Ciudad del Este. Agencia Regional.

“La responsabilidad es de la Fiscal General y del Ministerio del Interior, cuyos agentes no actúan para reprimir estos hechos”, dice un escrito de la Asomap.

La Asociación de Magistrados de Alto Paraná considera que existe una inacción del Ministerio Público “contra los responsables de los atentados, en perjuicio de jueces”, de acuerdo al informativo del gremio. El presidente de la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), Raúl Insaurralde, dijo que “un grupo con poder político, oculto detrás de supuestos escrachadores, alienta esta serie de actos violentos contra los magistrados”.

La semana pasada, un grupo de personas escrachó a la jueza en lo Laboral, Graciela Panza, tirando basuras al patio de su casa, estando la familia presente. La magistrada había ordenado el cumplimiento del recurso de amparo a favor de la empresa Ita Paraná, en su conflicto con la Municipalidad de Ciudad del Este. Otros magistrados ya recibieron ‘escraches’ similares por fallos contra la comuna. Asimismo, magistrados que liberaron al ex policía de Interpol que abusó de su hijastra, también fueron ‘escrachados’, pero en ese caso, están enjuiciados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y apartados de sus funciones.

Ante este escenario de repudios y rechazos a varios magistrados, el gremio apunta al Ministerio Pública por no actuar contra los supuestos responsables de los actos. "La responsabilidad es de la Fiscal General y del Ministerio del Interior, cuyos agentes no actúan para reprimir estos hechos tipificados como perturbación de la paz pública, coacción a un órgano del Estado, asociación criminal y otros, cometidos por sujetos bien identificados en las denuncias”, consideró el titular del gremio.

"Hemos sentido el respaldo de otros gremios sociales y de los juristas de la zona, preocupados por la situación totalmente inadmisible en una sociedad civilizada que ofrece los mecanismos legales para hacer valer los reclamos, sin violentar a nadie y, si el Ministerio Público no toma medidas, tendremos que recurrir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar protección", dijo Insaurralde.

“Los propulsores de los actos vandálicos se alzan porque logran marcar pautas al mismísimo Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que, a mansalva procesan y suspenden a los jueces, sin derecho a la defensa, basado simple y exclusivamente sobre los criterios mediáticos de estos ‘escrachadores’ que no son sino presuntos delincuentes comunes”, refiere otra parte del escrito de la Asomap.

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