La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Lavado de dinero, hechos de corrup­ción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad con­sidera necesaria la aproba­ción del proyecto de ley que busca transparentar los fon­dos que reciben oenegés que operan en Paraguay.

Según el documento fir­mado por Liliana Alca­raz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean uti­lizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros deli­tos financieros.

En la nota dirigida al sena­dor Derlis Maidana, Sepre­lad resalta el riesgo poten­cial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entida­des, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utiliza­das como vehículos para el financiamiento del terro­rismo y otros delitos finan­cieros, especialmente aque­llas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la edu­cación, y el desarrollo eco­nómico y religioso.

De hecho, sobradas eviden­cias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real cam­paña de persecución con­tra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encu­bierto de ciertos sectores políticos.

La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evalua­ción Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que ope­ran en Paraguay, especial­mente en sectores como la asistencia social y la educa­ción, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organiza­ciones no están bancariza­das ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vin­culadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroris­tas o que tienen altos niveles de riesgo.

El informe de 2019 también señaló la ausencia de políti­cas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedi­mientos de control interno y registro de donaciones y fon­dos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas orga­nizaciones para activida­des ilícitas o el lavado de activos ligados al financia­miento político, tráfico de armas vía bancos y financie­ras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recien­temente conformada en el Congreso.

El informe de la ENR tam­bién destacó que, aunque hasta la fecha no se han iden­tificado casos concretos de oenegés utilizadas por enti­dades terroristas en Para­guay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos ries­gos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesi­dad de contar con un marco regulatorio adecuado.

Con base en estos análisis, la Seprelad considera fun­damental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitiga­ría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que tam­bién alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Inter­nacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la obser­vancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regu­lar, destacándose la ausen­cia de una normativa ade­cuada para el sector de las oenegés.

En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.

El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las iden­tidades de sus constituyen­tes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fon­dos recibidos con la corres­pondiente documentación de respaldo.

El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como volunta­rios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organi­zaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la corres­pondiente contrapartida estatal, financiando proyec­tos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.

Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacio­nales que terminaron en manos de supuestos repre­sentantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.

Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pan­demia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil orga­nizada. La figura para acti­var, financiar estos grupos de políticos aliados con­tra un sector bien defi­nido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la admi­nistración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.