La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero del Congreso paraguayo celebró su última sesión del año este miércoles, marcando el cierre de un periodo cargado de tensiones, denuncias y elocuentes discrepancias entre sus miembros.
En este espacio, los senadores Gustavo Leite, Dionisio Amarilla y Colym Soroka dejaron en evidencia no solo la profundidad de las irregularidades detectadas, sino también las complejidades y desafíos que persisten en el camino hacia la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El senador colorado Gustavo Leite fue contundente en su intervención, calificando las operaciones de ciertas organizaciones sin fines de lucro como un ejemplo alarmante de mal manejo de fondos públicos. Leite detalló que en el marco de convenios internacionales con USAID y la Unión Europea, un total de USD 67 millones fue entregado a ONGs paraguayas para proyectos destinados a mejorar la democracia y la educación. Sin embargo, según el legislador, los resultados están lejos de justificarse:
“Si uno abre las páginas de los medios tan prestigiosos que tenemos en el país, nos damos cuenta que ni la democracia mejoró, según los propios editoriales, y nos damos cuenta que la educación empeoró”.
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Leite señaló además que un 60-65% del monto se destinó a cubrir salarios y honorarios, lo que, a su juicio, constituye “la mayor dilapidación de fondos innecesarios en la historia de las organizaciones sin fines de lucro del Paraguay”. En este contexto, el legislador propuso recurrir a la vía judicial para obtener información que, según él, fue retenida por estas organizaciones. La intención, aseguró, es garantizar que la ciudadanía conozca el destino exacto de los recursos mal utilizados.
La propuesta de Leite fue aprobada en la sesión, lo que marcará una nueva etapa en la búsqueda de información durante el próximo año, una vez que concluya el receso judicial.
Por su parte, Leite también volvió a defender la transparencia de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, una organización en la que ocupó el cargo de tesorero hasta 2022. Leite aseguró que dicha ONG entregó todos los documentos requeridos por la comisión desde 2018 hasta 2023 y que estos ya se encuentran disponibles para consulta pública en la web del Senado. Además, subrayó que la asociación opera bajo un modelo de voluntariado, sin asignar recursos al pago de salarios:
“Confirmamos que desde el 2018 al 2023, y les aseguro que en el 2024 también, el rubro de salarios para la gente que trabaja en la asociación ha sido y va a seguir siendo cero”, sostuvo.
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Además, Leite llamó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a verificar la información disponible para confirmar su transparencia.
Mientras tanto, el senador Colym Soroka puso sobre la mesa un tema que, a su juicio, ha quedado relegado en las investigaciones de la comisión: los casos emblemáticos que, según él, fueron “guardados bajo la alfombra”. Soroka criticó la falta de avances en asuntos claves relacionados con el lavado de dinero y las operaciones financieras de entidades bancarias, que, según sus declaraciones, no han recibido el escrutinio necesario.
El cierre de la sesión estuvo marcado por la aprobación de propuestas clave, como la insistencia en la vía judicial para obtener información de las organizaciones investigadas y la inclusión de casos emblemáticos en la agenda del próximo año. Sin embargo, los desafíos que enfrenta la comisión son enormes, y el camino hacia la transparencia sigue plagado de obstáculos.
El balance de este periodo de trabajo es crítico. Mientras que algunos miembros de la comisión ponen el foco en las ONGs, otros señalan a entidades bancarias y judiciales como responsables directos de maniobras ilícitas. Las posiciones reflejan la magnitud del problema: un entramado complejo de corrupción y lavado de dinero que involucra a actores de diferentes sectores y que ha dejado un impacto profundo en la confianza ciudadana.
La Comisión Bicameral de Investigación concluye el año con más preguntas que respuestas. Para el próximo periodo, el desafío será no solo avanzar en las investigaciones pendientes, sino también garantizar que los resultados se traduzcan en acciones concretas que impulsen la transparencia y fortalezcan la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país. El tiempo dirá si este esfuerzo se convierte en un motor de cambio o si, como tantas veces en Paraguay, quedará como un capítulo más de promesas incumplidas.