Kits de alimentos, ollas populares, obras, una discoteca convertida en constructora y un sinnúmero de hechos llamativos forman parte del intrincado esquema con vínculos cercanos al intendente de Ciudad del Este

La administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este benefició a una red de empresas y oene­gés ligadas a funcionarios lea­les al jefe comunal. En plena pandemia, adjudicó un millo­nario contrato para kits ali­menticios que fueron “entre­gados” por una firma ligada a su directora jurídica. Direc­tores de la comuna aparecen ligados a una discoteca que fue convertida en constructora. Y la lista sigue.

Kits de alimentos, ollas popu­lares, obras y una discoteca convertida en constructora. Un sinnúmero de hechos llamativos forma parte del intrincado esquema de oene­gés y empresas ligadas a fun­cionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este cercanos al intendente Miguel Prieto y que han sido beneficiadas con millonarios contratos por la administración comunal.

Los primeros indicios del esquema ligado a Prieto y sus leales saltó en plena crisis eco­nómica y sanitaria generada por la pandemia de coronavi­rus. Unos 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo per­juicio económico a la munici­palidad.

Junto a Prieto están procesa­dos Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martí­nez Insfrán, José Félix Cáce­res Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fer­mín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez. Jus­tamente, sobre esta última, Emili Vanessa Florentín Páez, que la historia tiene ribetes particulares.

La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la resolución n.° 3331, la Muni­cipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesi­tadas debido a la pandemia de covid-19.

La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no con­taba con el inventario com­pleto de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.

En el periodo investigado se reveló un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la intendencia municipal, a pesar de haberse efectuado pagos significativos. Emili Vanessa Florentín Páez, actual ase­sora jurídica de dicha inten­dencia, jugó un papel clave en este entramado.

Según la acusación del Minis­terio Público, Florentín Páez colaboró en la creación de secuencias ficticias de com­praventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi SA, se con­virtió en la principal subpro­veedora de la firma adjudicada Tía Chela, con el fin de encu­brir la falta de contrapresta­ción real de productos por el dinero abonado.

La firma Vanemi SA, bajo la representación de Emili Vanessa Florentín Páez, jugó un rol fundamental en la simulación de stock inexis­tente mediante la emisión de facturas. El Ministerio Público reveló que Floren­tín Páez emitió dos facturas a Tía Chela el 30 de abril y el 8 de abril de 2020, sumando G. 692.155.023 por ventas ficti­cias de mercaderías.

El seguimiento de las transac­ciones permitió descubrir que estas facturas formaban parte de una simulación de cadenas de compraventa. Se detectó el uso de facturas no auténticas provenientes de al menos cua­tro subproveedores ficticios, con el propósito de justificar compras que nunca se realiza­ron, según la acusación.

En la misma época, se vol­vió a montar otro esquema ligado a otros dos funciona­rios. En particular, hacen referencia a dos subcomisio­nes encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Bat­tochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales fun­cionarios de la comuna esteña y denunciados.

Quiroga Cañete es director de vivienda de la municipali­dad, mientras que Silva Bat­tochi cumple funciones en esa misma dirección. La funciona­ria aparece ligada también la firma SCDE SA, empresa cons­tructora que recibió millona­rios contratos con la comuna, pero que antes era una disco­teca en el Alto Paraná.

Quiroga Cañete aparecía como presidente de la Comi­sión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Bat­tochi aparece encabezando la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este.

El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solici­taron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el des­embolso de dinero supues­tamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese enton­ces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confi­namiento por la pandemia de coronavirus.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público. De acuerdo con los documentos que acompañan la denuncia, las subcomisiones no solo estaban ligadas por sus res­pectivos presidentes, sino que todo se movía en un entorno familiar cercano.

Juan Quiroga Cañete era pre­sidente de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares. Como tesorera aparecía Mirta Elizabeth Batochi, su suegra, y madre de Lumma Magdalena Silva Battochi, quien a su vez era presidenta de la Subcomi­sión de Apoyo a Voluntarios Organizados, donde tenía como vicepresidente a Denis Rodrigo Quiroga Cañete, su cuñado y hermano de Juan Quiroga.

Laura Beatriz Cañete, tam­bién hermana de Juan Qui­roga, aparecía como pro­secretaria de la comisión encabezada por Silva Batto­chi (su cuñada). Esta no es la única denuncia en la que apa­rece mencionada Lumma Silva Battochi. Ella y una her­manastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administra­ción de Miguel Prieto.

Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la fun­cionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021. En 2021 la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.