Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) pone al descubierto una preocupante serie de irregularidades en la administración y control de recursos públicos transferidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) a entidades sin fines de lucro. El ente detectó pagos al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) por cursos que no se realizaron, documentos no presentados y una larga lista más de irregularidades. El informe corresponde a transferencias de dinero público por parte de la mencionada cartera a cargo de la exministra Carla Bacigalupo y confirman montos siderales ya que solo en el 2021 esta institución presupuestó transferencias a oenegés por G. 32.783 millones.

• Unidad de Investigación Nación Media

Cursos pagados pero que no se hicieron, rendiciones de cuen­tas que se presentaron fuera de tiempo o que directamente no fueron entregadas, aseso­ramientos de los que exis­ten evidencias. Estas son tan solo algunas de las numero­sas irregularidades detecta­das por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) en el manejo de fondos públicos entregados a organizaciones que se dicen sin fines de lucro como la fundación CIRD y otras oenegés más.

La CGR entregó las conclusio­nes de la auditoría de cumpli­miento realizada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS). En con­creto, el informe hace análi­sis sobre aportes a entidades sin fines de lucro y con fines de bien social cuyas transferen­cias ascendieron a G. 32.783 millones solo en el ejercicio fiscal 2021. El mayor privile­giado fue el CIRD que se benefi­ció con el 47 % del presupuesto, aunque los documentos abar­can a media docena de oenegés.

Entre las principales irregu­laridades detectadas, la CGR señala que el MTESS no noti­ficó a las entidades benefi­ciarias sobre los retrasos en la presentación de sus ren­diciones de cuentas, incum­pliendo lo dispuesto en la Ley n.º 6672/21. Además, el minis­terio aceptó planillas de rendi­ción de cuentas sin la debida presentación ante la Contralo­ría, ignorando normas legales que exigen transparencia en el uso de los fondos públicos.

En términos financieros, las omisiones del MTESS son alarmantes. Por ejemplo, se desembolsaron G. 246 millo­nes a la fundación CIRD para supervisiones que quedaron muy por debajo de las metas establecidas en los conve­nios. Asimismo, se tercerizó un servicio de supervisión por un monto superior a G. 461 millones, a pesar de que el ministerio cuenta con una dependencia interna para realizar esta tarea, violando disposiciones legales.

El documento revela, ade­más, que el MTESS desem­bolsó G. 1.789 millones para la realización de cursos en Ita­púa, Misiones, Alto Paraná y Paraguarí. Sin embargo, no se visualizó un desglose deta­llado del costo de los cursos, junto con otros elementos críticos de evaluación, lo que hubiera permitido verificar la razonabilidad y sustentabili­dad de estos.

El informe también señala que varias entidades beneficiarias presentaron presupuestos incompletos o inconsisten­tes, que fueron aceptados por el MTESS sin mayores obser­vaciones.

La Contraloría detectó que G. 124 millones destina­dos a la realización de cinco talleres fueron utilizados de manera irregular, ya que solo se realizaron tres, sin documentación que respal­dara las actividades realiza­das. De manera similar, G. 239 millones transferidos para asesorar a mipymes carecen de evidencia que acredite el cumplimiento de las activi­dades previstas, como lista­dos de empresas beneficiadas con datos esenciales.

El informe de la CGR no solo expone un manejo negligente, sino que plantea serias interrogantes sobre la ética y el compromiso con la correcta administración de recursos públicos. Ade­más, se suma a la larga lista de denuncias con respecto al festín de fondos públicos administrados por las orga­nizaciones que se dicen sin fines de lucro.