Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, y Ricardo Estigarriibia, gobernador de Central, acumulan un rosario de denuncias por supuestos hechos de corrupción en los cargos que han ocupado. El primero está imputado por irregularidades en plena pandemia y acumula más de 40 denuncias, mientras que el segundo experimentó un millonario crecimiento patrimonial junto a su familia a la que benefició con contratos directos de alimento escolar con recursos provenientes del Fonacide y royalties.
- Unidad de Investigación Nación Media
Mientras la oposición paraguaya promete ser el cambio, algunos de los referentes a los que pretenden instalar como posibles opciones proselitistas acumulan rosarios de denuncias por supuestos hechos de corrupción.
Ese es el caso del intendente de Ciudad del Este, el imputado Miguel Prieto; y el gobernador de Central y exintendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia. El primero recibió hace apenas algunos días la denuncia número 41 por supuestas irregularidades al frente del segundo mayor municipio del país, mientras que el segundo sigue sin explicar el repentino y millonario bienestar económico de él y toda su familia.
Referentes de la oposición paraguaya, como Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, y Ricardo Estigarribia, gobernador de Central, acumulan múltiples denuncias por supuestos actos de corrupción durante su gestión pública. Mientras la oposición promete ser el cambio, estos líderes acumulan un historial de acusaciones que ensombrecen su imagen política.
DE QUINIELERO A MILLONARIO
Ricardo Estigarribia, gobernador liberal del departamento Central, ha experimentado un crecimiento patrimonial sorprendente desde sus modestos inicios como vendedor de quinielas. Desde su llegada a la política, su patrimonio ha aumentado considerablemente, según las declaraciones juradas de bienes y renta publicadas en la página de la Contraloría General de la República (CGR). En 2015, sus activos sumaban G. 1.080 millones; para 2023, al asumir como gobernador, ya superaban los G. 1.489 millones.
Análisis de sus bienes presentados a la Contraloría refieren que duplicó su patrimonio en menos de dos periodos de intendente.
UNA FAMILIA MILLONARIA
El bienestar económico no solo alcanzó a Estigarribia, sino también a su familia. Edith Rosa Medina Verón, su madre, y Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, su hermana, han invertido aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia, en apenas dos años. Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador, también está involucrada en estas inversiones. Este rápido crecimiento financiero es desconcertante, considerando que Edith Rosa era conocida como una modista de barrio.
Uno de los casos más llamativos es RM8 Desarrollo SA, donde Edith Rosa Medina Verón aportó G. 4.000 millones y su hija Gladys Zunilda G. 1.000 millones. Ambas ahora son propietarias de varias fincas en Villa Elisa, donde se erigió un imponente depósito.
Otra empresa bajo la lupa es Tecno Capital SA, donde inicialmente figuraban como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capital integrado en efectivo asciende a G. 2.500 millones, cifra que contrasta con las declaraciones patrimoniales del funcionario.
En cuanto a Las Azas SA, la familia Estigarribia también posee importantes activos. Lissi Romina Medina Fretes tiene acciones por G. 600 millones y Gladys Zunilda por G. 900 millones. La empresa posee varias cuentas corrientes y una quinta en Piribebuy. Además, una propiedad vinculada a Las Azas fue declarada por Estigarribia ante la Contraloría, una lujosa residencia con terraza y piscina.
El cuñado de los Estigarribia Ricardo Fernández Campuzano también ha prosperado. Es accionista de Asispar SA, empresa que recibió G. 1.872 millones en contratos directos por almuerzo escolar durante la intendencia de Ricardo Estigarribia. En 2020, la empresa diversificó su negocio y abrió un motel.
Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena. Las preguntas sobre el origen de estos recursos siguen sin respuesta.
EL INTENDENTE DENUNCIADO 41 VECES
Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, ha sido denunciado 41 veces por presuntas irregularidades al frente del segundo municipio más importante del país. Dos de estas denuncias han derivado en imputaciones, relacionadas con la compra de alimentos durante la pandemia de covid-19.
Una de las denuncias más recientes señala la formación de subcomisiones vecinales ligadas a un mismo grupo familiar, que recibieron más de G. 311 millones. Entre los involucrados están Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos funcionarios de la comuna esteña.
Lumma Silva Battochi, además de ser funcionaria municipal, está vinculada a la empresa constructora SCDE Sociedad Anónima, antes conocida como Golden Rouge SA, que en 2021 era un club nocturno. Silva Battochi se convirtió en accionista de la empresa en la misma época en que comenzó a recibir fondos comunales. Según documentos de la Abogacía del Tesoro, su aporte fue de G. 320 millones, una cifra cien veces mayor a su salario como funcionaria.
SCDE ha conseguido ocho contratos con instituciones públicas, siete de ellos con la Municipalidad de Ciudad del Este, por un total de más de G. 10.706 millones. Sumando estos contratos y los fondos recibidos en plena pandemia, el clan Quiroga Silva ha recibido más de G. 11.000 millones desde 2020 hasta la fecha.