La Contraloría General de la República (CGR) analizará la legalidad o no de los millonarios intereses generados durante la gestión de Arnaldo Wiens en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El gobierno de Mario Abdo apuraba obras sin tener fondos para pagarlas y terminó otorgando cesiones de crédito que no fueron registradas en el pasivo de la institución.

• Por Juan Carlos Lezcano

La CGR tiene en pers­pectiva analizar a pro­fundidad la legalidad o no de los millonarios inte­reses generados en el MOPC durante el gobierno de Mario Abdo. Esto debido a las cuan­tiosas irregularidades que fueron detectadas por el órgano extrapoder.

Fuentes de la CGR confir­maron a Nación Media que la institución profundizará aún más sobre los intereses gene­rados debido a las cesiones de créditos otorgadas para pagar obras. Este mecanismo era utilizado debido a que la administración del exminis­tro Arnoldo Wiens apuraba adjudicaciones de obras sin tener los fondos necesarios para pagarlas.

Estas irregularidades fueron enumeradas en el Informe Final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada por la CGR, docu­mento que forma parte del informe y dictamen entre­gado por el contralor Camilo Benítez Aldana días atrás al Congreso.

Ya en esa oportunidad, el alto funcionario explicó que se realizaron 1.674 activida­des de control y alertó que se había detectado un “desor­den contable” en las institu­ciones públicas. Como pri­mer punto, el informe revela el desorden financiero que alcanzó también al MOPC.

De acuerdo con las observa­ciones de la CGR, la secreta­ría estatal no registró en su pasivo institucional la tota­lidad de los compromisos financieros con firmas con­tratistas del Estado, al 31 de agosto de 2023. En total, la institución no registró que debía más de G. 2,4 billones, alrededor de USD 336 millo­nes. “Dicha situación significó una distorsión de la realidad de los estados financieros de la cartera ministerial, dificul­tando la exposición veraz de la situación contable, económica y patrimonial del ente minis­terial”, señala el documento.

Entre 2018 y agosto de 2023, el MOPC autorizó y pagó a con­tratistas por cesiones de dere­chos de cobro de certificados de obras pendientes, compro­misos financieros que, sor­prendentemente, no fueron registrados contablemente en el pasivo institucional.

Este vacío contable, que asciende a la asombrosa cifra de G. 3,2 billones, equivalente a más de USD 460 millones, revela una profunda despro­tección del patrimonio público.

La cesión de derechos de cobro es una práctica comúnmente regulada para pagos de cer­tificados de obras con fuente de financiamiento local. Sin embargo, en este caso, el MOPC extendió esta práctica a certificados financiados con fuentes externas sin una nor­mativa específica que lo per­mitiera.

De acuerdo con la CGR, este proceder, carente de una base legal clara, violó el principio de legalidad fundamental en el derecho administrativo, el cual establece que cualquier acción administrativa debe estar expresamente autori­zada para ser considerada regular y válida.

El hecho de que estas deudas no estuvieran registradas en el balance general al 31 de agosto de 2023 plantea serias dudas sobre la transparencia y la eficacia de los mecanismos de control interno del MOPC.

La falta de registro de un monto tan significativo en el pasivo institucional no solo distorsiona la imagen finan­ciera del ministerio, sino que también sugiere una posible intención de ocultar la verda­dera magnitud de los compro­misos asumidos. Esta omisión contable implica una falta de previsión y control, poniendo en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos.

Ante la magnitud de este vacío contable, el órgano superior de control recomendó el ini­cio de investigaciones exhaus­tivas para esclarecer el com­portamiento de los agentes públicos involucrados en estos procesos. Estas investi­gaciones buscarán deslindar responsabilidades y, de ser necesario, aplicar las sancio­nes correspondientes.

El llamativo actuar del MOPC se dio en la misma época en que la cartera de Estado lici­taba miles y miles de kilóme­tros en obras viales. Muchas de estas obras terminaron en manos de contratistas que a su vez eran clientes de las empresas del expresidente Abdo.

La llegada al poder de Abdo Benítez fue acompañada del crecimiento millonario de sus empresas. Por ejemplo, en 2013 Aldia SA declaró uti­lidades por G. 1.814 millones. Al año siguiente, en 2014, las ganancias bajaron a “apenas” G. 1.492 millones.

En 2017, esta empresa declaró utilidades o ganan­cias para distribuir por unos G. 6.665 millones. A partir de 2018, la cuestión empezó a subir de forma exponencial. Abdo asumió como presi­dente en agosto de 2018. Ese año, Aldia SA declaró ingre­sos brutos por unos G. 96.657 millones y utilidades por G. 8.287 millones.

El primer gran salto se dio en 2019. Ese año, la empresa del entonces mandatario declaró ingresos brutos por G. 199.985 millones y sus utilidades fue­ron de G. 22.812 millones. El crecimiento con respecto al 2018 fue de 175 %. Lo cual significa que casi triplicó las ganancias en apenas un año.

En 2020, año de la llegada de la pandemia de coronavirus y con ella la pérdida de miles de empleos en Paraguay; sin embargo, a la empresa de Abdo le fue demasiado bien y declaró ingresos brutos por G. 300.383 millones y alcanzó utilidades por G. 51.521 millo­nes, representando un incre­mento del 126 % con respecto al 2019.

El 2021 fue el mejor año para esta firma del exmandata­rio. Entonces declaró ingre­sos brutos por G. 408.082 millones y ganancias por valor de G. 92.647 millo­nes, un incremento del 80 % anual. Si tomamos en cuenta solo el 2014 y el 2021, el creci­miento de las utilidades fue de 6.109 %. Es decir, durante el mandato de Abdo su empresa incrementó más de 61 veces sus ganancias.