Las empresas Aldia SA y Createc SA, del expresidente Mario Abdo Benítez, tuvieron ganancias exorbitantes con la provisión de asfalto entre el 2018 y 2023. Casi el total de la utilidad neta fue al fondo de reservas operativas. Pero no existe prueba documental que indique que se haya destinado como correspondía, lo que eleva las sospechas de evasión fiscal y lavado de dinero.

• LA CAJA NEGRA

Un crecimiento expo­nencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las utilidades registradas en las empresas ligadas a Mario Abdo Benítez son puntos claves a tener en cuenta al inspeccionar el circuito del lucrativo negocio del exman­datario durante su mandato.

Aldia SA y Createc, empre­sas en las que Abdo Benítez es accionista mayoritario, están en la mira de Contra­loría, Ingresos Tributarios y de la Fiscalía, por las serias irregularidades detectadas. Ambas firmas dedicadas al rubro del asfalto destina­ron casi todos sus ingresos a las reservas operativas, lo cual genera muchas interro­gantes. Se habla de USD 45 millones (G. 329.000 millo­nes) entre el 2018 y el 2023 que fueron enviados a este fondo que, como dice su nom­bre, se enmarcan dentro de las facultativas para que la empresa pueda operar ante imprevistos. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar el uso que se le dio a ese dinero, ya que en las actas de asambleas no se menciona ese aspecto.

“La caja negra” accedió de manera exclusiva a las actas de ambas empresas ligadas al exmandatario. En ellas se observa que cada año, el Direc­torio destinaba la mayor parte del dinero a este fondo, sin que exista constancia alguna de que se haya utilizado poste­riormente para alguna inver­sión o emergencia, lo cual necesariamente debía espe­cificarse en cada documento.

En el caso de Aldia SA, del ejercicio 2018 las reser­vas operativas fueron de G. 4.705 millones; del 2019 no se destinaron a reservas ope­rativas, sino que se optó por la reserva para inversiones para destinar la suma de G. 11.812 millones; del ejerci­cio 2020 de vuelta fueron G. 8.000 millones a reser­vas operativas; del ejercicio 2021 la utilidad neta fue de G. 42.041 millones y en su tota­lidad se destinó a las reservas operativas; y de igual manera se hizo con la ganancia del ejercicio 2022 que fue de G. 65.995 millones y que en su totalidad se envió a las reser­vas operativas.

En la empresa Createc, del ejercicio 2020, fueron G. 16.150 millones a reservas operativas y solamente G. 2.000 millones se distribu­yeron entre los accionistas; del 2021 fueron destinados G. 21.145 a reservas opera­tivas y G. 1.400 se repartie­ron entre los accionistas; y del 2022 fueron destinados G. 10.278 millones a reservas operativas y G. 3.000 millo­nes se repartieron entre los accionistas.

La derivación de las utilida­des a reservas operativas no constituye una acción ile­gal, siempre que al dinero se le dé los usos autorizados por la legislación tributaria. Sin embargo, en el caso de las empresas del expresidente Abdo Benítez no se sabe qué pasó con los 45 millones de dólares, equivalentes a casi la totalidad de las utilidades obtenidas.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando una empresa tiene utilidades acumuladas al cierre de su ejercicio fiscal, dispone de tres posibilidades. Una, distribuir esas utilida­des. De ser así, corresponde el pago del 8 % de tasa si es una empresa asentada en el territorio nacional y 15 % si está en el extranjero.

La segunda opción es la capitalización de esas accio­nes. En este caso, la ley le da un plazo de 12 meses para esa ejecución que incluye: aumentar el capital social, emitir las acciones, hacer las inscripciones en la Dirección de Personas Jurídicas, etc. Si en ese plazo no completa la capitalización y formaliza­ción, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios con­sidera que las utilidades fue­ron distribuidas y la empresa debe tributar.

La tercera opción, que es la que utilizaron las empresas de Abdo Benítez, es la de las reservas facultativas o lega­les, que se enmarcan dentro de las facultativas, donde la empresa puede prever con­tingencias, compras de herra­mientas, insumos, saldar pér­didas, etc.

Sin embargo, en ninguna de las actas se hace mención alguna al destino que tuvie­ron estas reservas ni tam­poco existe constancia de la disminución de estos fondos, lo cual evidencia que se iba acumulando cada año, con un estrepitoso aumento en la pandemia, cuando se dio la coincidencia entre la gran importación del asfalto de ambas empresas y las lici­taciones del Ministerio de Obras Públicas para pavi­mentar las rutas.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empresas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga que realmente se haya utili­zado la reserva operativa, eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero. Esto último tomando en cuenta las inversiones realizadas por las empresas del exman­datario. En ese sentido, la empresa Aldia SA regis­tra en una de sus cuentas un vertiginoso incremento de sus inversiones; pasa­ron de G. 1.397.520.257 a G. 40.515.470.257 en un solo año (en el 2023). ¿De dónde salieron los fondos que fue­ron a parar a “inversiones a largo plazo” si casi toda la rentabilidad declarada por la empresa fue a parar a las “reservas operativas”?

El expresidente de la Repú­blica debe explicar el des­tino del dinero, producto de las ganancias de sus dos empresas durante el tiempo que ejerció como manda­tario. Además, con la evi­dencia que existe, ame­rita una fiscalización de la Dirección de Ingresos Tri­butarios, de modo de rea­lizar una trazabilidad del dinero que no fue repar­tido entre los accionistas de las empresas y se envió a un fondo de reservas, cuyo destino se desconoce.