Empresas del expresidente Mario Abdo Benítez y su entorno familiar acumularon millonarias ganancias durante el mandato del exjefe de Estado. Particularmente fueron los años más duros de la crisis económica y sanitaria generada por la pandemia de coronavirus cuando los negocios del exmandatario y su familia crecieron.
- Por Juan Carlos Lezcano F.
Mientras, miles de compatriotas lloraban la muerte de sus familiares, vendían todo lo que tenían por un poco de salud o quedaban sin puestos de trabajo como consecuencia de la crisis económica, las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez experimentaron millonarios crecimientos en sus ingresos y en sus utilidades en plena pandemia del coronavirus. A ello hay que sumar el millonario contrato de arriba que cayó a una empresa ligada a Flavio Enrique “Kike” Santander, concuñado del exmandatario.
El expresidente y su círculo cercano quedaron bajo la lupa por irregularidades cometidas durante su mandato, destacándose el crecimiento exponencial de sus empresas y un polémico contrato entregado en plena pandemia a una firma vinculada a su concuñado. Ambos casos exponen la falta de transparencia y posibles favoritismos en el uso de recursos públicos durante una de las crisis sanitarias más graves en la historia del país.
EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS EMPRESAS DE ABDO
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) detalla cómo las empresas del expresidente experimentaron su mayor prosperidad en plena crisis sanitaria y económica. Los datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) revelan que Aldia SA, una de las empresas de Abdo, pasó de declarar utilidades por G. 1.492 millones en 2014 a registrar ingresos brutos de G. 408.082 millones y utilidades de G. 92.647 millones en 2021, lo que representa un incremento del 6.109 %.
El pico de crecimiento coincidió con los años más críticos de la pandemia, cuando miles de paraguayos perdieron empleos y el país enfrentaba serias dificultades económicas. En 2020, mientras las restricciones por el covid-19 afectaban a la economía general, las utilidades de Aldia SA crecieron un 175 % en comparación con 2018, triplicando sus ganancias. Este crecimiento plantea interrogantes sobre la gestión de las empresas del exmandatario y el origen de los recursos que alimentaron su expansión.
Seprelad, Tributación y la Fiscalía tienen pendiente investigar cómo se amasó esta fortuna y el destino final de los ingresos ocultados por Abdo Benítez a través de distribuidoras de asfalto y otras actividades.
UN CONTRATO CUESTIONADO CON COPACO
Mientras sus empresas florecían, la administración Abdo también enfrentó denuncias sobre contratos irregulares entregados a personas cercanas. Entre los más polémicos está el caso de un acuerdo de G. 5.852 millones otorgado por Copaco, a través de su filial Vox, a Bizcom SA, una firma representada por Flavio “Kike” Santander, concuñado del expresidente.
En febrero de 2020, en el inicio de la pandemia, Copaco firmó un convenio con el Ministerio de Salud Pública para implementar un sistema de contact center destinado al rastreo de contactos de covid-19. El contrato fue financiado con un adelanto de G. 3.239 millones y contemplaba 100 posiciones de call center a un costo de G. 7.315.200 por posición, distribuidos en un plazo de ocho meses. Sin embargo, Copaco subcontrató estos servicios de forma directa, a través de Vox, a Bizcom SA, evitando un llamado a licitación y violando la Ley n.° 2051 de Contrataciones Públicas.
Bizcom SA, empresa vinculada a Santander, proporcionaría servicios tecnológicos bajo la marca Simplifi. Santander, quien está casado con Adriana López Moreira, hermana de la ex-primera dama Silvana López Moreira, se benefició de un contrato de cinco años renovables que incluía cláusulas de confidencialidad, obstaculizando el acceso público a los detalles del acuerdo.
IRREGULARIDADES EN LA SUBCONTRATACIÓN
El uso de Vox como intermediaria para evadir controles también infringió la normativa vigente, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había ordenado que los contratos entre Copaco y Vox debían seguir los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas. A pesar de que Copaco tenía experiencia en proveer servicios de call center a instituciones como Hacienda, IPS y la UNA sin recurrir a terceros, optó por incluir a Bizcom SA en el contrato, lo que alimentó sospechas de posibles intereses personales detrás de la decisión.
La falta de transparencia también es evidente en la utilización de un contrato directo, con precios sujetos a variación y sin llamado a licitación, amparado en cláusulas de confidencialidad que dificultaron la rendición de cuentas. Estas acciones han generado preocupación sobre el uso de recursos públicos en un momento en que el país enfrentaba una emergencia sanitaria sin precedentes.
UN PATRÓN DE NEGOCIOS CON EL ESTADO
El contrato con Bizcom SA no fue el único vínculo de Santander con el Estado paraguayo. En 2019, lideró una delegación empresarial interesada en invertir en minería en Paraguay y, más recientemente, participó en la presentación de soluciones tecnológicas de Copaco durante la Expo de Mariano Roque Alonso. Estos antecedentes refuerzan las críticas sobre posibles conflictos de interés y favoritismos en los contratos otorgados durante la administración de Abdo Benítez.
Ambos casos, el crecimiento de las empresas del expresidente y el contrato con Bizcom SA, reflejan patrones de opacidad y manejo irregular de recursos públicos durante el gobierno de Abdo Benítez. Mientras la Fiscalía y otros organismos de control avanzan lentamente en las investigaciones, la ciudadanía sigue esperando respuestas sobre la gestión de fondos en un período crítico para el país. La sensación de impunidad y la falta de celeridad judicial continúan debilitando la confianza en las instituciones públicas y el compromiso con la transparencia gubernamental.