Unidad de Investigación Nación Media

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judiciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Benítez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por filtraciones de secretos a punta de chicanas.

Lea más: Sector liberal busca “un nuevo Mesías” para guiar a la oposición, dice diputado

El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Marqués. Las audiencias del juicio oral y público debían iniciarse el pasado 1 de julio, sin embargo, fueron postergadas y debían iniciar este martes 22 de octubre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, este lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sentencia que debe entender en la causa de Giuzzio, postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopoderoso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domicilio particular, según documentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afrontará juicio.

Lea también: Raúl Cano Ricciardi fue nombrado embajador ante la ONU en Ginebra

Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Ministerio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los documentos que constan en la acusación presentada contra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicaciones con el narco brasileño en julio de 2021.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camio­neta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.

Podes leer: Sector liberal busca “un nuevo Mesías” para guiar a la oposición, dice diputado

Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuentas pendientes en la justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del período anterior están en la mira por numerosas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitular de Petropar, se convirtió en abril pasado en la primera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expresidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.

De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deudas de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Leé también: Raúl Cano Ricciardi fue nombrado embajador ante la ONU en Ginebra

Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudi­cado millonarias licitaciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de bene­ficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secre­taría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secreta­ría Anticorrupción René Fernández y a otras personas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denun­cia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), usurpación de fun­ciones públicas (art. 241 del CP) y asociación criminal.

El fiscal de la Uni­dad Anticorrup­ción Néstor Coro­nel pidió al juez de delitos Económicos Humberto Otazú desestimar la denuncia por prevaricato y persecución de inocen­tes, que se había presen­tado contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Con base a ele­mentos contundentes, ambos agentes habían presentado la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, por el caso de la filtración y fraguar información de inteligencia para usarlos como garrote político.

El pedido del agente fis­cal Coronel se detalla que ante el cúmulo de información obtenida, la representación fiscal se encuentra en condicio­nes de realizar un estudio acerca de las circunstan­cias fácticas que motiva­ron el inicio de la inves­tigación fiscal y ante todo lo analizado corres­ponde en derecho solici­tar la desestimación de la denuncia presentada con­tra los fiscales Cantero y Grisetti.

Igualmente menciona el requerimiento del Ministerio Público “se puede advertir que se obtuvie­ron copias de las diferen­tes resoluciones emana­das de la Fiscalía General del Estado respecto a la formación de equipos de trabajo desde los ini­cios de la investigación individualizada con n.º 6898/2023.

En esa situación se tiene informaciones relevan­tes y se observa que en todo momento hubo par­ticipación activa de todos los que conformaban el equipo de trabajo; es más, este equipo de tra­bajo no solo estuvo inte­grado por agentes fisca­les, sino en todo momento con la participación de la agente fiscal adjunta del área y por otros funciona­rios de menor jerarquía, pero con las condiciones técnicas necesarias para abordar las pesquisas que se fueron desarrollando con el correr del tiempo”, indica el pedido realizado al juez Humberto Otazú.

Ahora el referido magis­trado tendrá que anali­zar si corresponde archi­var la denuncia que se había presentado contra los dos agentes fiscales Aldo Cantero y Giovani Grisetti.

El diputado por Central, Rodrigo Gamarra, cuestionó los dichos del expresidente Mario Abdo, quien en un discurso político menospreció el coloradismo del actual mandatario Santiago Peña. Para el legislador, las acciones del jefe de Estado reflejan a la visión partidaria, mientras que el anterior gobierno, acumulan hechos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

“Un cuarto de colorado es aquel que desde el poder le robó a su gente con contratos amañados en plena pandemia, comprando agua tónica en vez de medicamentos, dejando a su pueblo indefenso. Un cuarto de colorado es el que permitió que la corrupción floreciera en cada rincón del Estado, un símbolo de la burla a la ciudadanía”, aseveró el diputado Gamarra.

En contacto con La Nación/Nación Media, el parlamentario indicó que si hay que poner una vara para medir el nivel de coloradismo de sus afiliados, un elemento importante es comparar las acciones y no limitarse a los discursos o “etiquetas vacías”. Según indicó el auténtico colorado lo demuestra en su nivel de compromiso a la ciudadanía.

Lea también: Las figuras de Alegre y Llano polarizaron por 15 años al PLRA, dice diputado

“El gobierno más corrupto de la historia del Paraguay que desayunaba, almorzaba y cenaba con Desirée (Masi) y los enemigos del Partido, con ministros narcotraficantes y cómplices de bandas delictivas en instituciones que debían combatirlas. Todo eso encabezado por Mario Abdo Benítez, quien es el que encarna lo que significa ser menos de medio colorado”, sostuvo.

En apenas un año de gestión, el gobierno de Santiago Peña ha logrado hitos históricos que no fueron alcanzados por la administración de Abdo, la cual califica como “corrupta y nefasta”, puesto que sus escasas políticas de Estado e ineficiente respuesta de su gobierno en tiempos de pandemia, no dieron a la ciudadanía la respuesta que necesitaban.

“Ser un colorado de verdad significa atender las necesidades del pueblo con responsabilidad y resultados. Y Santiago Peña con el programa Hambre Cero, el aumento de las recaudaciones y la renegociación del tratado de Itaipú entre otros, ha demostrado que su compromiso con el Paraguay va mucho más allá de las palabras, pero es difícil que ese concepto comprendan los que nos robaron mientras estábamos encerrados”, concluyó Gamarra.

Le puede interesar: Viceministerio de Trabajo aclara que no hay proyecto para eliminar estabilidad laboral

La Cámara de Apela­ción, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gustavo Aguade, confirmó la competencia de la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tras estar casi 5 meses trabado el pro­ceso penal que enfrenta el expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez y su gavilla por varios hechos punibles, que tienen que ver con el caso conocido como fil­tración de la Seprelad.

Igualmente, el tribunal de alzada otorgó seis meses más de tiempo al Ministe­rio Público para que pueda culminar la presente inves­tigación contra Marito y su exministros. El 11 de marzo de 2025 la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo que puede ser la acusación y el pedido de jui­cio oral y público o una salida procesal.

En el presente caso están imputados: Mario Abdo Bení­tez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauri­cio Espínola.

Los supuestos delitos come­tidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de ser­vicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial, inducción a un subor­dinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.