Mientras gasta millones para celebrar Año Nuevo, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no solo evita pagar salarios de los funcionarios municipales, sino que sigue esquivando a la Justicia. El jefe de la comuna esteña sigue sin responder ante la Justicia por el millonario desvío de fondos en plena pandemia para kits alimentarios que nunca llegaron.
- Unidad de Investigación Nación Media
El desvío de fondos públicos en la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión del intendente Miguel Prieto sigue siendo un caso emblemático de corrupción e impunidad en Paraguay. A pesar de las graves denuncias, los responsables continúan evitando enfrentar las consecuencias legales. El esquema involucra la adjudicación irregular de contratos millonarios para la provisión de kits de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, en lo que parece haber sido un montaje para desviar recursos públicos. La trama alcanzó niveles de opulencia cuando una de las acusadas adquirió una lujosa propiedad en un exclusivo barrio cerrado.
KITS DE ALIMENTOS QUE NUNCA LLEGARON
La investigación del Ministerio Público señala que, en marzo de 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para la adquisición de 25.000 kits de alimentos, con un costo total de G. 1.769.790.000. Según la imputación, esta operación, encabezada por el intendente Miguel Prieto, resultó en un perjuicio económico significativo para la comuna.
La empresa adjudicada, Tía Chela SRL, presentó una oferta de casi G. 3.000 millones, pero las irregularidades comenzaron a surgir rápidamente. La Fiscalía sostiene que Tía Chela no contaba con el inventario necesario para cumplir con el contrato ni con la capacidad financiera, técnica o experiencia para manejar una licitación de esa magnitud. Además, no se presentó documentación que demostrara la capacidad de la empresa para proveer los bienes ofertados de forma inmediata.
Los documentos indican que la municipalidad realizó dos pagos: uno el 27 de marzo de 2020 por G. 1.769.790.000, correspondiente a 15.000 kits, y otro el 13 de abril de 2020 por los 10.000 kits restantes. Sin embargo, la Fiscalía asegura que estos kits nunca fueron entregados en su totalidad, lo que configura un claro caso de defraudación.
EL PAPEL DE VANEMI SA EN EL ESQUEMA
Una pieza clave del entramado es Emili Vanessa Florentín Páez, asesora jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este y propietaria de la firma Vanemi SA. Según la acusación, Florentín Páez jugó un papel central en la simulación de entregas y operaciones ficticias para encubrir la falta de provisión de los kits. Vanemi SA, que actuó como subproveedora de Tía Chela SRL, emitió facturas por un total de G. 692.155.023, justificando compras que nunca se realizaron.
La Fiscalía descubrió que las transacciones de Vanemi SA formaban parte de un esquema fraudulento que incluía la emisión de facturas falsas y la participación de al menos cuatro subproveedores ficticios. Estas maniobras sirvieron para simular cadenas de compraventa inexistentes, engañando a las autoridades municipales y justificando el desvío de recursos públicos.
Además, Fermín Ávalos Britos, representante legal de Tía Chela, facilitó la estructura de su empresa para concretar la ficticia adquisición de los kits. Según los investigadores, Ávalos presentó una oferta el 23 de marzo de 2020, a pesar de saber que no contaba con los recursos necesarios para cumplir con el contrato. A pesar de ello, obtuvo la adjudicación y recibió los pagos correspondientes, sin entregar las mercaderías acordadas.
UNA CASA DE LUJO EN EL PARANÁ COUNTRY CLUB
El caso toma un giro aún más escandaloso con la adquisición de una lujosa propiedad en el Paraná Country Club, valorada en USD 370.000 (aproximadamente G. 3.000 millones). Según la investigación, esta casa fue comprada por Vanemi SA en 2019, justo cuando la empresa comenzó a recibir contratos millonarios de la Municipalidad de Ciudad del Este.
La Fiscalía argumenta que esta adquisición es un indicio del uso indebido de los recursos públicos desviados mediante el esquema fraudulento. La lujosa residencia se suma a las pruebas de enriquecimiento ilícito por parte de las personas vinculadas al esquema de corrupción.
Además de Miguel Prieto y Emili Vanessa Florentín Páez, otras personas están implicadas en este entramado. Entre los procesados figuran Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo y Fermín Ávalos Britos. La Fiscalía los acusa de participar en un esquema que causó un perjuicio total de G. 2.130.036.160, afectando gravemente las finanzas públicas en un momento crítico para la población.
La imputación detalla cómo estas personas colaboraron en la adjudicación irregular de contratos, la emisión de facturas falsas y la simulación de entregas de productos. El caso representa un ejemplo de cómo el desvío de recursos públicos puede agravarse en contextos de emergencia, cuando las necesidades de la población son más apremiantes.
IMPUNIDAD Y FALTA DE RESPUESTAS
A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el caso sigue sin resolverse en los tribunales, lo que alimenta la percepción de impunidad en torno a la gestión de Miguel Prieto. Mientras otros casos similares, como el desvío de fondos en la Gobernación de Central por Hugo Javier González, ya llegaron a condenas ejemplares, las irregularidades en Ciudad del Este permanecen estancadas.
La falta de acción por parte de las autoridades judiciales y la opacidad en el manejo de los fondos públicos generan serias dudas sobre la rendición de cuentas en la gestión de Prieto. Además, el impacto de estas irregularidades trasciende el ámbito legal, ya que los recursos desviados estaban destinados a atender a los sectores más vulnerables durante la pandemia.
UNA DEUDA DE LA JUSTICIA
El caso de los kits de alimentos no entregados y las operaciones ficticias en Ciudad del Este pone de manifiesto las debilidades del sistema de control y transparencia en la administración pública. Con más de G. 2.100 millones de fondos públicos comprometidos en un esquema fraudulento, la necesidad de justicia y rendición de cuentas es imperativa.
La ciudadanía de Ciudad del Este espera respuestas claras y acciones concretas para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Este caso no solo afecta la credibilidad de la gestión municipal, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el uso de los recursos públicos.