La empresa Aldia SA registra en una de sus cuentas un vertiginoso incremento de sus inversiones; pasaron de G. 1.397.520.257 a G. 40.515.470.257 en un solo año (en 2023). ¿De dónde salieron los fondos que fueron a parar a “inversiones a largo plazo” si casi toda la rentabilidad declarada por la empresa fue a parar a las “reservas operativas”?

• “La caja negra”

Un impresionante aumento de 2.799 % en las inversiones a largo plazo de una empresa ligada al expresidente Mario Abdo Benítez ha encendido las alarmas por presunto lavado de dinero. La injusti­ficada suma de dinero depo­sitada en bancos durante un solo año plantea serias dudas sobre el origen y la trazabi­lidad de estos fondos, lo que obliga a una investigación exhaustiva para determinar la legalidad de las operacio­nes financieras relacionadas a la venta de asfalto durante su periodo presidencial.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las utilidades registradas en las empresas ligadas al expresi­dente Mario Abdo Benítez son los aspectos claves que, hasta el momento, estaban bajo la lupa de la Fiscalía y la Seprelad.

A todo esto, se suma un dato extremadamente lla­mativo advertido por la administración tributaria consistente en el aumento considerable en la cuenta “inversiones a largo plazo” durante el ejercicio 2023, observándose un incre­mento del 2.799 % en rela­ción al año anterior.

De acuerdo al reporte ofi­cial del ente fiscalizador, la empresa Aldia SA registra en una de sus cuentas de activo un vertiginoso aumento de sus inversiones que pasan de G. 1.397.520.257 a G. 40.515.470.257 en un solo año. El dato, que hasta ahora había pasado desapercibido, plantea más dudas respecto al origen de los fondos “invertidos” por la empresa del exmandatario.

Las sospechas apuntan a que se habría introducido al sis­tema financiero a través de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), en el lapso de un solo año, un monto equi­valente a casi 28 veces más que el año anterior.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿de dónde salieron los fondos depositados en esa cuenta de “inversiones a largo plazo” si casi toda la rentabili­dad declarada por la empresa fue a parar a las “reservas operativas”? Si el dinero no proviene de las ganancias, ¿de dónde Marito sacó la plata? ¿En qué bancos se depo­sitaron los fondos? ¿Hubo reporte de operación sospe­chosa por el aumento consi­derable en la cuenta?

Esta es una de las razones que justifica el pedido de intervención de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) para veri­ficar la trazabilidad y legali­dad de las operaciones, ante la duda sobre el origen de los millonarios fondos vincula­dos a la venta de asfalto.

Createc SA y Aldia SA, las empresas donde Mario Abdo Benítez es accionista mayoritario, destinaron casi todos sus ingresos a las reservas operativas. Hasta el momento, no se pudo deter­minar el uso que se le dio a ese dinero, ya que las actas de asambleas no se hallan dis­ponibles.

Ambas empresas confirma­ron en un espacio reservado que destinaron “parte” de las utilidades a dicha cuenta, por decisión de las asambleas ordinarias respectivas. El reporte de Contraloría revela que más del 90 % de las utili­dades obtenidas fueron des­tinadas a esa cuenta.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas, sin evidencia de las disminuciones que corres­ponden según la legislación tributaria, sugiere la eviden­cia de que no fueron aplicadas para los fines previstos.

Por ello, las posibles irregu­laridades observadas en el marco del examen de corres­pondencia requieren, para mayor esclarecimiento, una fiscalización tributaria a las empresas aludidas y la inter­vención de Seprelad.

La Contraloría advierte que resulta de gran preponde­rancia establecer con clari­dad el destino de esos recur­sos, debido a que podría tener un impacto significa­tivo en el examen de corres­pondencia del señor Mario Abdo Benítez.

Aldia SA, una de las empre­sas en las que Abdo Benítez figura como accionista mayo­ritario, ya fue fiscalizada por la DNIT. Allí detectaron inconsistencias que, según otro accionista minorita­rio, Ricardo Morán, consis­tían en un desfasaje de 100 millones de guaraníes.

Óscar Orué, director de la DNIT, indicó que todas estas irregularidades fue­ron “subsanadas” con el pago correspondiente al ámbito tributario.

Sin embargo, aquí surge la duda razonable acerca de las fiscalizaciones apli­cadas a las empresas del expresidente. Si la empresa Aldia SA ya fue some­tida a una fiscalización, ¿cómo se explica que no se hayan encontrado, en ese momento, con las dudas acerca del destino apli­cado a los fondos de reserva y las inconsistencias en los reportes financieros de los clientes de la empresa que dicen no deberle nada al expresidente?

Las consultas hechas por la Contraloría General de la República a la Dirección de Ingresos Tributarios res­pecto a si el nivel de renta­bilidad de las empresas era acorde a sus facturaciones y precios, DNIT contestó que ese aspecto no es de su competencia y que debe­rían analizar Seprelad o el Ministerio Público.