El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan. Foto: Archivo
Titular de CBI cuestiona falta de claridad sobre operaciones financieras
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El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) contra el lavado de activos, posteo un tuit en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados del Banco Atlas no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.
Según Amarilla, los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.
Otro punto crítico planteado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a 5 millones de dólares por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, durante un período de tres meses en 2013. Estos fondos, de acuerdo con el Dr. Claudio Lovera, habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en Banco Atlas.
Sin embargo, los abogados de la institución bancaria no respondieron de forma concluyente a las preguntas sobre el origen y destino de estos depósitos, alegando en varios casos “amnesia” sobre los detalles. La falta de explicaciones ha incrementado las sospechas y mantiene viva la controversia.
La CBI también llamó la atención sobre una aparente irregularidad en la autorización para realizar pagos contra el fideicomiso, involucrando a funcionarios no habilitados. Según la denuncia, el director de Mantenimiento del Instituto de Previsión Social (IPS) habría ordenado pagos sin ser una de las personas autorizadas para manejar dichos fondos.
Los abogados del banco intentaron justificar esta situación aludiendo a un supuesto cambio en el organigrama del IPS, aunque no contaban con documentación que respaldara dicha modificación. Esta falta de respaldo alimenta las dudas en torno a los procedimientos de supervisión interna del banco.
Las respuestas evasivas de los representantes de Banco Atlas según Amarilla, sumadas a la falta de documentación en ciertos temas, han suscitado duras críticas de parte de la CBI. El titular de la CBI enfatizó que la falta de transparencia en estos puntos clave es preocupante, especialmente en un contexto donde el país enfrenta una creciente vigilancia financiera. Las grabaciones del encuentro, que presuntamente registraron estos momentos de evasión, son vistas como evidencia de una postura ambigua del banco ante preguntas concretas y puntuales.
El senador Gustavo Leite indicó que en la reunión entre representantes de una entidad bancaria y la CBI se analizaron los casos de Cabeza Branca, Conmebol e IPS. Foto: Gentileza
Entidad bancaria dejó con interrogantes a la CBI, señaló Gustavo Leite
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El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.
“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.
Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.
“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.
Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.
“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).
El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.
Metrobús: reiteran negligencia de Abdo y Wiens al suspender obras
El abogado Tarek Tuma, defensor del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, reafirmó que el caso Metrobús no puede atribuirse a su cliente, ya que la paralización de las obras se dio durante la administración de Mario Abdo Benítez y el entonces ministro de Obras, Arnoldo Wiens.
Tuma destacó que las obras del proyecto estaban respaldadas por el BID durante la administración de su cliente y que todos los actos del ministro Ramón Jiménez Gaona (su cliente) contaron con el aval de los organismos supervisores. “La decisión de detener y desmantelar la obra fue unilateral y carece de fundamento. Jiménez Gaona entregó el proyecto en un avance del 18 % sin objeciones, y bajo su gestión todo estuvo convalidado por el BID y otros entes competentes”, afirmó.
Blanqueo a Bataglia: IPS entregó a Fiscalía auditoría de posibles irregularidades
El abogado José González Maldonado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Anuncian un fin de semana caluroso, húmedo e inestable
Para este viernes, la Dirección de Meteorología prevé una jornada con mucha humedad, cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables. Es alta la posibilidad de que se presenten lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.
En algunas áreas como en el Chaco, el cielo estará nublado y existe alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se anuncian temperaturas máximas de entre 28 °C y 32 °C, dependiendo de la región. El sábado será un día cálido a caluroso, persistirá el clima inestable en gran parte del país, con posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas.
Titular de CBI cuestiona falta de claridad sobre operaciones financieras
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el lavado de activos, posteo un tuit en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados del Banco Atlas no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.
Según Amarilla, los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.
El Racing de Costas supera al Corinthians y se anota para la gran final de Asunción
Racing Club de Argentina clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2024 al imponerse al Corinthians brasileño por 2-1, en el partido desquite de las semifinales que se jugó anoche en el estadio Presidente Perón en Buenos Aires.
En un partido vibrante, Yuri Alberto (6) puso en ventaja al conjunto paulista, pero el colombiano Juan Fernando Quintero (35, de penal, y 39), figura de la noche, dio vuelta la cuenta para el equipo argentino. El paraguayo Ángel Romero disputó el lance desde los 68′ en filas del elenco paulista. En la final a jugarse el 23 de noviembre en el estadio la Nueva Olla de Cerro Porteño, en Asunción.
La senadora Celeste Amarilla sigue publicando fotos abrazada con su amiga María Isabel Gavilán, representante de LF SA, empresa que alguna vez fue suya y que sigue recibiendo contratos con el Estado.
Senadora Amarilla votó por aumentos siendo parte interesada
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La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.
Juan Carlos Lezcano
Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.
El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.
En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.
Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.
Central y el interés de Celeste
El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.
Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.
Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.
De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.
En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.
LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavián y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.
Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Amarilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.
La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.
Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.
La propia Amarilla reconoce que las empresas proveedoras le deben dinero. Y en su papel de legisladora debe estudiar los presupuestos de las instituciones que contratan a las firmas que le deben dinero.
Central, siempre Central
Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.
De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accionaria.
De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.
El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.
Más y más intereses
Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).
Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la senadora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma representante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.
Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amarilla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como diputada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.
De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.
La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Central, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.
Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.
Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.
Tras la correspondiente votación sobre la propuesta de derogación, el documento no reunió los votos suficientes para su aprobación, siendo finalmente rechazado y archivado. Foto: Gentileza
La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, rechazó el proyecto de resolución que deroga la resolución que crea la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de hechos punibles de lavado de activos, contra el Estado, contrabando y otros delitos conexos, anulando las diligencias realizadas.
“Como integrante de la Comisión Bicameral debo comentar que hemos trabajado objetivamente, no hemos dictaminado nada aún, hasta ahora solo escuchamos a las personas, a la ciudadanía”, expresó el diputado Rodrigo Gamarra sobre la propuesta; el parlamentario fue proyectista de la creación de la CBI.
El objetivo central había sido analizar el nivel de transparencia sobre los fondos públicos desembolsados a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y la manera en la que utilizaron dichos fondos. Gamarra puntualizó que se pudo observar cómo varios actores políticos fueron financiados por las ONG.
“Hay informaciones que nos pasan los invitados, pero aún no dictaminamos para que no digan que hacemos persecuciones. Este pedido de derogación es infundado”, sentenció y catalogó además como absurdas ciertas denuncias sobre el estamento, al considerarlo como una herramienta antidemocrática.
La diputada Rocío Abed también se refirió en torno al proyecto, asegurando que “muchos no quieren que se destape la olla”. Consideró también como ridículo usar frases rebuscadas para intentar desacreditar el trabajo de la comisión, sobre la cual ratificó su nivel de constitucionalidad.
Tras la correspondiente votación sobre la propuesta de derogación, el documento no reunió los votos suficientes para su aprobación, siendo finalmente rechazado y archivado. Los parlamentarios del sector opositor, quienes apelaban a la derogación de la CBI, cuestionaron la legalidad de la comisión.
El proyecto que pretendía la derogación, en su exposición de motivos, afirma que no eran cumplidas las formalidades requeridas en la Ley N° 137/1993, y por la propia Carta Magna, debido a que no fue determinado, de manera clara, qué hechos iban a ser investigados.