¿Que pasó con los G. 828 mil millones destinados a infraestructura hospitalaria mediante un fideicomiso con el banco del Grupo Zuccolillo? Un informe revela que obras clave, como un hospital oncológico, nunca se construyeron.

• “La caja negra”

El Instituto de Pre­visión Social (IPS) enfrenta el mayor escándalo de corrupción en su historia con el desvío de G. 828 mil millones destina­dos a infraestructura hospi­talaria durante el gobierno anterior. Los fondos, admi­nistrados a través de un fideicomiso con el banco Atlas, debían financiar obras cruciales, incluyendo un hospital oncológico que nunca se construyó. Para el desembolso, la adminis­tración de Vicente Bataglia hizo figurar que el dinero fue invertido en centros de salud del interior del país, sin embargo, un lapidario informe de auditoría con­cluyó que las obras en rea­lidad no existen.

El Departamento de Audito­ría Financiera del IPS con­cluyó su informe final de la auditoría hecha de los fon­dos administrados por el banco Atlas para la cons­trucción y reparación de hospitales, pero que se rapi­ñaron durante la adminis­tración anterior, mediante el pago por obras fantasma en varias unidades de la pre­visional ubicadas en el inte­rior del país.

“La caja negra” accedió en exclusiva al documento que consta de 448 páginas y expone la corrupción del siglo durante la administra­ción abdista. El informe final de auditoría interna A.I. n.° 58/2024 se centra en la veri­ficación in situ de la ejecución de los certificados de obras relacionados con dos licitacio­nes: la n.° 170/21 y la n.° 65/19, que abarcan la reparación, readecuación, ampliación y mantenimiento de estable­cimientos administrativos y de salud en el interior del país.

En el documento se detalla un conjunto de irregulari­dades, entre las que se des­tacan 21 hallazgos de obras fantasma casi en su totalidad y otras 16 falencias estructu­rales por proyectos inconclu­sos. Los fondos desviados se destinaron a pagos injusti­ficados, certificaciones de obras inexistentes y repara­ciones ficticias en instalacio­nes de salud en todo el país.

La auditoría concluye con 23 indicios de hechos punibles que serán remitidos al Minis­terio Público. Los hallazgos evidencian la comisión de delitos relacionados con la administración fraudulenta y la malversación de fon­dos públicos, agravados por la falta de ejecución de las obras prometidas y el desvío del dinero de los asegurados.

Los responsables de la inves­tigación informaron que tras verificar la ejecución efectiva de las obras que fueron abo­nadas con fondos del fideico­miso, observaron una dife­rencia de G. 1.690.321.642, entre los trabajos certifi­cados y los trabajos real­mente ejecutados. Estas diferencias se registraron en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, por G. 280.819.500; en el Hospital Regional de Concepción, por G. 28.268.172; en el Hospital Regional de Encarnación, por G. 42.280.580; en la Agen­cia Administrativa de Caa­guazú, por G. 24.672.948; en el Hospital Regional de Coro­nel Oviedo, por G. 17.001.163; en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, por G. 341.201.022, y en la Unidad Sanitaria de San Ignacio Misiones por G. 431.367.525.

Así también se notaron dife­rencias en la Agencia Admi­nistrativa de San Juan Bau­tista, por G. 53.786.813; en la Unidad Sanitaria de Colo­nia Independencia, por G. 23.865.440; en la Agencia Administrativa de Pilar, por G. 11.953.490; en el Hos­pital Regional de Pilar, por G. 23.562.736; en el Hospi­tal Regional de Ayolas, por G. 377.581.731; en el Hospi­tal Regional de San Pedro del Ycuamandyyú, por G. 16.847.022, y en la Unidad Sanitaria de Hohenau, por G. 17.113.500.

Para estas obras, el banco Atlas autorizó los desembol­sos de los fondos sin ningún control efectivo, violando la naturaleza del contrato de fideicomiso firmado en 2017 y modificado en 2018 que debía destinarse para la construcción de hospita­les, como el Hospital Hema­to-Oncológico que quedó en la nada. Esta complici­dad permitió la malversa­ción de recursos destinados a la salud pública, afectando directamente la atención de los asegurados y jubilados del IPS.

Durante la verificación in situ, los auditores del IPS observaron zonas deterio­radas y/o inconclusas en los distintos centros asisten­ciales del interior del país, que en la práctica debían estar en óptimas condicio­nes tras el desvío del dinero que hicieron las anteriores autoridades.

Los puestos de salud, donde supuestamente se invir­tió el dinero que no se uti­lizó para la construcción del hospital oncológico presentaban una terrorí­fica situación, con grietas, paredes con humedad, pin­turas dañadas, caños rotos y blíndex rotos que ponen en riesgo la buena atención para los asegurados.

También la auditoría observó que estos centros tenían profundas zanjas presuntamente para des­agües cloacales, falta de retiro de grandes cantida­des de escombros, techos sin reparación, filtracio­nes y goteras. Además de aberturas sin ventanas ni vidrios, falta de puertas, falta de instalaciones sani­tarias, y sectores inoperati­vos pese a que en el plano de la obra se proyecta su exis­tencia.

Esta precaria situación de las instalaciones del IPS daña la imagen de la previsional y afecta la correcta aten­ción médica a los asegura­dos, según concluyeron los auditores.

Las anteriores autoridades deben responder qué hicie­ron con el dinero que debió destinarse al hospital onco­lógico y que se hizo figurar como mejoras en otros cen­tros de salud que siguen en pésimas condiciones. ¿Qué responden a las familias de los asegurados y jubilados que murieron de cáncer sin chance que su seguro médico le cubra? La Justi­cia debe ir con todo el peso de la ley contra los respon­sables de esta criminal corrupción.

El comisario David Cantero, jefe de División de Balística de la Policía Nacional, indicó que esta dependencia rea­lizó un análisis balístico del intercambio de dispa­ros durante el allanamiento en el domicilio de Eulalio “Lalo” Gomes, quien falle­ció en este procedimiento que se desarrolló el lunes 19 de agosto. Aclaró que se trata de un análisis de carácter extraoficial, pero que podría ser utilizado para la investi­gación oficial de lo que suce­dió durante este operativo.

“El análisis que nosotros realizamos tiene un carác­ter extraoficial, igualmente nuestro punto de vista es objetivo y, por lo tanto, al mismo tiempo creemos que va servir de mucha ayuda a los que realmente se van a encargar de emitir un informe de carácter ofi­cial”, indicó Cantero, ayer domingo, a la 1020 AM.

Agregó que estos análisis podrían ser utilizados como un punto de partida en las investigaciones que definirán sobre lo ocurrido en la casa del extinto diputado. “A lo mejor como punto de partida ellos pueden tener también como hipótesis nuestro resultado y de esa manera orientarse a fin de determinar conforme a los elementos y a los plantea­mientos que a ellos se les haga llegar”, apuntó.

Por otra parte, el comisario Cantero se refirió al testi­monio de los efectivos poli­ciales que presenciaron el intercambio de disparos: “Esa versión se dio inmedia­tamente después del hecho, los agentes fiscales intervi­nientes que estuvieron en esa escena ya se ocuparon prác­ticamente de manera inme­diata en registrar esa primera versión. Más tarde, el Depar­tamento de Asuntos Inter­nos de la Policía nuevamente estuvo en contacto con esos camaradas y también reca­baron sus versiones, que sigue coincidiendo”, explicó.

Afirmó que todas las versio­nes dadas por los policías fueron coherentes con todos los relatos. “Posteriormente, esos agentes dieron su ver­sión en varios otros lugares y todas esas versiones siempre mantuvieron una coherencia entre las mismas. Sería muy difícil que ellos puedan aco­modar su relato a la manera que se encuentran las eviden­cias, porque nosotros lo que hicimos fue analizar las evi­dencias para poder corrobo­rar si es que se pudo dar o no de esa manera”, sentenció.

El ministro del Interior, Enri­que Riera, salió al paso de las especulaciones realizadas por algunos parlamentarios y medios de comunicación sobre una supuesta quema de archi­vos o ajusticiamiento en torno al fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, imputado en el marco del ope­rativo Pavo Real II.

“No tiene ninguna lógica soste­ner la tesis de ajusticiamiento, no tiene lógica sostener que no se defendió, porque el arma, inclusive, en la foto está en el piso”, manifestó en una entrevista con el programa “La caja negra” emitido por Unicanal.

Asimismo, acotó: “No sé cuánto costará un sicario, pero si real­mente uno quiere quemar un archivo o eliminar a una per­sona, pues busca dos motoquei­ros que sean bastante irres­ponsables y con unos pesos en el bolsillo te atropellan en cual­quier lado, pero no harán todo este procedimiento con una orden judicial, con nombres y apellidos, con fiscales detrás”.

“La señora (esposa del par­lamentario) reconoció que su marido se quiso defender porque confundió el procedi­miento quizás con ladrones comunes. Apenas se entrea­brió la puerta, el diputado Lalo Gomes empezó a disparar con el arma hacia la humani­dad de los policías que estaban actuando, quienes respondie­ron en consecuencia”, comentó.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió estudiar dentro de 20 días hábiles el procedimiento llevado adelante por los jueces y fiscales en el operativo Pavo Real II, esto de acuerdo a la normativa de la institución, la cual establece este plazo ante la ausencia de denuncias realizadas por representantes legales de la víctima, en este caso, del diputado Eulalio Gomes.

“Se van a respetar los plazos procesales. El artículo 18 de la ley del JEM establece el plazo determinado que serían de 20 días hábiles y ahí se estaría realizando el análisis jurídico correspondiente. No se va a suspender a nadie de momento, porque no corresponde”, explicó el senador Mario Varela a La Nación/Nación Media.

El representante del Senado ante el JEM, detalló que lo realizado este miércoles 21, fue poner a conocimiento de la institución lo ocurrido en la madrugada del lunes 19, dado que por la naturaleza del hecho, esto tomó interés público y social y reúne los requisitos para hacer el estudio jurídico correspondiente.

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Varela evitó emitir su opinión personal respecto si amerita o no la suspensión de los fiscales Elva Cáceres, Ingrid Cubilla y Osmar Segovia, que encabezaron el operativo y del juez Osmar Legal, puesto que se necesita acceder a los copias de los expedientes y hacer una revisión de los mismos para haber si amerita o no una sanción.

“Objetivamente tenemos que hacer la evaluación que corresponde. Lo que se busca finalmente es el esclarecimiento, acá no hay ningún tipo de amedrentamiento o de situaciones que puedan generar algún tipo de coacción. Los fiscales pueden seguir trabajando con toda la seguridad y tranquilidad dentro de un Estado de derecho, el JEM no debe ser utilizado como un garrote”, sostuvo.

Según lo explicado por el diputado Orlando Arévalos, también miembro del JEM, manifestó que el artículo 18 de la ley 6.814 establece que se debe esperar hasta el 18 de setiembre, cuando se cumplirán los 20 días hábiles, debido la inexistencia un accionante ante este órgano. “Vamos a esperar que transcurra ese plazo para tomar las decisiones que creemos correspondientes”, refirió.

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