El Tribunal de Apela­ción, integrado por los magistrados Nery Villalba, Juan Carlos Paredes y Giuseppe Fosatti, deberá resol­ver si anula o no la resolución de la jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien hizo lugar a una demanda que benefició a supuestas empresas offshore con 310 mil hectáreas de tie­rras en Alto Paraguay, Chaco.

El referido juicio civil está caratulado como “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdon Investments Limited, contra Asociación Espíritu Santo para la Uni­ficación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.

La resolución de primera ins­tancia fue apelada por los representantes legales de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cris­tianismo Mundial. En el escrito se solicita que se anule la resolución dictada por la jueza Irún, debido a que se incurrió en varias irregulari­dades. Asimismo, se sostiene que en el juicio se demostró que los inmuebles otorga­dos a las empresas extranje­ras se encuentran en la franja de protección establecida en la ley N° 2532/05 y que por tanto no pueden ser adqui­ridos por extranjeros.

De acuerdo al expediente judicial, las empresas extran­jeras citadas iniciaron la demanda civil alegando ser cesionarias de un supuesto préstamo concedido a la Aso­ciación Espíritu Santo.

Debido a la resolución que favoreció con 310 mil hectá­reas a las empresas extran­jeras, la jueza Tania Irún fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados por presunto mal desempeño en sus funcio­nes.

Asimismo, se le cri­tica que haya suspendido su permiso de maternidad para regresar al juzgado y resol­ver hacer lugar a la demanda que promovieron las firmas extranjeras contra la Aso­ciación Espíritu Santo para la Unificación del Cristia­nismo Mundial. Otro hecho denunciado como insólito fue que la jueza supuesta­mente leyó, en una hora, un expediente de 19 tomos, analizó las pruebas y redactó una sentencia de más de 30 páginas.