Finalmente fue promulgada la ley que establece controles a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en incidencia directa sobre instituciones públicas o cuestiones de interés general. Todo el proceso legislativo tuvo que lidiar con una campaña de desinformación por parte de quienes utilizan las oenegés para hacer política partidaria o lucrar con ellas.
- Unidad de Investigación Nación media
Luego de meses de vueltas en el circuito legislativo y a pesar de una fuerte campaña de desinformación, finalmente el Poder Ejecutivo promulgó la ley que establece una serie de controles a las organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente en incidencia en instituciones públicas o cuestiones de interés general. La oposición más férrea a la nueva legislación provino de sectores que utilizaron las supuestas organizaciones sin fines de lucro para recibir millonarios fondos o directamente hacer campaña proselitista.
La nueva ley establece que todas las asociaciones, fundaciones, oenegés, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.
Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos.
Las OSFL también estarán obligadas a presentar informes semestrales al Ministerio de Economía. Los organismos del Estado, municipalidades y entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.
MILLONARIOS NEGOCIOS
Un claro ejemplo de cómo algunas oenegés se han beneficiado de fondos millonarios es la dupla de excandidatos de la Concertación Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de oenegés, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.
Koga Impact Lab, fundada por Defelippe en 2015 con una f inanciación inicial de USD 900 mi l del Fondo Mult ilateral de Inversiones (Fomin) del BID y USD 700 mi l de contrapartida local, es el centro de esta red. De Koga surgen múltiples ent idades como la A sociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, empresas cerebro de proyectos en torno a inst ituciones públicas, con los que los únicos benef iciados son el selecto entorno de la pareja.
G. 12 BILLONES EN AÑO ELECTORAL
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reveló que en el año electora l 2023 las oenegés movilizaron sumas millonarias. Los fondos, concentrados en grandes corporaciones , parecen haber beneficiado principalmente a sus directivos y socios con altos honorarios, eclipsando la misión de esta s organizaciones de servir a la sociedad civil .
Los informes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) han expuesto cifras sorprendentes, especialmente en oenegés vinculadas a figuras políticas. A pesar de la falta de transparencia en el f lujo de información, se destaca un monto impresionante: G. 12,6 billones (USD 1.700 millones), similar al presupuesto anual de los Ministerios de Obras Públicas y Salud.
NEGOCIO FAMILIAR
Las investigaciones de Nación Media revelaron también la manera en la que las oenegés fueron utilizadas para asegurar seguro social para algunos de los " luchadores” anticorrupción haciéndolos figurar con sueldos muy por debajo de lo que realmente cobraban.
Tal es el caso de Francisco Alcaraz Díaz, coordinador de Más Ciudadanía, Menos Corrupción, una organización que aglutina a varias oenegés que dicen perseguir hechos de corrupción con una característica selectividad política, fungió ser un modesto asalariado de su contadora para beneficiarse con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, en la realidad resultó tener un contrato asegurado por G. 792 millones hasta el 2025.
Agustín Carrizosa en connivencia con el gobierno de Mario Abdo Benítez hizo un festín con fondos de proyectos sensibles de recuperación pospandemia financiados por el Estado, es decir, por todos los contribuyentes de este país. Es así que, a través de su ONG Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Carrizosa repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Ber ta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. No se visualiza impacto de estos gastos, más que el bolsillo de los involucrados.