Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, y Ricardo Estigarriibia, gobernador de Central, acumulan un rosario de denuncias por supuestos hechos de corrupción en los cargos que han ocupado. El primero está imputado por irregularidades en plena pandemia y acumula más de 40 denuncias, mientras que el segundo experimentó un millonario crecimiento patrimonial junto a su familia a la que benefició con contratos directos de alimento escolar con recursos provenientes del Fonacide y royalties.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras la oposi­ción paraguaya promete ser el cambio, algunos de los referentes a los que preten­den instalar como posibles opciones proselitistas acu­mulan rosarios de denun­cias por supuestos hechos de corrupción.

Ese es el caso del inten­dente de Ciudad del Este, el imputado Miguel Prieto; y el gobernador de Central y exintendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia. El primero recibió hace ape­nas algunos días la denun­cia número 41 por supues­tas irregularidades al frente del segundo mayor munici­pio del país, mientras que el segundo sigue sin explicar el repentino y millonario bien­estar económico de él y toda su familia.

Referentes de la oposición paraguaya, como Miguel Prieto, intendente de Ciu­dad del Este, y Ricardo Esti­garribia, gobernador de Central, acumulan múlti­ples denuncias por supues­tos actos de corrupción durante su gestión pública. Mientras la oposición pro­mete ser el cambio, estos líderes acumulan un his­torial de acusaciones que ensombrecen su imagen política.

Ricardo Estigarribia, gobernador liberal del departamento Central, ha experimentado un cre­cimiento patrimonial sorprendente desde sus modestos inicios como ven­dedor de quinielas. Desde su llegada a la política, su patrimonio ha aumentado considerablemente, según las declaraciones juradas de bienes y renta publicadas en la página de la Contralo­ría General de la República (CGR). En 2015, sus activos sumaban G. 1.080 millones; para 2023, al asumir como gobernador, ya superaban los G. 1.489 millones.

Análisis de sus bienes pre­sentados a la Contraloría refieren que duplicó su patrimonio en menos de dos periodos de intendente.

El bienestar económico no solo alcanzó a Estigarribia, sino también a su familia. Edith Rosa Medina Verón, su madre, y Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, su hermana, han invertido aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia, en ape­nas dos años. Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador, también está involucrada en estas inver­siones. Este rápido creci­miento financiero es des­concertante, considerando que Edith Rosa era cono­cida como una modista de barrio.

Uno de los casos más llama­tivos es RM8 Desarrollo SA, donde Edith Rosa Medina Verón aportó G. 4.000 millones y su hija Gladys Zunilda G. 1.000 millones. Ambas ahora son propie­tarias de varias fincas en Villa Elisa, donde se erigió un imponente depósito.

Otra empresa bajo la lupa es Tecno Capital SA, donde inicialmente figuraban como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capi­tal integrado en efectivo asciende a G. 2.500 millo­nes, cifra que contrasta con las declaraciones patrimo­niales del funcionario.

En cuanto a Las Azas SA, la familia Estigarribia también posee importan­tes activos. Lissi Romina Medina Fretes tiene accio­nes por G. 600 millones y Gladys Zunilda por G. 900 millones. La empresa posee varias cuentas corrientes y una quinta en Piribebuy. Además, una propiedad vin­culada a Las Azas fue decla­rada por Estigarribia ante la Contraloría, una lujosa resi­dencia con terraza y piscina.

El cuñado de los Estiga­rribia Ricardo Fernández Campuzano también ha prosperado. Es accionista de Asispar SA, empresa que recibió G. 1.872 millones en contratos directos por almuerzo escolar durante la intendencia de Ricardo Estigarribia. En 2020, la empresa diversificó su negocio y abrió un motel.

Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena. Las preguntas sobre el origen de estos recursos siguen sin respuesta.

Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, ha sido denunciado 41 veces por pre­suntas irregularidades al frente del segundo munici­pio más importante del país. Dos de estas denuncias han derivado en imputaciones, relacionadas con la compra de alimentos durante la pan­demia de covid-19.

Una de las denuncias más recientes señala la forma­ción de subcomisiones veci­nales ligadas a un mismo grupo familiar, que reci­bieron más de G. 311 millo­nes. Entre los involucrados están Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Este­ban Quiroga Cañete, ambos funcionarios de la comuna esteña.

Lumma Silva Battochi, además de ser funcionaria municipal, está vinculada a la empresa constructora SCDE Sociedad Anónima, antes conocida como Gol­den Rouge SA, que en 2021 era un club nocturno. Silva Battochi se convirtió en accionista de la empresa en la misma época en que comenzó a recibir fondos comunales. Según docu­mentos de la Abogacía del Tesoro, su aporte fue de G. 320 millones, una cifra cien veces mayor a su sala­rio como funcionaria.

SCDE ha conseguido ocho contratos con instituciones públicas, siete de ellos con la Municipalidad de Ciu­dad del Este, por un total de más de G. 10.706 millo­nes. Sumando estos contra­tos y los fondos recibidos en plena pandemia, el clan Quiroga Silva ha recibido más de G. 11.000 millones desde 2020 hasta la fecha.