Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de Mariano Roque Alonso (ACMRA), señaló a nuestro diario que oenegés como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que se venden como dioses de la transparencia y los derechos ciudadanos, restan credibilidad a las luchas ciudadanas porque el interés primordial es sacar rédito, además de estar aliados con políticos que persiguen a un solo sector del Partido Colorado en plena campaña electoral. Esto en el marco de un convenio de USD 50 millones entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionamedia.com

Un convenio firmado el 10 de setiem­bre de 2020 (tiem­pos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de repre­sentantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien defi­nido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la admi­nistración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones. El proyecto con­tiene 4 indicadores funda­mentales que es el Forta­lecimiento del Estado de Derecho, Avance de Opor­tunidades Económicas For­males, Mejora del Control Ciudadano.

El último componente refiere que Usaid “apo­yará a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, el sector privado y la aca­demia, a medida que estos controlan y exigen una mayor eficiencia, transpa­rencia y rendición de cuen­tas por parte del Gobierno. Usaid también apoyará a las redes anticorrupción que abogan por reformas, así como programas de vigilancia de tribunales, observatorios y sistemas de seguimiento para casos de corrupción”. Aquí surgie­ron las persecuciones y los escraches anticorrupción selectivos, así como publi­caciones bien direcciona­das a un sector del Partido Colorado pero, para sal­var formas, incluyeron en agenda algunos esporádi­cos casos de corrupción de antigua data.

No hay escraches por las comisarías “de oro” de Filizzola, la mala admi­nistración de Efraín Ale­gre en el Partido Libe­ral, las multimillonarias ganancias de Abdo con el asfalto y las deudas con­traídas para apurar obras, etc. Es lógico que el foco de los anticorrupción no esté en personajes como los mencionados ya que operadores políticos de sus respectivos grupos políticos son quienes se agruparon como organi­zaciones de la sociedad civil, consultores, confe­rencistas, en el marco del referido convenio.

La operación estaba y sigue prácticamente a cargo del Centro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD), ONG endio­sada como de la transpa­rencia; sin embargo, aliada con Abdo. Recordemos que rendiciones de cuentas que obran en la Contraloría General de la República (CGR) muestran convenios entre la citada ONG y el gobierno de Abdo durante la pandemia (2021) para repartir sueldos a operado­res políticos del equipo del expresidente que se encon­traban en campaña elec­toral. Agustín Carrizosa, presidente de la organiza­ción, también hizo un fes­tín con su clan familiar con dinero proveniente del bol­sillo de los contribuyentes.

Aliados del CIRD en la Coalición por la Legali­dad del programa Más Ciu­dadanía, Menos Corrup­ción, como la Federación de Entidades Vecinalis­tas del Paraguay (Fedem), cuyos referentes hacían campaña por la exministra del Trabajo, excandi­data a senadora, también fueron parte del banquete.

“Cumplo en informar que, por orden superior, pro­cedí a sacarte de los gru­pos que nos unían”, fue la respuesta que recibió vía WhatsApp Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de la ciu­dad de Mariano Roque Alonso (ACMRA), por parte de funcionario del CIRD en su momento. Esto luego de que el mismo obje­tara un gasto de “secreta­ría del proyecto” que fue incluido arbitrariamente en la iniciativa “Control Ciudadano”, en el marco de Más Ciudadanía, Menos Corrupción.

“Con conocimiento de causa y en mi calidad de ciudadano comprome­tido verdaderamente con la lucha social y el con­trol ciudadano; además de ser miembro funda­dor y exauditor ciuda­dano dentro de una aso­ciación civil en la ciudad donde resido (MRA), puedo decir que es una verdadera vergüenza el manejo poco serio y profe­sional que tienen oenegés como la Fundación CIRD, cuyas caras visibles son los Sres. Agustín Carrizosa y Francisco Alcaraz; en lo relacionado a la adminis­tración de estos fondos millonarios que reciben de Usaid. Firmamos un convenio de Iniciativa de Control Ciudadano” den­tro de su proyecto deno­minado Más ciudadanía, Menos Corrupción que, al momento de poner marcha al mismo y luego de haber comprometido recursos económicos de nuestros miembros, esta gente de una forma unilateral deja sin efecto el acuerdo, por el simple hecho de haberle reclamado unos fondos que supuesta­mente nos darían de G. 6.600.000, pero que iban a ser destinados a un grupo de consultores de su grupo, bajo el con­cepto Secretaría del pro­yecto”, explicó Torres.

Subrayó que, por lo men­cionado, “muchos ciu­dadanos de bien hemos perdido la confianza y credibilidad en este tipo de organizaciones civiles u oenegés, que a leguas se nota que lo único que les interesa es sacar rédito de este tipo de trabajos, donde somos los ciudada­nos los que trabajamos y ellos se sientan a recibir, a administrar a su gusto y paladar estas sumas millonarias”.

Torres quedó sorprendido con los millonarios recur­sos comprometidos en el convenio mencionado más arriba y con el gran esquema capitaneado en su mayoría por operado­res políticos de la oposi­ción que contaminaron un valioso proyecto cuya ban­dera es la transparencia y la lucha contra la corrup­ción y la impunidad. Pre­cisamente esa transpa­rencia de la que hablan y que reclamó Torres ter­minó por excluirlo de uno de los componentes más sensibles del convenio de USD 50 millones que es el de Control Ciudadano.