Varios miembros del Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados (JEM) están "maniobrando" para tratar de levantar la suspensión de sus funciones de la defensora general Noyme Yore Ismael, y reponerla en su cargo, a pesar de que la misma está a solo meses de enfrentar un juicio oral por usurpación de funciones públicas, tras haber designado a varios abogados particulares como defensores públicos, atribución única de la Corte Suprema de Justicia.

Según integrantes del órgano juzgador de magistrados, el sector que pertenece al Par­tido Liberal está "operando" con algunos miembros para intentar levantar la suspen­sión que tiene Yore, ligada al grupo político del actual can­didato a la Presidencia de la República, Efraín Alegre.

Por su parte, el presidente del JEM, Cristian Kriskovich, señaló que "para la segunda sesión del Jurado se esta­ría convocando a la señora Noyme Yore para declarar" y añadió que "la convocato­ria se realizará a raíz de que la misma Yore solicitó ser escu­chada".

Además de Kriskovich, con­forman el Jurado los senado­res Miguel Abdón Saguier y Eduardo Petta, así como los diputados Óscar Tuma y Ser­gio Rojas, los ministros de la Corte, Raúl Torres Kirmser y Gladys Bareiro de Módica, y el abogado Adrián Salas, en representación del Consejo de la Magistratura.

SUSPENSIÓN

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en la sesión del 20 de diciembre del 2016, suspendió a Noyme Yore como titular del Ministerio de la Defensa Pública. El enjui­ciamiento se resolvió en base a la denuncia presentada por el defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy. Asimismo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la última sesión del 2016, decidió hacer efec­tiva la suspensión que pesaba sobre Yore Ismael.

JUICIO ORAL

El Tribunal de Sentencia que juzgará por usurpación de funciones públicas a Yore está integrado por las juezas Nilda Giménez, Gloria Her­mosa, Alba González y Mesa­lina Fernández. Actualmente, la suspendida defensora gene­ral soporta otro proceso penal por lesión de confianza, en el que se investiga una sobrefac­tauración de G. 5.033.923.979 en la construcción de varias sedes del Ministerio de la Defensa Pública del interior del país.

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