Semana decisiva para que la fiscala Esmilda Álvarez presente imputaciones contra las personas que fueron reconocidas en varias imágenes en aquella madrugada del 1 de abril del 2017 cuando plantaron evidencias tras la muerte del joven dirigente liberal en el local del PLRA.

La agente del Ministe­rio Público Esmilda Álvarez, quien inves­tiga una posible frustración a la persecución penal por parte de varios adherentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), aquella madrugada del 1 de abril tras el crimen de Rodrigo Quin­tana, ya cuenta con el informe pericial realizado por el Labo­ratorio Forense del Ministerio Público de las nuevas imáge­nes que saltaron a la luz hace más de un mes donde se obser­van a varias personas plan­tando evidencias.

Con los resultados de la men­cionada pericia se aguardan las primeras imputaciones de las personas que fueron identificadas por los medios de comunicación y que fueron observadas claramente en las diversas imágenes.

Por ello esta semana es deci­siva para pasar a la otra etapa procesal, como las declara­ciones indagatorias. La peri­cia es clave para la prosecu­ción de la investigación, de las imágenes que no fueron suficientemente valoradas o mejor, que fueron obviadas por el Ministerio Público.

En las imágenes que tiene el Ministerio Público se obser­van que pocos minutos des­pués de caer la víctima, aque­lla madrugada del 1 de abril del 2017, varios adherentes empe­zaron a armar un esquema que posteriormente vendieron a los intervinientes.

En el pasillo, los adheren­tes, como Olga Paredes, Fer­nando Cáceres, Mabel Cantero, quien fuera chofer de Efraín Alegre, de nombre Osvaldo Sánchez, como el custodio del diputado Euse­bio Alvarenga, el suboficial Juan Ramón Garcete, entre otras personas aún no iden­tificadas, alteraron la escena del crimen, plantando vaini­llas para luego ser levantadas por Criminalística de la Poli­cía Nacional, como del Minis­terio Público.

Mientras esto pasaba en el pasillo, en el primer piso, el hijo del presidente liberal Efraín Alegre Irún encabe­zaba junto con Stiven Patrón la maquinaria para cambiar todas las CPU de la oficina de líder del PLRA, para llevarlas a otras oficinas.

No se puede obviar la actua­ción del suboficial Arnaldo Andrés Báez, quien prácti­camente fue un aliado de los liberales, tras el crimen, ya que primeramente mani­festó que fue torturado por los liberales, sin embargo solo se observa que le rodearon, por lo que entregó su escopeta a su camarada Juan Garcete, custodio del diputado Euse­bio Alvarenga. Posterior­mente tuvo tiempo para ir hasta la guardia de la Coman­dancia de la Policía Nacional y luego volver a la sede liberal, para quedarse en la oficina de Efraín Alegre, armando así su coartada.

Pese a que los representantes de la hija y heredera de Rodrigo Quin­tana, Ana Mora y Fabián Ramírez Mora, tienen prioridad en el pro­ceso, la otra querella encabezada por Guillermo Duarte Cacavelos, que supuestamente representa a los padres de la víctima, pero que en rea­lidad es del PLRA, no quiere apartarse del caso, ya que lo suyo es mera­mente político, como lo ha demostrado en su acusación, que lo pone de víctima a quien le paga el sueldo, Efraín Alegre, presidente azul.

Durante la última revisión de medidas del acusado Gustavo Florentín, la fiscala Marlene González salió a defender a su amigo Duarte Caca­velos y lo mandó al frente a los abogados Víctor Raúl y Ricardo Estiga­rribia y de la otra querella Fabián Ramirez y Ana Mora, ya que supues­tamente han vapuleado a los agentes del Ministerio Público por los medios de prensa y que el caso se convirtió en algo mediático.