El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, dijo que existen numerosas evidencias y pueden surgir más elementos, inclusive contra más personas involucradas con el clan Aguayo, una organización criminal dedicada al narcotráfico.
“No se descarta esa posibilidad. Por lo menos los que aparecen directamente relacionados con respecto a esta carga que cayó y otras que no pudimos incautar porque hay operaciones fallidas”, dijo el ministro a una emisora local.
NO DECLARARON
Los presuntos narcopolicías detenidos en el marco del Operativo Dignidad se abstuvieron ayer de prestar declaración indagatoria en la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico. La investigación está a cargo de los fiscales Hugo Volpe, Alicia Sapriza, Fabiola Molas, Marcos Amarilla y Armando Cantero. Los nueve uniformados fueron llevados el martes a la sede de la Agrupación Especializada y de allí se trasladaron ayer hasta el Ministerio Público bajo un fuerte dispositivo de seguridad. A pedido de sus respectivos defensores, los policías optaron por no contestar las preguntas antes de conocer el contenido de la carpeta fiscal.
El fiscal Marcos Alcaraz anunció la inminente imputación, ya que se tienen escuchas telefónicas con datos contundentes. La investigación se basaría en asociación criminal, tráfico internacional de drogas y cohecho pasivo, en vista que los policías recibían fuertes sumas de dinero para resguardar la carga. Los agentes se exponen a penas privativas de libertad de hasta 20 años de cárcel.
Además, la Fiscalía solicitaría la prisión preventiva de los implicados. La reclusión será en la Agrupación Especializada, donde actualmente están encerrados.
Entre los detenidos están algunos altos jefes policiales como el comisario principal Edelio Celso Loreiro García; los subcomisarios Pedro Molinas, Rubén Darío Duarte Jacket, Carlos Éver Navarro Morales y Sebastián Ramón Silva. También fueron aprehendidos los suboficiales Venancio Bolaños Torres, Pablo Morales, Mario y Luis Carlos Gómez Santacruz, todos implicados en el cobro de fuertes sumas de dinero para dejar pasar la carga y resguardarla en algunos casos. Se presume que cobraban entre G. 1.500.000 mensual y coimas de hasta US$ 200.000.