Finalmente fue promulgada la ley que establece controles a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en incidencia directa sobre instituciones públicas o cuestiones de interés general. Todo el proceso legislativo tuvo que lidiar con una campaña de desinformación por parte de quienes utilizan las oenegés para hacer política partidaria o lucrar con ellas.

• Unidad de Investigación Nación media

Luego de meses de vueltas en el cir­cuito legislativo y a pesar de una fuerte campaña de desinfor­mación, finalmente el Poder Ejecutivo pro­mulgó la ley que esta­blece una serie de controles a las organi­zaciones no guberna­mentales que trabajan directamente en inci­dencia en instituciones públicas o cuestiones de interés general. La oposición más férrea a la nueva legislación pro­vino de sectores que utilizaron las supues­tas organizaciones sin fines de lucro para reci­bir millonarios fondos o directamente hacer campaña proselitista.

La nueva ley establece que todas las asociacio­nes, fundaciones, oene­gés, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o pri­vados, tanto naciona­les como internacio­nales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier enti­dad que reciba o admi­nistre fondos relaciona­dos con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, munici­palidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la iden­tidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respalda­torios. Además, deberán mantener una lista deta­llada de todos los profe­sionales y personal con­tratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos.

Las OSFL también esta­rán obligadas a presen­tar informes semes­trales al Ministerio de Economía. Los organis­mos del Estado, muni­cipalidades y entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.

Un claro ejemplo de cómo algunas oenegés se han beneficiado de fondos millonarios es la dupla de excandida­tos de la Concertación Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente constru­yeron una red de nego­cios bajo la apariencia de oenegés, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de orga­nismos multilaterales y contrapartidas estata­les, destinando fondos a consultorías y empren­dimientos que benefi­cian a un selecto grupo de amigos.

Koga Impact Lab, fun­dada por Defelippe en 2015 con una f inancia­ción inicial de USD 900 mi l del Fondo Mult i­lateral de Inversiones (Fomin) del BID y USD 700 mi l de contrapar­tida local, es el centro de esta red. De Koga sur­gen múltiples ent ida­des como la A sociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, empresas cerebro de proyectos en torno a inst itucio­nes públicas, con los que los únicos benef iciados son el selecto entorno de la pareja.

La Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT) reveló que en el año electora l 2023 las oenegés movi­lizaron sumas millona­rias. Los fondos, con­centrados en grandes corporaciones , pare­cen haber beneficiado principalmente a sus directivos y socios con altos honorarios, eclipsando la misión de esta s organizacio­nes de servir a la socie­dad civil .

Los informes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) han expuesto cifras sorpren­dentes, especialmente en oenegés vinculadas a figuras políticas. A pesar de la falta de transparen­cia en el f lujo de infor­mación, se destaca un monto impresionante: G. 12,6 billones (USD 1.700 millones), similar al presupuesto anual de los Ministerios de Obras Públicas y Salud.

Las investigaciones de Nación Media revelaron también la manera en la que las oenegés fueron utilizadas para asegu­rar seguro social para algunos de los " lucha­dores” anticorrupción haciéndolos figurar con sueldos muy por debajo de lo que realmente cobraban.

Tal es el caso de Fran­cisco Alcaraz Díaz, coor­dinador de Más Ciudada­nía, Menos Corrupción, una organización que aglutina a varias oene­gés que dicen perseguir hechos de corrupción con una característica selec­tividad política, fungió ser un modesto asala­riado de su contadora para beneficiarse con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, en la rea­lidad resultó tener un contrato asegurado por G. 792 millones hasta el 2025.

Agustín Carrizosa en connivencia con el gobierno de Mario Abdo Benítez hizo un festín con fondos de proyec­tos sensibles de recu­peración pospande­mia financiados por el Estado, es decir, por todos los contribuyen­tes de este país. Es así que, a través de su ONG Centro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD), Carrizosa repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Brads­haw, a su pareja María Ber ta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrup­ción, Carlos Francisco Alcaraz. No se visualiza impacto de estos gastos, más que el bolsillo de los involucrados.