La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reveló que las organizaciones no gubernamentales registraron extraordinario movimiento financiero en pleno año electoral (2023). Siderales cifras se concentran principalmente en grandes corporaciones de ONG cuyos directivos, gerentes y leales se privilegiaron con jugosos honorarios como “representantes de la sociedad civil”.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Los informes que con­tinúan llegando a la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros Deli­tos Conexos (CBI) sobre el manejo financiero de las ONG resultan asombrosos con relación a los resultados abstractos que tienen, esto principalmente en la gestión de las grandes corporaciones, vinculadas a políticos de la oposición y que operan en nombre de la sociedad civil.

Si bien los datos llegan reta­ceados, a cuentagotas los números del movimiento de dinero y ni hablar de los superhonorarios de los direc­tivos de ONG políticas, son bochornosos para la misión que vendieron histórica­mente a la ciudadanía que es velar los intereses colecti­vos. El objetivo social quedó a segundo o quizás en último plano, dinero que reciben estas grandes corporacio­nes van directamente al bol­sillo de sus dirigentes, todo en nombre de la representa­tividad que dicen tener de la sociedad civil.

La lucha contra la corrupción, el nepotismo, la discreciona­lidad, el tráfico de influen­cias solo incorporan en el discurso contra los adver­sarios, en la práctica aplican la gran repartija entre fami­liares y amigos, vale remar­car, de la plata que reciben en marco de convenios que tienen como beneficiario al Estado paraguayo. Esto con una extraña y extrema resis­tencia de esconder cómo se usaron o se usan los fondos ejecutados mediante pro­yectos con nombres grandi­locuentes.

Las grandes ONG que funcio­nan en nuestro país casi ya no han guardado las formas del manejo empresarial y el tinte político hasta si se quiere pro­selitista de sus actividades.

No hay que olvidar que la industria de ONG se hizo visible con las últimas elec­ciones generales cuando la candidata a vicepresi­denta por la Concertación Nacional, Soledad Núñez, tenía operadores que que­rían hacer de observadores en los locales de votación a través de la oenegé que creó; Alma Cívica. A par­tir de esto comenzó a salir a la luz una red de ONG de la excandidata y su esposo, el también excandidato perdidoso por la Concer­tación, Bruno Defelippe.

La CBI permitió el acceso a algunos datos, toda­vía muy escasos con rela­ción al volumen de dinero que ejecutan las grandes ONG, vale reiterar, aque­llas principalmente de carácter político. Una de las cifras divulgadas ayer y en el marco de las reu­niones de la comisión que impactó fuerte es que, en el 2023, año electoral, el movimiento financiero de las ONG fue de G. 12,6 billones, unos USD 1.700 millones al cambio de la moneda norteamericana de ese momento.

Entendidos señalan que la cifra revelada en la sesión de la CBI equivale al presu­puesto anual del Ministerio de Obras Públicas, más al de Salud Pública. Sin embargo, no se ha visto la protesta, indignación de un solo ciu­dadano que no forme parte de la logia de facturadores contra la iniciativa de trans­parencia de fondos de ONG aprobadas y en proceso de investigación por el Con­greso Nacional.

¿A quién afecta entonces la transparencia? ¿Cómo es posible que con los mul­timillonarios fondos eje­cutados en nombre de la ciudadanía, la gente no se haya inmutado siquiera con los controles que se prevén? ¿Dónde están los beneficiarios que no se han dado por enterado de los pronósticos apocalípticos que difunden sus “repre­sentantes” con jugosos honorarios?