La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine (sin estudio), la acción de inconstitucionalidad presentada por la agente fiscal Yolanda Portillo, quien accionó contra la resolución de la Cámara de Apelación que había anulado el proceso penal que soporta el actual contralor, Enrique García, quien fue imputado por los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso en el caso Ivesur.

La determinación de la Sala Constitucional lleva la firma de los ministros Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña y Antonio Fretes.

Con esta resolución de la máxima instancia judicial, el proceso penal del actual contralor estará paralizado hasta tanto el Congreso se expida sobre el juicio político que se le había iniciado.

En marzo del año pasado, la jueza penal de Garantías Lici Sánchez tomó la determinación de admitir la imputación y a su vez procesó penalmente a García por los hechos punibles mencionados más arriba.

Por su parte, el abogado Álvaro Arias, quien ejerce la defensa del contralor, había apelado la decisión de la magistrada. El defensor sostuvo en su apelación que su representado cuenta con inmunidad procesal y que el mismo debía ser removido por juicio político para poder ser sometido al proceso penal. El Tribunal de Apelación hizo lugar a la petición y anuló la imputación contra García.

ACUSACIÓN A DOS FUNCIONARIOS

En la presente causa fueron acusados dos funcionarios de la Municipalidad de Asunción por uso de documento no auténtico, debido a que no apelaron un fallo arbitral favorable a Ivesur.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Leonardi Guerrero tuvo que presentar la acusación y solicitar que el presente caso se eleve a juicio oral.

Asimismo, no pudo incluir a García, entonces director jurídico de la Municipalidad de Asunción, porque el proceso se anuló con relación a este, porque no fue desaforado. Según la acusación, la Municipalidad de Asunción debió apelar el laudo de condena en tiempo y forma, debido a que se determinó el pago indemnizatorio de G. 18.975.014.366 (US$ 3,6 millones) a favor de Ivesur SA.