El joven que fue coordinador de la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) en el 2017 comenzará a ser juzgado desde la fecha (1 de agosto) en la Sala de Juicio Oral de la ciudad de Fernando de la Mora por “reclamar la ampliación del presupuesto destinado a Educación para realizar mejoras”, según denunció la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). “Si bien, gracias a esta protesta, lograron su objetivo, pues el gobierno de aquel entonces decidió realizar una adenda para el presupuesto 2018 y cumplir así con los reclamos de los estudiantes, Ernesto Ojeda fue acusado por coacción, resistencia, privación de la libertad y coacción grave”, agregó. El joven fue acusado por resistirse a que efectivos policiales le revisaran la mochila, también de supuestamente retener en contra de su voluntad al sereno de la institución.
A su turno, Amnistía Internacional consideró ayer que “el juicio oral público que se inicia este 1 de agosto en contra del joven Ernesto Ojeda es una respuesta desproporcionada del sistema penal en contra de alguien que cuando era adolescente participó en actos de activismo con la intención de mejorar el derecho a la educación”, afirmó en un comunicado.
Allí recordó que los hechos ocurrieron cuando “Ernesto tenía diecisiete años. Amnistía Internacional considera que la imputación con delitos que tienen una pena de prisión representa una manera excesiva e imprecisa de emplear el sistema penal, sobre todo en cuanto a delitos como el de ‘coacción’ que se encuentra redactado de manera tan vasta en el Código Penal que socava el principio de legalidad pues una multiplicidad de conductas no definidas podrían interpretarse de tal forma que se ajustarían a dicha descripción legal, lo que propicia que la aplicación de este tipo de delito se realice de forma arbitraria. De igual manera, el proceso penal en contra de Ernesto Ojeda no exploró posibles medidas alternativas que se pudieron haber aplicado en este caso, tomando en cuenta que los estándares internacionales de derechos humanos estipulan que los adolescentes deben permanecer alejados lo más posible del sistema de justicia penal, dado su nocivo efecto en el desarrollo de la persona”, expuso.
Finalmente indicó que “debido a que el juicio en contra de Ernesto Ojeda no cuenta con las garantías adecuadas y que está basado en un uso abusivo del sistema penal, representa una respuesta del Estado que criminaliza el activismo social y manda un mensaje amedrentador a otras personas jóvenes que quieran luchar por sus derechos”.