El diario Abc Color se ha dedicado de forma insistente en las últimas semanas a atacar a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero y a los parlamentarios que la conforman, alegando que la misma será utilizada como “garrote” contra el periodismo. Sin embargo, el mismo multimedio alababa a las comisiones de esta índole hasta hace no mucho tiempo. Casualmente, los organismos parlamentarios anteriores “olvidaron” los casos que duermen en Fiscalía y que afectan a empresas del grupo Zuccolillo, propietario de Abc.

• Unidad de Investigación Nación Media

“Cambia, todo cambia”. Ese podría ser el resumen ideal para el cambio de posturas con los que habi­tualmente se maneja el mul­timedio Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, grupo empresarial que es dueño también de varias otras firmas como banco Atlas, salpicado por casos de lavado de dinero en reiteradas oportunidades.

Abc Color defendió a capa y espada entre 2022 y 2023 los trabajos realizados por la Comisión Bicameral de Inves­tigación (CBI), presidida por el entonces senador y excan­didato opositor a la Vicepre­sidencia de la República, el luguista Jorge Querey.

No hace falta más que una revisión rápida de la web del multimedio para toparse con numerosos artículos, videos y entrevistas de audios en los que resaltaban las “revelacio­nes” de la CBI y los constan­tes pedidos de que la Fiscalía actúe en base a esos informes. Claramente, los documentos apuntaban a varios de los ene­migos políticos del grupo Zuc­colillo, entre ellos el expresi­dente Horacio Cartes.

Sin embargo, desde que el actual Congreso instaló una nueva CBI para volver a inves­tigar los casos de lavado de dinero, un flagelo que afecta directamente a la calidad de vida de los paraguayos, el grupo Zuccolillo decidió que la otrora herramienta consti­tucional ahora era una “comi­sión garrote”.

Este cambio se evidenció en los materiales publicados en las últimas semanas y en las extensas notas atacando no solo a la CBI de lavado de dinero, sino a sus componen­tes y armando el discurso de la supuesta “persecución” a la “prensa libre” que dice repre­sentar de forma casi exclusiva el diario de la calle Yegros.

La realidad es que el temor de Abc no se basa en la persecu­ción al periodismo o las voces disidentes, sino en los negocios de los propietarios de su grupo empresarial. En particular, del banco del grupo, Atlas, que tiene varios casos que duer­men en la Fiscalía.

Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Car­los da Rocha, conocido como Cabeza Branca, considerado como el mayor narcotraficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus operaciones, aparece un millonario prés­tamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.

El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realizaría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millo­nes a la firma Biocombustible Brasileño (Biobras), cuyo pre­sidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en rea­lidad un modesto tractorista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipote­caria, de hasta la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofre­ció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cues­tión ya estaba a cargo de Sena­bico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de con­tratar sobre el mismo.

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccoli­llo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millona­rio que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del nar­cotraficante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, pro­piedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, destacando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cues­tionable negocio con el trac­torista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro, procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.

En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la entonces ministra de la Senabico Teresa Rojas, había confirmado que Cabeza Branca superaba el nivel de inversión del también brasileño Darío Messer.

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) convocó a la periodista y jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, Rossana Escobar, a su próxima reunión marcada para este lunes 23 de setiembre, a las 15:30, que tendrá lugar en la sala de sesiones de la Cámara de Senado­res. De acuerdo a la nota firmada por el titular de esta mesa de trabajo, el senador Dionisio Amarilla, señala que el motivo es compartir sus experiencias, opiniones y datos que guarden relación con la adminis­tración de los fondos por parte de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que pudieran incidir en la gobernanza del Paraguay.

Este órgano fue creado con el fin de investigar hechos de lavado de dinero y otros delitos conexos, siendo de carácter transitorio. La Unidad de Investigación a cargo de Rossana Escobar destapó varios casos que involucran a organizaciones no gubernamentales (ONG) y su manejo discrecional en cuanto al dinero administrado, el origen y el detalle de los destinos de recursos que provinieron tanto del Estado como de organismos internacionales. También fueron convocados a esta reu­nión el periodista Enrique Vargas Peña, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y el presidente de Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa), José Ocampos.