Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de grandes corporaciones de oenegeros exponen la hipocresía del esquema político-comunicacional opositor y su intención de distraer la atención pública de los millonarios movimientos realizados.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Una opereta políti­co-comunicacio­nal se ha puesto en marcha en los últimos días con el objetivo de desacredi­tar al senador Leite (ANR), integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que busca transpa­rentar los fondos de estas organizaciones. La estrate­gia comenzó con un audio fil­trado que intentó sugerir una supuesta pelea entre Leite y el presidente Santiago Peña. Este audio sirvió también para desviar la atención del supuesto tráfico de influen­cias de Enrique Salyn Buzar­quis, senador liberal, y de las posibles irregularidades en la CBI.

El 3 de octubre, Abc Color, del Grupo Zuccolillo, lanzó un ataque mediático sobre los vínculos de Leite con la Asociación Civil Comuni­dad Cenáculo, presentando su relación como un secreto, lo que resultó ser falso. Una simple búsqueda en Google revela que en 2021 el canal GEN ya había entrevistado a Leite como tesorero de la oenegé, y que, en 2023, el Arzobispado de Asunción difundió imágenes de una reunión entre Leite y el car­denal Adalberto Martínez.

Inmediatamente, medios aliados como Telefuturo, Monumental y Última Hora (del Grupo Vierci) replica­ron la noticia. Este tipo de coordinación ya se había visto antes, como en mayo de 2022, cuando los medios de ambos grupos publicaron en conjunto el informe ilegal de Seprelad para atacar a Hora­cio Cartes.

Después de que los medios instalaran la narrativa de la “organización secreta”, acti­vistas y políticos opositores se unieron al ataque. El diputado Raúl Benítez pidió la salida de Leite de la CBI, a pesar de haber defendido la existen­cia de esta misma comisión cuando investigaba al expre­sidente Cartes. También soli­citó informes a Itaipú sobre un aporte de G. 233 millones a la Comunidad Cenáculo.

Otro que se sumó fue el perio­dista Benjamín Fernández Bogado, quien en el pasado se presentó como exalumno de Harvard sin serlo y que tam­bién ha recibido fondos de oenegés. Incluso la activista María Esther Roa, vinculada a organizaciones beneficiadas con fondos del extranjero, se unió al ataque.

En una conferencia de prensa, Leite presentó la procedencia de los fondos que recibió la Comunidad Cenáculo, aclarando que fueron transparentes. Sin embargo, los mismos que se oponen a la ley de transpa­rencia lo criticaron por no ser suficientemente claro. Entre ellos, Última Hora enfatizó que la Comunidad Cenáculo recibió aportes de Tabesa e Itaipú, pero omi­tió mencionar que Antonio Vierci, dueño del medio, también realizó donacio­nes a la misma organización.

Además, medios como El Sur­tidor y su satélite La Precisa, que se presentan como inde­pendientes, también arreme­tieron contra Leite. La Pre­cisa criticó a Leite porque la Comunidad Cenáculo recibió fondos privados y públicos, ignorando que ellos mismos reciben millonarios fondos del extranjero.

La Comunidad Cenáculo recibió G. 2.000 millones en cinco años, lo que generó indignación entre algu­nos sectores, pero no hubo la misma reacción ante las millonarias sumas que reci­ben otras oenegés. Por ejem­plo, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), dirigido por María Victoria Rivas, una crí­tica de la ley de transparen­cia, recibe financiamiento de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de la Unión Euro­pea. Sin embargo, en su web no se detallan los montos exactos ni las personas con­tratadas localmente.

El CEJ fue una de las varias oenegés beneficiadas con la repartija de USD 58 millones realizada por Usaid. Solo esta organización recibió USD 1,5 millones de un solo finan­cista, es decir, diez veces más que el dinero recibido en cinco años por Comuni­dad Cenáculo del Paraguay. Y la lista sigue (ver infografía).