El contrato fiduciario original firmado entre el IPS y la entidad bancaria responsable de administrar el fondo para la construcción de cuatro hospitales (solo dos se ejecutaron), fue liquidado y el dinero se desvió a otros fines que no fueron los aprobados por ley inicialmente. Las obras previstas no se completaron y las que sí se realizaron acumulan deudas. De las 40 licitaciones ejecutadas bajo el fideicomiso, la auditoría verificó dos y halló 21 obras fantasma.

• “LA CAJA NEGRA”

Una serie de irregula­ridades en el manejo de G. 828 mil millo­nes destinados a la cons­trucción de cuatro hospita­les llevó a la formulación de una denuncia penal y a una exhaustiva auditoría interna del Instituto de Previsión Social (IPS) que concluyó con un lapidario informe.

El contrato de fideicomiso, firmado en 2017 durante el gobierno de Horacio Cartes, mediante una ley que per­mitió este tipo de acuerdo, buscaba financiar la cons­trucción de un hospital hemato-oncológico, una policlínica, un Hospital Día, y la culminación del hospital de Ingavi. Sin embargo, un año después, en diciembre de 2018, ya bajo la administra­ción de Mario Abdo Benítez, se realizaron adendas al con­trato original, lo que permitió el uso de fondos para “otros centros de salud”, desvir­tuando el propósito inicial.

De los cuatro hospitales pre­vistos solo dos concluyeron pero sin haber pagado la totalidad a los proveedores, otro permanece inconcluso y el hospital hemato-oncoló­gico, ni siquiera se construyó. A pesar de ello, los recursos del fideicomiso se agotaron, sin que las obras previstas se finalicen. Pese a que la ley aprobada establecía cla­ramente los cuatro centros prioritarios para el destino del acuerdo de fiducia, el 77 % de los G. 828 mil millones se utilizaron en 40 licitaciones relacionadas con esos “otros centros de salud”, esto se con­cretó ya durante la adminis­tración abdista.

Entre 2022 y 2023 se reali­zaron los mayores desembol­sos del fideicomiso, pero no fueron destinados a las obras originales. La mala gestión de los fondos generó millonarias demandas contra el IPS, ya que, aunque algunas obras fueron realizadas, los pagos a las constructoras no se com­pletaron, lo que derivó en liti­gios judiciales. Las construc­toras, al no recibir sus pagos, entablaron demandas contra la institución.

En febrero de este año, una consultora privada realizó un análisis del contrato fidu­ciario, encontrando nume­rosas irregularidades en su ejecución. A partir de estos hallazgos, las autoridades actuales del IPS presenta­ron una denuncia penal ante la Fiscalía, abriendo una causa a cargo del fiscal Nés­tor Coronel. Posteriormente, de manera paralela, la Audi­toría Interna del IPS inició una investigación sobre dos de las 40 licitaciones realiza­das bajo la cláusula de “otros centros de salud”.

El informe de esta audito­ría, que concluyó la semana pasada y consta de 448 pági­nas, revela la existencia de 21 obras fantasma, así como un perjuicio económico de G. 1.600 millones. Este monto es la diferencia entre lo que cer­tificó y pagó, de lo que real­mente se ejecutó y puede verse a simple vista.

Actualmente, la Dirección de Auditoría del IPS está inves­tigando el contrato fiducia­rio original, para identificar a los responsables de la adenda que alteró el destino de los recursos.

Respecto a lo que dice el con­trato, en el punto 3 se aclara que la entidad financiera debe hacer la debida diligen­cia para cumplir con la finali­dad de la fiducia, y en el punto 2,4 se establece que el gerente de Infraestructura del IPS es el responsable de firmar las órdenes de pago, y si hay cam­bios, se debió comunicar 24 horas antes y con el aval del Consejo de Administración.

En ese sentido, la investigación detectó que los des­embolsos de los G. 828 mil millones fueron autoriza­dos por el gerente de man­tenimiento del IPS, en lugar del gerente de infraestruc­tura, tal como lo estipulaba el contrato. Este cambio en las órdenes de pago debió haber sido comunicado por escrito, pero no consta en ninguna documentación oficial.