El esquema montado en la Municipalidad de Ciudad del Este para el desvío de millonarios fondos en plena pandemia sigue impune. El caso se centra en personas cercanas al jefe comunal Miguel Prieto, que armaron empresas supuestamente para proveer kits de alimentos a los sectores menos favorecidos en plena crisis sanitaria y económica. La impunidad llegó al punto de que una de las acusadas se compró una casa de lujo en un exclusivo barrio cerrado.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras otros casos perpetra­dos en pandemia, como el desvío de fondos de la Gobernación de Cen­tral bajo la administración de Hugo Javier González, avanzan hacia resolucio­nes en estrados judiciales, el esquema encabezado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue impune.

Y la impunidad llegó hasta el punto de que una de las acusadas aparece sindicada en la compra de una lujosa casa en el exclusivo Paraná Country Club.

De acuerdo con los docu­mentos que conforman la carpeta fiscal, Prieto está implicado en la rea­lización de compras ficti­cias de 25.000 kits de ces­tas básicas destinados a familias de escasos recur­sos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio eco­nómico a la municipalidad.

Junto a Prieto están pro­cesados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nel­son Segovia Acevedo, Fer­mín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.

Y es sobre esta última, Emili Vanessa Florentín Páez, que la historia tiene ribetes par­ticulares. Aunque ya habla­remos del punto algunas líneas más adelante.

La imputación detalla que, el 20 de marzo de 2020, mediante la resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir ces­tas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias nece­sitadas debido a la pande­mia de covid-19. La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.

Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inme­diata. Tía Chela SRL tam­poco disponía de la capaci­dad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licita­ción de tal magnitud. Según las sospechas de la Fisca­lía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje docu­mental, con el propósito de defraudar a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cua­les la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000.

Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sos­tiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.

En el periodo investigado, se reveló un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la Intendencia Munici­pal, a pesar de haberse efec­tuado pagos significativos. Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurí­dica de dicha Intendencia, jugó un papel clave en este entramado. Según la acusa­ción del Ministerio Público, Florentín Páez colaboró en la creación de secuencias ficti­cias de compraventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi SA, se convirtió en la principal sub­proveedora de la firma adju­dicada Tía Chela, con el fin de encubrir la falta de contra­prestación real de productos por el dinero abonado.

De manera similar, Fermín Ávalos Britos, represen­tante legal de Tía Chela, faci­litó la estructura jurídica de su empresa a Miguel Prieto Vallejos. Ávalos Britos per­mitió la ficticia adquisi­ción de 25.000 kits de ces­tas básicas para familias de bajos recursos, a pesar de no contar con la capacidad téc­nica, financiera o experien­cia para asumir un contrato de tal magnitud. A sabien­das de esta situación, el 23 de marzo de 2020, presentó su oferta y obtuvo irregu­larmente la adjudicación del contrato, por el cual reci­bió G. 2.949.650.000. Sin embargo, no se entregaron todas las mercaderías equi­valentes al valor pagado, aunque los documentos indicaban lo contrario, lo que contribuyó al perjuicio total de G. 2.130.036.160.

La firma Vanemi SA, bajo la representación de Emili Vanessa Florentín Páez, jugó un rol fundamental en la simulación de stock inexis­tente mediante la emisión de facturas. El Ministerio Público reveló que Floren­tín Páez emitió dos facturas a Tía Chela el 30 de abril y el 8 de abril de 2020, sumando G. 692.155.023 por ventas ficticias de mercaderías. El seguimiento de las transac­ciones permitió descubrir que estas facturas forma­ban parte de una simulación de cadenas de compraventa. Se detectó el uso de factu­ras no auténticas prove­nientes de al menos cuatro subproveedores ficticios, con el propósito de justifi­car compras que nunca se realizaron, según la acu­sación.

Como si todo el entramado no fuera suficiente, el Minis­terio Público detectó que la firma Vanemi SA adqui­rió una casa tasada en USD 370.000 (unos G. 3.000 millones) en el exclusivo y lujoso Paraná Country Club.

La casa fue adquirida, de acuerdo con la Fiscalía, ya en 2019. Misma época en la que la firma, ligada a la ase­sora jurídica de la comuna, empezó a recibir millona­rios contratos entregados por la municipalidad de Ciu­dad del Este.