Un gigantesco esquema de lavado de activos vinculado a varios jefes del narcotráfico realizó millonarios movimientos de dinero utilizando el sistema bancario, particularmente a Zeta Bank. De acuerdo con los investigadores, movían fondos simulando préstamos que decían utilizar para la ganadería. Un esquema calcado se utilizaba en el caso Cabeza Branca, pero a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

Préstamos simula­dos, operaciones de ganadería para lavar dinero proveniente del narcotráfico, bancos de plaza dentro del circuito. El esquema revelado en el acta de imputación del dipu­tado Eulalio “Lalo” Gomes, muerto durante un pro­cedimiento policial en su residencia en Pedro Juan Caballero, parece la copia del esquema utilizado por el capo narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

El acta de imputación revela que el fallecido diputado y su hijo, Alexandre Rodri­gues Gomes, formarían parte de un esquema dedi­cado al lavado de activos y a la entrega de asistencia financiera a organizaciones criminales lideradas por los narcotraficantes Jarvis Chi­menes Pavão, Luiz Carlos da Rocha y Diego Isaac Benítez.

En particular, el caso relata los movimientos realiza­dos en torno a la estancia Negla Poty, que estaría vin­culada al esquema criminal de Pavão.

La imputación alcanzó tam­bién al presidente de Zeta Bank, Luis María Zubiza­rreta Zaputovich, y a uno de sus accionistas, John Gerald Mathías Gaona. Ambos empresarios están bajo escrutinio por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que invo­lucra la venta de un lujoso inmueble en el distrito de Bella Vista, Amambay.

Según la acusación, Zubi­zarreta y Mathías habrían facilitado la transferencia de la estancia Negla Poty, una propiedad de 670 hec­táreas, a Alexandre Rodri­gues Gomes, hijo del con­gresista Eulalio Gomes. La operación, realizada el 21 de mayo de 2020, fue valo­rada en USD 1.725.750. No obstante, la transacción está envuelta en irregula­ridades que han despertado sospechas sobre su legalidad y sobre la naturaleza de los fondos involucrados.

Lo que agrava la situación es que, al momento de la venta, Finexpar no era legalmente titular del bien. De hecho, la firma adquirió formal­mente la propiedad recién el 7 de julio de 2020, mediante una transferencia reali­zada por Cepagro SAECA, una empresa representada por Carlos Oleñik Memmel, quien está imputado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero vinculado al caso Pavo Real. Esta transfe­rencia fue realizada como dación de pago por operacio­nes morosas, lo que levanta aún más sospechas sobre el trasfondo de la transacción.

Las autoridades creen que la transacción fue parte de un plan cuidadosamente dise­ñado por miembros de una estructura criminal vin­culada a Jarvis Chimenes Pavão. Según la investiga­ción, Oleñik Memmel, con el respaldo de los represen­tantes de Finexpar, habría facilitado el cumplimiento de compromisos financieros asumidos con líderes de gru­pos criminales. Esta coope­ración, señalan los investi­gadores, fue crucial para dar apariencia de legitimidad a una serie de operaciones ilí­citas, incluyendo la venta de la estancia.

Los documentos y comuni­caciones revisados durante la investigación sugieren que la venta de la estancia Negla Poty estuvo mani­pulada desde el principio para favorecer a la familia Gomes, siguiendo instruc­ciones directas de Luan Pavão Nascimento, otro imputado en la causa. Las conversaciones entre Nas­cimento, Adrián Rolando Brizuela Olmedo (también imputado), y Carlos Oleñik revelan que la transacción fue orquestada para transfe­rir la propiedad en las fechas y a la persona indicadas por el grupo criminal.

Probablemente el amable lector sentirá que la histo­ria es repetida, aunque con actores diferentes y no le fal­tarían motivos para ello. Y es que parece un calco del caso del banco Atlas y el narcotra­ficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Bio­combustible Brasileño (Bio­bras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombre de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto trac­torista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garan­tía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operacio­nes bancarias.

Como garantía hipoteca­ria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estan­cia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipoteca­ria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dis­puso una medida de prohi­bición de contratar sobre el mismo.

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuc­colillo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recu­perar el crédito hipoteca­rio millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotrafi­cante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comer­cial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múl­tiples pedidos para reali­zar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el dia­rio Abc Color, desacatando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millo­nes reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.