El Arzobispado de Asunción, en representación de la Iglesia Católica solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dicte el fallo a favor de las verdaderas víctimas y no de los secuestradores, haciendo referencia a Juan Arrom y Anuncio Martí.

Está mañana, el Monseñor Edmundo Valenzuela recibió en su despacho del Arzobispado de Asunción a familiares de las víctimas de secuestros en el Paraguay, quienes tuvieron un momento de oración y reflexión. Participaron de la reunión Fátima Cubas, Antonella Debernardi, Diego Zavala y Don Ramón Lindstron.

“Desde el Arzobispado de Asunción, invitamos a todos a unirse en oración para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie a favor de las verdaderas víctimas y no de los secuestradores”, manifestó la institución religiosa.

Los expresado por el Arzobispado es con relación a la audiencia pública de la Corte IDH, que se llevará a cabo este jueves en San José de Costa Rica. El presidente Mario Abdo Benítez y el canciller nacional, Luis Castiglioni participarán de dicha audiencia, en representación de todos los paraguayos.

Juan Arrom y Anuncio Martí, huyeron del país un día antes del juicio oral y público, en el mes de agosto de 2003. Ambos están como refugiados políticos en el Brasil. Tanto Arrom como Martí fueron activistas del Partido Patria Libre (PPL). Un partido de izquierda extinto, de cuyo brazo armado surgió el autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Los ex líderes del Partido Patria Libre (PPL) huyeron del Paraguay tras descubrirse su vinculación con el secues­tro de María Edith de Deber­nardi, por cuya causa fueron detenidos y condenados Alci­des Oviedo Brítez y Carmen Villalba. Esta se autodeno­minó desde la cárcel como uno de los supuestos líderes del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La Corte resolvió convocar al Estado de Paraguay, al representante y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a una audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales de fondo; reparaciones y costas, en el caso “Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay”.

Arrom y Martí demandaron al Estado paraguayo por supuestas torturas y privación de libertad; por eso exigen un resarcimiento de US$ 63 millones.

La demanda se entabló en el 2012. Sin embargo, 15 años después, la CIDH a través de un informe recomendó al Estado paraguayo el resarci­miento por los problemas de salud que sufrieron ambos. Las recomendaciones del sistema interamericano fueron rechazadas por el Estado paraguayo.