La jueza en lo civil y comercial, Julia Rosa Alonso Martínez, liberó 18 buses de empresas canceladas al hacer lugar a una medida cautelar presentada por los propietarios de unidades del transporte público de pasajeros de la empresa 29 de Septiembre Boquerón SRL, reviviendo de esta manera a una empresa ilegal y deudora en concepto de canon ante el Viceministerio de Transporte, así como al Banco Nacional de Fomento.
El jueves, en horas de la tarde, el oficial de justicia José Fernando Ayala se presentó en el predio del Viceministerio de Transporte, donde exhibió un mandamiento de secuestro firmado por la jueza mencionada y procedió a retirar 18 buses de la empresa mencionada, que habían sido retenidos a lo largo de los últimos meses por los fiscalizadores del viceministerio por no contar con los mínimos requisitos técnicos para circular, ni estar habilitados por esa cartera de Estado, poniendo de esta manera en riesgo a los usuarios del transporte.
Por su parte, el viceministro de Transporte, Agustín Encina, manifestó que la institución a su cargo ya denunció a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, ya que no solo benefició a la firma con la medida cautelar, reviviendo a una empresa ya cancelada, sino que se extralimitó en sus funciones.
De acuerdo a lo que consta en el expediente judicial, la magistrada otorgó la medida cautelar sin que los propietarios de los buses hayan acreditado la titularidad de ninguna de las unidades secuestradas; además, no se acreditaron los presupuestos mínimos para conceder la medida cautelar, ya que la jueza no exigió una contra-cautela adecuada para el caso y por último utilizó argumentos laborales que no son de su competencia.
Así, pone en peligro a los usuarios de dicha línea, ya que autorizó la libre circulación de los buses, sin que estos cumplan los mínimos requisitos técnicos, legales y de seguridad exigidos por el Viceministerio de Transporte.