En un documento de apenas 20 páginas, un grupo de fiscales solicitó de manera exprés la desestimación de una denuncia por daño patrimonial de más de G. 1 billón cometido durante la administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, puesto en el cargo por el expresidente Mario Abdo. Debían usar dinero de los asegurados para construir hospitales que nunca se hicieron, y con el desistimiento podrían sentar un blanqueo sin precedentes en el que el principal beneficiado es el extitular del ente.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Un giro inesperado ha causado indig­nación en Para­guay: el equipo de fiscales Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitó al Juzgado Penal de Garantías la desesti­mación de una denuncia por el presunto desfalco de G. 1 billón de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Esta deci­sión, tomada sin esperar una auditoría en curso, deja en el aire serias sos­pechas de corrupción y malversación en uno de los casos más graves en la his­toria del sistema de salud paraguayo.

La denuncia contra Vicente Bataglia, exadmi­nistrador del IPS, y varios colaboradores se inició en setiembre de 2023 tras la presentación de tres informes de la Contralo­ría General de la Repú­blica, dirigidos al IPS y al Ministerio Público, que alertaban sobre un posi­ble perjuicio patrimonial masivo. Los documentos detallan irregularidades en el manejo de fondos des­tinados a infraestructura hospitalaria y reportan el desvío de grandes sumas para obras inexistentes o inconclusas en varias loca­lidades del país.

La solicitud de desestima­ción por parte de los fisca­les sorprende no solo por el monto involucrado, sino también por el momento en que se presenta, sin tomar en cuenta los resultados finales de la auditoría en proceso, que son claves para esclarecer los hechos.

Una vez más se ha revelado la opacidad en la gestión de fondos públicos durante el gobierno anterior. Durante la administración de Vicente Bataglia, un fidei­comiso con el banco Atlas fue creado para financiar proyectos de infraestruc­tura en salud. Parte de estos fondos, aproxima­damente G. 828 mil millo­nes, debía destinarse a la construcción de un hospi­tal oncológico que nunca se concretó y se ha convertido en símbolo de la presunta corrupción en el IPS.

De acuerdo con un informe preliminar de auditoría, la administración de Bataglia realizó múltiples desem­bolsos bajo el pretexto de mejoras y construcciones en centros de salud. No obstante, al verificar la ejecución de las obras, se constató que muchas son ficticias o están incomple­tas, y que el dinero desti­nado a ellas ha desapare­cido.

La auditoría interna del IPS, detallada en un informe de 448 páginas, documenta 21 hallazgos de obras inexistentes y 16 proyectos inconclusos, con pagos injustificados y certificaciones de obras no ejecutadas. Las inspec­ciones en centros de salud de localidades como Pedro Juan Caballero, Concep­ción, Encarnación y San Juan Bautista revelaron que las supuestas mejoras y ampliaciones, en muchos casos, simplemente no existían.

Por ejemplo, en el Hospi­tal Regional de Pedro Juan Caballero se detectó una diferencia de G. 280.819.500 entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. Situaciones similares se observaron en el Hospi­tal Regional de Concep­ción (G. 28.268.172), en la Agencia Administrativa de Caaguazú (G. 24.672.948) y otros centros de salud en el país. Las discrepancias totales alcanzan cifras alarmantes, lo que cues­tiona el control del banco Atlas, encargado de ges­tionar los fondos del fidei­comiso.

Los auditores del IPS hallaron un panorama desolador en los centros de salud donde, en teoría, se había invertido el dinero del fideicomiso. Las insta­laciones presentan techos dañados, paredes con fil­traciones, ventanas rotas, caños deteriorados y siste­mas de desagüe incomple­tos. Además, existen áreas inoperativas que en los pla­nos originales figuraban como operativas.

En algunos casos, los cen­tros apenas están en con­diciones de prestar servi­cios básicos, lo que pone en riesgo tanto a los pacientes como al personal médico. Esta situación ha impac­tado directamente en la calidad de atención a los asegurados del IPS, quie­nes ven su acceso a una atención digna y oportuna seriamente afectado. La promesa del hospital onco­lógico, que habría benefi­ciado a pacientes con cán­cer, sigue siendo solo una ilusión.

La desestimación de esta denuncia podría tener un efecto devastador en la confianza pública en el sistema de justicia para­guayo. Los asegurados del IPS, quienes depen­den de una cobertura médica eficiente y de cali­dad, han sido los princi­pales afectados por este desfalco, ya que los fondos malversados estaban destinados a mejorar la infraestructura de salud y construir un hospital oncológico que nunca se llevó a cabo.

Familiares de pacientes oncológicos, indignados por la situación, han exi­gido justicia y demandan explicaciones sobre el des­tino del dinero que podría haber salvado vidas. La omisión de la Fiscalía en este caso plantea la posi­bilidad de que los respon­sables queden impunes, lo cual sería un duro golpe a la lucha contra la corrup­ción en Paraguay.

Ante la presión social y política, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de revisar la solicitud de desestimación y evaluar todos los elementos proba­torios, incluidos los resul­tados finales de la audito­ría pendiente. Este caso, que muchos han califi­cado como “la corrup­ción del siglo” en Para­guay, subraya la urgencia de fortalecer los mecanis­mos de control y transpa­rencia en el uso de fondos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la salud.

El destino de los fondos del IPS no solo representa una cifra en un informe financiero; es un sím­bolo del derecho de los paraguayos a una salud digna y un recordatorio de la responsabilidad de las autoridades en prote­ger el bienestar de los ciu­dadanos.