver
“A estas irregularidades se suma la inacción del juez Nelson Ojeda para fijar una fecha para la realización de la Cámara Gesell, herramienta fundamental para recabar el testimonio de la niña que es testigo del abuso de su hermana”, relató la madre.
Inicialmente, el juez rechazó la solicitud para llevar a cabo esta diligencia, lo que obligó al fiscal Rolando Rivas a apelar la decisión. Sin embargo, a pesar de que el recurso fue aceptado, el magistrado sigue sin resolver cuándo se realizará, dejando en incertidumbre el avance del caso, que ya lleva casi 4 años con muy poco avance debido a negligencias de varias autoridades, manifestó la madre de la menor.
Las demoras y la falta de resolución en puntos clave del proceso, como la impugnación del perito y la Cámara Gesell, no solo afectan la protección de la menor, sino que también dejan en evidencia deficiencias en el sistema judicial.
“Es necesario que el juez actúe con responsabilidad, resuelva la nulidad del peritaje y garantice que este caso avance con celeridad y transparencia. No se puede permitir que las irregularidades sigan favoreciendo al denunciado mientras la víctima continúa esperando justicia”, afirmó la madre de la víctima.
El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de un sistema judicial más eficiente y comprometido con la protección de los derechos de los niños y adolescentes, particularmente en situaciones tan sensibles como el abuso sexual infantil, agregó la madre.
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Abuso sexual infantil: madre denuncia informes psicológicos ausentes y conflicto de interés en la defensa
Una madre acudió hasta la redacción de La Nación para denunciar irregularidades en un caso de abuso sexual infantil. El hecho fue denunciado en el 2021 por el Hospital Acosta Ñu y continúa sin resolverse debido a una serie de negligencias que afectan directamente el proceso judicial, de acuerdo a la denuncia.
El abuso, presuntamente cometido por el tío paterno de la víctima y con la supuesta complicidad del padre de la víctima, está estancado por el manejo irregular del caso y por la falta de acción de las autoridades de Ciudad del Este, donde ocurrió el lamentable hecho.
Entre las irregularidades, la madre cita que la víctima y su hermana (testigo presencial del abuso) participaron de sesiones en el Centro de Atención a Víctimas, pero los informes de estas sesiones nunca fueron entregados a las partes implicadas.
A esto se suma el rol de la psicóloga forense Fátima Flores, funcionaria de la Defensoría, quien fue contratada por la defensa del acusado a pesar de ser funcionaria pública. Esto, a decir de la denunciante, representa un claro conflicto de interés y una razón para solicitar su impugnación.
Según las denuncias, Flores realizó trabajos privados durante su horario laboral, utilizando su posición para favorecer al presunto agresor. Hasta el momento, el pedido de impugnación no fue resuelto.
“Es inaceptable que una funcionaria pública esté involucrada en este tipo de acciones corruptas. Fátima Flores, en lugar de cumplir con su deber de imparcialidad y protección de los derechos de las víctimas, ha trabajado en beneficio del acusado, lo que ha afectado profundamente el desarrollo del caso”, expresó la madre de la víctima.
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Negligencia fiscal
Por si fuera poco, la denunciante refiere que la entonces fiscal del caso Vivian Coronel, antes de ser apartada de la investigación, ordenó un estudio del entorno en el que vivía la niña, pero no investigó el ambiente del presunto abusador.
La representante del Ministerio Público solo inspeccionó la residencia de la víctima y la dejó en una situación de vulnerabilidad al no aplicar ningún tipo de medidas preventivas contra el supuesto agresor.
La madre de la víctima sostiene que la inacción de Coronel (cajoneó el expediente por un año) y la negligencia en este proceso, que demanda la máxima sensibilidad y profesionalismo, generaron indignación en la ciudadanía de Ciudad del Este.
Víctima desprotegida
El trauma de la niña, que ya ha requerido intervenciones psiquiátricas por la gravedad de su situación emocional, parece haber sido minimizado por quienes debían velar por sus derechos.
A decir de la denunciante, este caso pone en evidencia los graves fallos en la protección de las víctimas de abuso en Paraguay, particularmente cuando las autoridades responsables no cumplen con su rol de defensa. La negligencia no solo agrava el dolor de la familia, sino que perpetúa una cultura de impunidad que beneficia a los agresores.
La menor no solo fue víctima de un crimen atroz, sino también de un sistema que hasta el momento le dio la espalda. La lucha de la familia y de quienes apoyan a la menor continúa, con la esperanza de que las instituciones respondan y la Justicia se haga presente, clama la madre.
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