El Tribunal de Apelación, integrado por los magistrados Nery Villalba, Juan Carlos Paredes y Giuseppe Fosatti, deberá resolver si anula o no la resolución de la jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien hizo lugar a una demanda que benefició a supuestas empresas offshore con 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay, Chaco.
El referido juicio civil está caratulado como “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdon Investments Limited, contra Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.
La resolución de primera instancia fue apelada por los representantes legales de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. En el escrito se solicita que se anule la resolución dictada por la jueza Irún, debido a que se incurrió en varias irregularidades. Asimismo, se sostiene que en el juicio se demostró que los inmuebles otorgados a las empresas extranjeras se encuentran en la franja de protección establecida en la ley N° 2532/05 y que por tanto no pueden ser adquiridos por extranjeros.
De acuerdo al expediente judicial, las empresas extranjeras citadas iniciaron la demanda civil alegando ser cesionarias de un supuesto préstamo concedido a la Asociación Espíritu Santo.
DENUNCIA EN EL JEM
Debido a la resolución que favoreció con 310 mil hectáreas a las empresas extranjeras, la jueza Tania Irún fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por presunto mal desempeño en sus funciones.
Asimismo, se le critica que haya suspendido su permiso de maternidad para regresar al juzgado y resolver hacer lugar a la demanda que promovieron las firmas extranjeras contra la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Otro hecho denunciado como insólito fue que la jueza supuestamente leyó, en una hora, un expediente de 19 tomos, analizó las pruebas y redactó una sentencia de más de 30 páginas.