El defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, denunció ayer ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los jueces del caso del cura Félix Gamarra Miranda, declarado culpable de abuso sexual de un menor de 13 años y condenado a dos años de cárcel, pero que no irá a prisión porque fue beneficiado con la suspensión a prueba de la condena, es decir, deberá pagar la suma de G. 5 millones que serán destinados a un hospital.

“La sentencia aun no está firme. Hemos encontrado dentro del contexto de la sentencia, desconocimiento clave de la ley. Sostenemos que en ningún caso se puede suspender la condena cuando hablamos de abusadores de niños. Se habla de una peligrosidad constante e inminente por parte del autor de esta clase de hechos”, dijo Godoy, en entrevista con una emisora local.

Señaló, además, que otro de los motivos de la denuncia se debe a que el tribunal se habría tomado atribuciones exclusivas del derecho canónico y del Papa.

“El instrumento público por el cual hemos formulado la denuncia es que dentro de las reglas de conducta que establece el tribunal, prácticamente ordena la destitución del pa’i, lo cual es de competencia exclusiva del derecho canónico y del papa”, dijo.