La jueza en lo Civil y Comercial de Ciudad del Este, Gabriela Maricel Meaurio, negó categóricamente las afirmaciones del abogado Santiago Cano, representante legal de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien conforme a los audios dados a conocer por un medio de comunicación señaló que la citada magistrada habría pedido dinero para anular el título de propiedad de un inmueble para ponerlo a nombre de otra persona.

Específicamente, en los audios de fecha 24 de mayo del 2018, Cano afirma haber mantenido una conversación con Meaurio, quien supuestamente le manifestó que el caso tiene solución, pero con un costo.

Ante esto Meaurio emitió un comunicado a la opinión pública y conversó con La Nación para asegurar que no tiene idea de cuáles son las intenciones de Cano y reiterar que las afirmaciones del hombre son falsas.

“En la primera parte de los audios dice que habló conmigo y yo realmente no le conocía a este abogado hasta el 18 de julio de este año, cuando salen a la luz los audios. Él nunca habló conmigo, él no tiene intervención en el juicio de sucesión caratulado Venancio Bogado Torres”, precisó.

La magistrada explicó que se habla de un “título de propiedad a nombre de Miguel Medina, que ya había salido con el certificado de adjudicación el 15 de noviembre del 2013, o sea, 5 años atrás de esta acusación” y enfatizó que no sabe a qué se refiere el abogado cuando dice que se va a conseguir la nulidad, siendo que la etapa ya estaba concluida.

Por otro lado, precisó que ya tomó medidas administrativas, como ser el envío del expediente judicial a la Dirección de Auditoría de la Corte Suprema de Justicia, la presentación de una queja y denuncia contra Cano para impulsar una investigación sobre su actuación.

“Elevé un informe sobre esta situación a mi superintendente y al presidente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, porque no solo está en juego la reputación de Maricel Meaurio, sino del Poder Judicial”, subrayó.

PUBLICACIONES

En cuanto a las publicaciones del diario Abc Color, en su editorial del 21 de julio del 2019, donde menciona el monto que se habría pagado, 2.000, a la magistrada para obtener una decisión favorable, esta niega categóricamente cualquier intervención en la instancia que corresponda a la emisión de un título de propiedad o certificado de adjudicación a nombre de Miguel Medina.

“No he firmado resolución alguna al respecto, pues la misma ya fue firmada por la magistrada Máxima Meza, quien me antecedía en el cargo en fecha 15 de noviembre el 2013, fuera del tiempo que llevo en el ejercicio de la magistratura, que he asumido el 7 de noviembre del 2017”, expresa.

INOCENCIA

Enfatiza que su conducta como magistrada de ningún modo se halla encuadrada en el prevaricato, ni que recibió suma de dinero de los justiciables, sean auxiliares de justicia o partes en el proceso, y esto es comprobable con las piezas procesales del juicio, en las que se constata que no existen resoluciones firmadas por dicha judicatura, tendientes a anular ningún título de propiedad ni de adjudicación a Medina, como tampoco a sus herederos dentro del marco del juicio sucesorio de Venancio Bogado Torres.

“Dejo constancia de mi absoluta inocencia”, remarcó ante las intenciones del abogado Santiago Cano de involucrarla en un hecho ilícito. “Me endilgó un supuesto pedido de dinero, atacó a mi persona, mi formación, mi integridad moral y finalmente mi desempeño en el ejercicio de la magistratura en esta causa”, concluyó.