El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) no solo articuló una “coalición por la legalidad” en el marco de un proyecto anticorrupción que se enmarca al multimillonario convenio de nuestro país con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) que, en la práctica, es una coalición anticolorada, sino que sorprendió a algunos de sus aliados que dicen desconocer sobre los USD 9,3 millones para el programa de “Mejora del control ciudadano” del cual forman parte.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Como comúnmente decimos en nuestro país, en una suerte de “sincericidio” algunos de los miembros que integran la “coalición por la legalidad” del programa Más Ciudadanía, Menos Corrupción que lleva adelante el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), en el marco del cotizado convenio firmado en el gobierno de Abdo Benítez, manifestaron su animadversión contra el cartismo, principal objetivo a luces de estos grupos capitaneados por políticos de la oposición en su mayoría, pero que fingen de representantes de la sociedad civil organizada.
Así también, tres referentes de estas organizaciones que se comunicaron con nuestro equipo vía mensajes de WhatsApp manifestaron sorpresa sobre las millonarias contribuciones económicas detrás del proyecto anticorrupción que los aglutina como “coalición por la legalidad” y que se enmarca al convenio de USD 50 millones que firmó el gobierno de Abdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), de los cuales USD 44,4 millones es el aporte estimado del organismo internacional.
El acuerdo que fue firmado en setiembre de 2020, tiene vigencia hasta el 30 de setiembre de 2025. Todavía no hemos accedido a la ejecución, adendas y rendiciones debido a que no estamos teniendo respuestas a nuestras consultas realizadas de diversas maneras al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el representante de Paraguay como país beneficiario.
Estos referentes que se comunicaron con nosotros dejaron en claro que sus grupos no recibieron transferencia económica alguna del CIRD y si bien dijeron estar anonadados por los USD 9,3 millones previstos para el indicador del convenio que es el de “Control ciudadano mejorado”, dicen desconocer y se manifestaron muy débilmente sobre una posibilidad de exigir rendiciones de cuentas, pese a que pregonan transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad.
Mensajes de WhatsApp filtrados a nuestro equipo revelan que en realidad es un secreto a voces el apoyo económico para las organizaciones de algunos referentes, especialistas en escraches aliados contra la corrupción, irónicamente con una ONG corrompida como el CIRD cuyo presidente y su clan familiar mamaron de fondos públicos discrecionalmente en pandemia gracias a millonarios convenios con el Estado.
Nombres y apellidos constan en los chats que nos facilitaron, reclamos de que mientras algunos “luchaban” otros hacían negocios con la causa, incluso refriegues de que el negocio de cabecillas de algunos grupos terminó por
dividir algunas organizaciones. Esto confirma de alguna manera que hay personas que lucran con estas movilizaciones, manifestaciones direccionadas. Es un negocio, además de ser una operación política contra un sector del Partido Colorado disfrazada de una “coalición por la legalidad” minada de políticos hambrientos de votos.
Cuando consultamos por qué no se desmarcan de los políticos que usurpan estos espacios ciudadanos o del negocio que se hace, algunos de los referentes optaron por el silencio y otros simplemente alegaron que es porque la corrupción llegó a un nivel extremo.
No hay que olvidar que el coordinador del proyecto anticorrupción que articula la “coalición por la legalidad” es Francisco Alcaraz quien era funcionario de Abdo, parte de su gabinete, vinculado a las consultoras que facturan en el programa.
Alcaraz está siendo investigado por supuesto caso de seguro de favor en el Instituto de Previsión Social (IPS), gracias a su contadora y a la vez consultora del proyecto anticorrupción que coordina. Fungió ser humilde asalariado con ingreso mínimo, sin embargo, las primeras investigaciones del ente previsional hallaron jugoso contrato con el CIRD vigente hasta el 2025 por G. 792 millones.